El Consejo de Gobierno, los Consejeros y las relaciones con la Asamblea

La letra g) del art. 21 hace del Consejo de Gobierno el titular general de la potestad reglamentaria, en todos los casos en que no esté específicamente atribuida al Presidente o a los Consejeros, que la ejercen en la esfera de sus atribuciones (art. 41.d). Las Comisiones de Viceconsejeros y Secretarios generales Técnicos preparan asuntos y resuelven cuestiones administrativas (art. 26.2), no dictan reglamentos; y la Asamblea legisla.

El art. 25.2 solo prevé la asistencia de expertos llamados por el Presidente, que quedan obligados al secreto como los miembros. La opción de los Viceconsejeros calca la regla estatal, que deja asistir al Consejo de Ministros a los Secretarios de Estado convocados (Ley 50/1997, art. 5.2); la ley madrileña no la recoge.

El art. 25.3 quiere un acta sucinta, con solo el acuerdo sobre cada propuesta; lo que un miembro quiera dejar dicho entra únicamente si lo pide expresamente. Los votos particulares por escrito en dos días son de los órganos colegiados de la Administración General del Estado (Ley 40/2015, art. 19.5), no del Consejo de Gobierno, y el acta no recoge el voto de cada uno.

El art. 24 solo exige al Presidente, o a quien le sustituya, y a la mitad de los Consejeros. La primera opción es el quórum general de los órganos colegiados de la Ley 40/2015 (art. 17.2), que añade al Secretario; la ley madrileña no lo pide para el Consejo de Gobierno.

El art. 26.1 las concibe como órganos de trabajo: preparar asuntos que tocan a varias Consejerías, elaborar directrices de interés común y estudiar lo que el Consejo estime conveniente. Resolver los recursos que se interponen ante el Consejo es atribución del propio Consejo (art. 21.t), y nada en la ley les permite suplirlo ni controlar a los Consejeros.

El art. 36.1 excluye de la delegación tres bloques: el ordenamiento básico del Gobierno y el régimen jurídico de la Administración, la legislación electoral y las normas institucionales que exigen un procedimiento especial. Los tributos, el territorio y el medio ambiente no están en esa lista.

La letra u) del art. 21 reserva la aprobación al Consejo de Gobierno. El Consejero respectivo la propone y la Consejería de Hacienda emite un dictamen preceptivo, pero ninguno de los dos aprueba; tampoco el Viceconsejero.

El art. 30.1 remite al art. 6 de la propia ley: los Consejeros tienen las mismas incompatibilidades que el Presidente, cuyo cargo solo es compatible con el de Diputado. La opción de los altos cargos estatales es la que la Ley 50/1997 (art. 14.2) aplica a los miembros del Gobierno de la Nación.

El art. 32.1 enumera tres deberes: acudir cuando la Asamblea lo reclame, atender sus preguntas, interpelaciones y mociones, y proporcionarle la información y la ayuda que precise. La ley no obliga a someterle cada Decreto o Acuerdo ni fija comparecencias periódicas.

El art. 36.2 reparte como la Constitución (art. 82.2): ley de bases para los textos articulados y ley ordinaria para refundir. La ley de bases es la tentación porque es la otra mitad del mismo par.

Por regla, la competencia es del Consejo de Gobierno, y el art. 19.3 añade que «igual competencia» corresponde al Presidente al inicio de la legislatura, cuando forma su Gobierno. «En cualquier momento» es lo que vale para el Presidente del Gobierno de la Nación con los ministerios; en Madrid, pasado ese inicio, la variación la decide el Consejo por Decreto.

El régimen jurídico de la Administración madrileña es la primera de las excepciones del art. 36.1, junto con el ordenamiento básico del Gobierno, y no admite delegación ni para textos articulados ni para refundir. Quien razone con la Constitución, que solo aparta de la delegación las materias de ley orgánica (art. 82.1), dirá que sí.

El art. 25.3 hace Secretario del Consejo al Consejero de la Presidencia, que es miembro del propio Consejo; no es un cargo de la Administración, como el Secretario general Técnico. La ley no reserva esa función al Vicepresidente ni la reparte por edad.

El art. 30.3, añadido en 2007, reserva el nombre a los miembros del Gobierno de la Comunidad y de las instituciones autonómicas, y prohíbe expresamente que otra Administración Pública de la región lo use para los miembros de sus órganos de gobierno.

El art. 32.2 da a los miembros del Consejo acceso a las sesiones de la Asamblea, la facultad de hacerse oír en ellas y la de pedir que informen ante las Comisiones los altos cargos y funcionarios de sus Consejerías, igual que el art. 110.2 de la Constitución hace con los miembros del Gobierno y los funcionarios de sus Departamentos. Lo demás no lo prevé la ley.

El art. 23.2 remite a la misma mayoría que el art. 13 exige para apreciar la incapacidad transitoria del Presidente: las cuatro quintas partes de los miembros del Consejo, computadas sin contar al Presidente. Es una mayoría muy reforzada, lejos de la mitad de los Consejeros que basta para el quórum (art. 24).

La letra j) del art. 21 manda al Consejo elaborar los proyectos y someterlos a las dos instancias: a la Asamblea de Madrid, que los ratifica, y a las Cortes Generales, que conocen de los convenios y autorizan los acuerdos de cooperación. Quedarse con una sola, o cambiar las Cortes por el Gobierno de la Nación, olvida la mitad del trámite.

El art. 23.3 pide dos cosas: que estén todos los miembros y que lo decida el Presidente. La segunda opción es la regla general de los órganos colegiados de la Ley 40/2015 (art. 17.2), que exige la decisión de todos; en el Consejo de Gobierno basta la del Presidente. Con la mitad de los Consejeros hay quórum para una reunión convocada, no para una sin convocatoria.

El art. 25.1 no fija un plazo: el deber de secreto dura mientras la documentación no se haya hecho pública oficialmente. No lo levantan el paso del tiempo, el fin de la legislatura ni la aprobación del acta.

El art. 26.3 da la presidencia de estas Comisiones al Presidente, con facultad de delegarla en el Consejero de la Presidencia. La primera opción es la regla estatal para la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que preside un Vicepresidente o, en su defecto, el Ministro de la Presidencia (Ley 50/1997, art. 8.2).