El Presidente de la Comunidad de Madrid

El art. 8.b) le encarga ordenar la publicación en el Boletín de la Comunidad del nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Con la Delegación del Gobierno solo mantiene relaciones de coordinación (art. 8.c); los otros dos nombramientos no figuran en el precepto.

El art. 13.1 exige las cuatro quintas partes de la totalidad de los miembros del Consejo, una mayoría reforzada que no tiene equivalente estatal. La mayoría absoluta es la que necesita la Asamblea para revocar ese acuerdo (art. 13.3).

Promulgar en nombre del Rey es la primera atribución del art. 8, que agrupa las del Presidente como representante ordinario del Estado: por eso promulga en nombre del Rey y no en el de la Comunidad. Como supremo representante de la Comunidad (art. 7) firma, por ejemplo, los convenios con otras Comunidades.

El art. 16.2 permite no agotar los cuatro meses: la Asamblea lo declara por mayoría absoluta de sus miembros, a propuesta del Consejo de Gobierno. Los cuatro quintos son la mayoría con la que el Consejo propone, pero quien declara es la Asamblea.

El art. 5.1.º le da el tratamiento de excelencia. «Señoría» es el tratamiento parlamentario y judicial, «Ilustrísima» corresponde a cargos de rango inferior y «Honorable» es tratamiento propio de otras comunidades, como Cataluña o la Comunitat Valenciana, no el que la ley da al Presidente de Madrid.

El art. 13.3 da cuarenta y ocho horas desde la adopción del acuerdo. Es el mismo número de horas que la ley usa para dar cuenta de una delegación (art. 10.1), pero aquí lo que se comunica es la incapacidad, con sus motivos y el nombre del Presidente interino.

El art. 8.a) da quince días desde la aprobación. Los veinte días son otra cifra de la misma ley, la de la entrada en vigor de las disposiciones generales tras publicarse (art. 51.3), y los diez días no aparecen en ella.

El art. 17.1 pone primero a los Vicepresidentes, según su orden, y detrás a los Consejeros. El Presidente de la Asamblea no entra en la prelación, y el Consejo de Gobierno no elige al sustituto.

El art. 9.i) permite al Presidente encomendar el despacho de otra Consejería dando cuenta por escrito a la Asamblea: es una comunicación posterior, no una autorización previa. Tampoco necesita acuerdo ni Decreto del Consejo de Gobierno.

Es una de las atribuciones del Presidente como Presidente del Consejo de Gobierno (art. 9.e), junto con asegurar la coordinación entre Consejerías. No lo resuelve el Consejo de Gobierno como órgano colegiado, y además el art. 10.2 la hace indelegable.

La rehabilitación la aprecia el Consejo de Gobierno por acuerdo motivado y con la mayoría del art. 13 (art. 15.2). Al Presidente de la Asamblea solo se le comunica el acuerdo, y da cuenta al Pleno.

El Jefe del Gabinete, con nivel de Director general, se nombra por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Presidente (art. 11.3). El Decreto del Presidente es la forma que la ley reserva a los asesores del Gabinete (art. 11.2).

El art. 11.6 dice que cesan automáticamente al cesar el Presidente, sin necesidad de acto alguno. Seguir en funciones hasta la toma de posesión del sucesor es lo que la ley prevé para el propio Presidente en algunos casos de cese (art. 16.3), no para su Gabinete.

El art. 12 pide autorización previa de la Asamblea para las ausencias de más de un mes. Los dos y los cuatro meses son cifras del mismo título con otro sentido: el tope de la interinidad (art. 15.1) y el paso a la incapacidad permanente (art. 16.2).

Los asesores se nombran y cesan por Decreto del Presidente, publicado en el Boletín de la Comunidad (art. 11.2). El Decreto del Consejo de Gobierno es la forma del nombramiento del Jefe del Gabinete (art. 11.3), y es la confusión que hay que evitar.

El art. 11.2 deja el número a decisión del Presidente con un techo de seis. No hay un número fijo: lo que la ley limita es el máximo.

El art. 10.1 da cuarenta y ocho horas desde que se adopta la delegación, y la cuenta se da al Presidente de la Asamblea para que lo comunique al Pleno. Los quince días son, en la misma ley, el plazo para ordenar la publicación de las leyes (art. 8.a).

El art. 15.1 fija dos meses, ampliables en otros dos con acuerdo de la Asamblea por mayoría absoluta. Los cuatro meses no son un tope de la interinidad, sino el momento en que, sin rehabilitación, la incapacidad pasa a ser permanente (art. 16.2).

El art. 17.2 cierra las dos vías de responsabilidad política mientras el Presidente está en funciones: ni puede ser sometido a moción de censura ni puede plantear la cuestión de confianza. El 15 %, los cinco días y el candidato son los requisitos de la moción ordinaria del Estatuto, que aquí no cabe.

El art. 13.5 manda computar la mayoría sin contar al Presidente, aunque el acuerdo pueda adoptarse a su propia instancia. El voto dirimente del Presidente en caso de empate es la regla de los acuerdos ordinarios del Consejo (art. 24), no la de este.