Los contratos de la Comunidad, el Boletín Oficial y la sede de la Presidencia

El art. 64.2 cierra el círculo: el Gobierno (el Consejo de Gobierno) que autorizó el contrato autoriza también la modificación que sea causa de resolución y la resolución misma. No cualquier modificación, solo esa; y la prórroga y la cesión no están en el art. 64.2. La adjudicación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares siguen siendo del órgano de contratación (arts. 63 y 65.2).

El art. 84 manda imprimir en la cabecera del Boletín el escudo de la Comunidad, que el Estatuto remitía a una ley de la Asamblea. No la bandera, ni el escudo de España, que identifica al Boletín Oficial del Estado, ni ningún símbolo de la Asamblea, que tiene su propio boletín.

El art. 66 compone la Mesa de cada Consejería con un presidente, un mínimo de cuatro vocales y un secretario, todos designados por el órgano de contratación. El «tres» viene de la Ley 9/2017, que para las mesas de las entidades locales exige que el número total no sea inferior a tres (disposición adicional segunda, apartado 7): no es la cifra madrileña.

El art. 69, añadido por la Ley 3/2007, reparte los papeles: el Consejero competente por razón de la materia propone, y el Consejo de Gobierno autoriza mediante acuerdo motivado que se hace público. El Consejero no decide por sí solo, aunque sea el órgano de contratación ordinario; ni el Presidente ni la Asamblea intervienen.

El art. 64.1 enumera los casos en que el Consejero, órgano de contratación, necesita antes la autorización del Gobierno (el Consejo de Gobierno), y el primero es el contrato de cuantía indeterminada: si no se sabe cuánto costará, decide el órgano colegiado. Los plurianuales solo la necesitan en supuestos concretos de la misma lista, no todos; y ni la falta de publicidad ni el tipo de Mesa figuran entre los supuestos.

El art. 66 permite designar la Mesa con carácter permanente o solo para uno o varios contratos, y exige publicar su composición en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid cuando es permanente o sirve para una pluralidad de contratos. La Mesa designada para un único contrato no tiene esa obligación, sea cual sea su cuantía, y la ley no vincula la publicación a la regulación armonizada ni a quién designe la Mesa.

El art. 62, en la redacción de la Ley 13/2002, junta dos capas: la legislación básica del Estado sobre contratos de las Administraciones Públicas, que la Comunidad no puede desplazar, y las leyes de la Asamblea y los reglamentos que las desarrollen y ejecuten. Por eso la legislación estatal no es un mero derecho supletorio, la Comunidad no se limita a ejecutarla y los acuerdos del Consejo de Gobierno no son fuente de la contratación.

El art. 69 no limita la otra parte —pueden ser cualesquiera entidades, públicas o privadas— ni exige informe de la Asamblea: lo que pide es que el Consejo de Gobierno aprecie razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas, y lo autorice por acuerdo motivado.

Desde la reforma de 2001, el art. 66 deja libres los demás vocales, pero obliga a que entre ellos haya un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid y un Interventor: el control jurídico y el económico. El Secretario general Técnico y el Jefe del Servicio estaban en la Mesa de la redacción de 1983, que ya no rige, y la Junta Consultiva no forma parte de ella.

El art. 86, que añadió la Ley 8/2024 en un capítulo nuevo sobre la sede, la sitúa en el edificio de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. La Real Casa de la Aduana es la sede del Ministerio de Hacienda, la Casa de la Panadería pertenece al Ayuntamiento de Madrid y en Vallecas está la Asamblea, no la Presidencia. Del mismo capítulo, los arts. 87, 88 y 89.2 y 3 están recurridos ante el Tribunal Constitucional; este, que solo dice dónde está la sede, no se vio afectado por la suspensión.

El art. 89.1 define la sede como lugar de encuentro de los ciudadanos abierto a eventos y otras actuaciones de carácter público o privado: la ley no excluye lo privado. Las condiciones para cada evento (la conformidad previa de la consejería competente y lo que no se puede autorizar) están en los apartados 2 y 3, que se recurrieron ante el Tribunal Constitucional; el apartado 1 no se suspendió.

El art. 63 nombra solo a los Consejeros, que contratan en nombre y representación de la Administración de la Comunidad en el ámbito de sus competencias. Tienta añadir a los Viceconsejeros por analogía con el Estado, donde son órganos de contratación los Ministros y los Secretarios de Estado (Ley 9/2017, art. 323.1), pero la ley madrileña no los incluye. El Consejo de Gobierno autoriza la celebración de ciertos contratos (art. 64), lo que no lo convierte en órgano de contratación.