La Administración de la Comunidad y sus Consejerías

El art. 44.3 lo dice sin más: Decreto del Consejo de Gobierno. El Decreto del Presidente tienta porque es el Presidente quien nombra a los Consejeros, pero el Viceconsejero no es miembro del Gobierno. Y «Acuerdo» es la forma de los demás actos del Consejo (art. 50.2), no la que la ley prevé para este nombramiento.

El art. 48.3 enumera las actividades que integran la atención al ciudadano: la información y la orientación, el registro de solicitudes, escritos y comunicaciones, la gestión de sugerencias y reclamaciones, la gestión de procedimientos y la prestación de servicios. Resolver recursos, inspeccionar servicios o defender a nadie en juicio no figuran en esa lista.

El segundo párrafo del art. 39.3 exige convocatoria pública entre funcionarios de carrera de cuerpos y escalas que pidan para el ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. El Decreto del Consejo de Gobierno es la forma de nombrar a los Directores generales, no a los Subdirectores; y el nombramiento por el Ministro, el Secretario de Estado o el Subsecretario entre funcionarios del Subgrupo A1 es lo que prevé el Estado (Ley 40/2015, art. 67.2).

La letra c) del art. 47 obliga a los Directores generales a elevar anualmente al Consejero un informe crítico sobre la marcha, el rendimiento y los costes de los servicios a su cargo, con las modificaciones que estimen necesarias. El proyecto de presupuesto de la Consejería lo confecciona la Secretaría General Técnica (art. 46.5), y la estructura la propone el propio Consejero al Consejo de Gobierno (art. 41.c).

El art. 37.1 dice que la Administración de la Comunidad, formada por órganos jerárquicamente ordenados, actúa con personalidad jurídica única: las Consejerías son órganos de esa única persona, no personas jurídicas distintas. Es la misma regla que el art. 3.4 de la Ley 40/2015 fija para cada Administración Pública. La personalidad no es del Consejo de Gobierno, que es un órgano, ni se limita a lo patrimonial.

La lista del art. 38.1, en su redacción de 2007, es cerrada: el Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes, el Consejo de Gobierno, los Consejeros y los Viceconsejeros. Los Secretarios generales Técnicos, los Directores generales y los Subdirectores generales quedan por debajo y dependen de aquellos (art. 38.2); en la Administración del Estado también son órganos directivos, no superiores (Ley 40/2015, art. 55.3).

El art. 45 los declara «de idéntico nivel orgánico» y los nombra de la misma forma. Ninguno de los dos es órgano superior, como sí lo son los Viceconsejeros (art. 38.1). La categoría de Subsecretario es, en el Estado, la de los Secretarios generales (Ley 40/2015, art. 64.3); la ley madrileña no prevé Subsecretarios.

El art. 39.2 dice que pueden organizarse en Subdirecciones Generales y otras unidades administrativas inferiores. La Viceconsejería está por encima de las Direcciones Generales, que dirige y coordina (art. 44.2), no dentro de ellas; las otras dos opciones nombran órganos que la ley no prevé en ese nivel.

La letra d) del art. 41 les atribuye la potestad reglamentaria «en la esfera de sus atribuciones», además de dictar circulares e instrucciones. El Consejo de Gobierno tiene la potestad reglamentaria general, pero no en exclusiva: la ejerce en los casos no atribuidos específicamente al Presidente o a los Consejeros (art. 21.g). No hace falta delegación.

La letra c) del art. 44.2 les atribuye las competencias del Consejero en ejecución presupuestaria, «con los límites que, en su caso, se establezcan por aquél». La ley no las hace depender de una delegación del Consejo de Gobierno ni de la Ley de Presupuestos, y tampoco las reserva al Consejero: se las da al Viceconsejero y deja al Consejero acotarlas.

La letra b) del art. 47 da al Director general la jefatura inmediata del personal adscrito a su Dirección, con la facultad de proponer su destino dentro de ella. El Consejero tiene la superior autoridad sobre el personal de todo el Departamento (art. 41.e): son dos escalones distintos, y la pregunta es por el inmediato.

El art. 39.3 dice «preferentemente» de entre funcionarios de carrera de cualquier Administración Pública cuyo cuerpo exija título superior: es una preferencia, no un requisito, y no se limita a los funcionarios de la Comunidad. Ser funcionario del Subgrupo A1, salvo excepción motivada en el real decreto de estructura, es la regla del Estado (Ley 40/2015, art. 66.2).

El art. 42 da a la Consejería de la Presidencia, además de las atribuciones comunes a todas, la de tener a su cargo las relaciones del Consejo de Gobierno con la Asamblea y otras instituciones, sin perjuicio de las competencias del Presidente. La de Economía y Hacienda es, para esta ley, el órgano superior en materia económica (art. 43). Las denominaciones de las Consejerías cambian por decreto: la pregunta es por lo que dice la ley.

El art. 39.1 dice que en las Consejerías «podrá existir uno o más Viceconsejeros»: no son obligatorios y no tienen tope. Lo que toda Consejería tiene que tener es una Secretaría General Técnica. «Debe haber» uno, o al menos uno, convierte en obligatorio lo que la ley deja a la estructura de cada Consejería.

La letra d) del art. 44.2 les da los recursos contra las resoluciones de los órganos directivos que dependen directamente de ellos y cuyos actos no agotan la vía administrativa, además de los conflictos de atribuciones entre esos órganos. Es el mismo reparto que la Ley 40/2015 hace para los Secretarios de Estado (art. 62.2.i). Lo que resuelve el Consejero o acuerda el Consejo de Gobierno no lo revisa un órgano que depende de ellos.

El art. 44.4 declara el cargo de Viceconsejero compatible con la condición de Diputado, sin pedir ninguna autorización. Lo que limita es el cobro: solo percibe las retribuciones de Viceconsejero. La incompatibilidad tienta porque se piensa en los cargos de la Administración en general, pero la ley madrileña dice lo contrario de forma expresa.

El art. 40 fija la estructura orgánica de cada Consejería por Decreto del Consejo de Gobierno «hasta nivel de Subdirección General», a propuesta del Consejero. Lo que queda por debajo no va en ese decreto: las unidades inferiores a Subdirección General se establecen en las relaciones de puestos de trabajo (art. 48.2). Por eso ni el Servicio ni la Sección marcan el límite.

El art. 39.1 dice que las Consejerías «contarán con una Secretaría General Técnica»; Viceconsejeros, en cambio, «podrá» haberlos, y las Direcciones Generales se crean cuando la entidad de las atribuciones lo exija. La Subsecretaría y la Secretaría General son piezas de los Ministerios (Ley 40/2015, arts. 63 y 64) que la ley madrileña no prevé en las Consejerías.

El art. 44.2 dice que dirigen y coordinan las Direcciones Generales a su cargo y responden ante el Consejero de los objetivos de la Viceconsejería. No son miembros del Consejo de Gobierno ni responden ante la Asamblea: trabajan bajo la dirección del Consejero de su Consejería, que es quien les fija esos objetivos.

El art. 46.5 encarga a la Secretaría General Técnica tramitar los expedientes de gasto de la Consejería, controlar las partidas que dispone el Consejero y confeccionar el proyecto de presupuesto anual de la Consejería. El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Presupuesto de toda la Comunidad (art. 21.h), que es otra cosa, y no es un órgano de la Consejería; la Intervención es un órgano de control, no de elaboración del presupuesto.