Los actos, las disposiciones y el procedimiento de la Administración de la Comunidad

El art. 50.3 dice que la Orden la firma su titular y que, si afecta a más de una Consejería, la firman conjuntamente los Consejeros. En el Estado la solución es otra: la disposición que afecta a varios Ministerios es Orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta de los interesados (Ley 50/1997, del Gobierno). La firma del Presidente con un Consejero es la de los decretos y acuerdos del Consejo de Gobierno.

El art. 55.2 dice que en los Organismos autónomos y en los Entes de derecho público es competente el titular de la Consejería de adscripción, salvo que su Ley de creación disponga otra cosa. El Consejo de administración tienta porque el art. 53.7 sí le da las reclamaciones previas a la vía judicial, pero la responsabilidad patrimonial va al Consejero.

El art. 53.2, en su redacción de 1999, dice que agotan la vía administrativa salvo que su Ley de creación establezca otra cosa: la regla es el agotamiento y la excepción la pone la ley de creación, no al revés. La alzada ante el Consejo de Gobierno era la regla de 1983, y la alzada ante la Consejería de adscripción, la de 1993: las dos están sustituidas.

El art. 53.4.e) reserva al Gobierno la revisión de oficio de las disposiciones administrativas de carácter general, sin distinguir qué órgano las dictó. Los Consejeros revisan sus propios actos y los de sus órganos dependientes, y el Presidente, los suyos. La Asamblea no revisa reglamentos: los controla la jurisdicción contencioso-administrativa.

El art. 59.2 lleva los reglamentos organizativos al procedimiento simplificado que regula un decreto del Consejo de Gobierno, distinto del que siguen los anteproyectos de ley y los reglamentos de ejecución de las leyes (art. 59.1). La ley no prevé que se aprueben sin procedimiento ni los manda a uno de urgencia.

El art. 50.2 dice que los decretos y los acuerdos del Consejo los firman el Presidente y el Consejero a quien corresponda. La firma del Consejero de la Presidencia junto a la del Presidente queda para el caso de que el acto afecte a varias Consejerías. Ni basta la firma del Presidente sola ni la ley pide la de todos los miembros.

Después de dar la forma de decreto a las disposiciones generales y a los actos en que esté previsto, el art. 50.2 cierra con que los demás actos del Consejo adoptan la forma de «Acuerdo». Es la misma distinción que la Ley 50/1997, del Gobierno, hace en el Estado entre los reales decretos y los acuerdos del Consejo de Ministros. La Orden y la Resolución son formas de órganos unipersonales.

El art. 51.2 manda publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los actos y disposiciones de carácter general y los actos que no deban ser notificados; los demás, solo si una disposición legal lo exige. Poner fin a la vía administrativa, afectar a varias Consejerías o proceder del Consejo de Gobierno no obliga por sí a publicar: esos actos se notifican a sus interesados.

El art. 53.1 enumera las resoluciones del Presidente, las del Gobierno y sus Comisiones Delegadas, las de los Consejeros, las de las autoridades inferiores cuando resuelven por delegación de un órgano cuyas resoluciones ponen fin a la vía, y las de cualquier autoridad cuando una disposición lo establezca. El Viceconsejero tienta por el Estado, donde el Secretario de Estado sí pone fin a la vía administrativa (Ley 39/2015, art. 114.2); en Madrid no está en la lista, como tampoco los Secretarios generales Técnicos ni los Directores generales.

El art. 50.3 da la forma de «Orden» a los acuerdos de las Comisiones Delegadas, si existen, firmados con los criterios del apartado anterior. No son decretos, que quedan para el Consejo en pleno, ni conservan la forma de «Acuerdo» que tienen los demás actos del Consejo (art. 50.2). En el Estado la solución es parecida: la Ley 50/1997, del Gobierno, llama «Acuerdos» a lo que adoptan las Comisiones Delegadas del Gobierno, pero les da la forma de Orden del Ministro competente o del de la Presidencia (art. 24.1.e).

El art. 53.6 lo atribuye al órgano administrativo que dictó el acto recurrido, la misma regla de la Ley 39/2015 (art. 125.1). El Consejero competente por la materia era el órgano de la redacción de 1983, ya sustituida; el superior jerárquico es quien resuelve la alzada, no la revisión.

El art. 51.3 fija veinte días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad, el mismo plazo que el Código Civil (art. 2.1) da a las normas del Estado. El día siguiente es la regla de las leyes de la Asamblea, que el propio artículo deja aparte como excepción. Los quince días son, en la misma ley, el plazo del Presidente para ordenar que se publiquen las leyes.

El art. 54.1 lo dice sin rodeos: el órgano económico-administrativo de la Comunidad es la Junta Superior de Hacienda. El Tribunal Económico-Administrativo Regional es un órgano del Estado, que en los tributos cedidos interviene según las leyes de cesión; la Intervención General ejerce el control interno, y la Cámara de Cuentas, el externo.

El art. 53.4.b) atribuye a los Consejeros la revisión de oficio de sus propios actos y de los dictados por los órganos que dependen de ellos, como un Director general. Al órgano que dictó el acto le corresponde rectificar sus errores materiales, de hecho o aritméticos (art. 53.5), no revisarlo de oficio; el Gobierno revisa sus propios actos y las disposiciones generales, y la ley no da esta competencia al Viceconsejero.

El art. 55.2 atribuye la competencia al Consejero respectivo, salvo que una ley especial la atribuya al Gobierno: el Gobierno resuelve cuando una ley especial se lo encomienda, no como regla general. Es el mismo esquema que en el Estado, donde resuelve el Ministro respectivo (Ley 40/2015, art. 92).

El art. 60.2, añadido en 2023, les da el plazo de vigencia que fije con carácter general un decreto del Consejo de Gobierno; transcurrido, se entienden derogadas, y así lo indican su preámbulo y su disposición final. La regla común es que una norma rija hasta que otra posterior la derogue (Código Civil, art. 2.2): esta caducidad es propia de Madrid. La evaluación ex post sirve para prolongar el plazo, no suspende la norma.

El art. 54.2 dice que la Junta, que actúa con independencia funcional, conoce en única instancia y con exclusividad. La alzada ante el Tribunal Central y la distinción por cuantía entre primera y única instancia son del sistema estatal de la Ley General Tributaria para los tribunales regionales; y el Consejero de Hacienda, que resolvía algunas reclamaciones en las redacciones anteriores, ya no tiene ese papel.

El art. 50.1 reserva al Presidente una forma propia: dicta Decretos, que se denominan «Decretos del Presidente». La Orden es la forma de los Consejeros y de las Comisiones Delegadas; la Resolución, la de Viceconsejeros, Secretarios generales Técnicos y Directores generales, y el Acuerdo, la de los actos del Consejo de Gobierno que no son decretos. Ninguna de las tres es forma del Presidente.

El art. 59.1 remite a un procedimiento regulado por decreto del Consejo de Gobierno, de acuerdo con la normativa básica estatal y las demás normas con rango de ley aplicables; por él se tramitan también los proyectos de disposiciones generales de los Consejeros. Quien estudia el Estado espera encontrarlo en la ley, como en la Ley 50/1997, del Gobierno (art. 26), pero la ley madrileña no lo desarrolla. El Reglamento de la Asamblea regula la tramitación parlamentaria, no la preparación por el Gobierno.