Los entes de Derecho público, las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones de la Comunidad

El art. 73.1 prohíbe a las fundaciones ejercer potestades públicas «sin perjuicio» de lo que el art. 76.3 establece sobre la concesión de subvenciones, que pueden otorgar si se cumplen los requisitos de la normativa básica estatal y autonómica. Por eso «ninguna» es falso en la ley madrileña, aunque la Ley 40/2015 (art. 128.2) enuncie la prohibición para las fundaciones estatales sin esa salvedad. Sancionar o expropiar entra de lleno en la prohibición.

El art. 64.5 lo prohíbe «en ningún caso» y deja una sola salida: que, excepcionalmente, una ley le atribuya el ejercicio de potestades administrativas. Ni los estatutos, ni un acuerdo del Consejo de Gobierno, ni que todo el capital sea público cambian la prohibición. Coincide con lo que la Ley 40/2015 dice de las sociedades mercantiles estatales.

El art. 52.1 deja fuera del derecho privado la formación de la voluntad de sus órganos y el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas, además de lo que regulen específicamente la Ley 1/1984, su ley de creación, sus estatutos y las demás disposiciones de general aplicación. Su actividad con terceros —producir, prestar servicios, cobrarlos— es justo lo que va por derecho privado. La fórmula es la misma que la Ley 40/2015 usa para las entidades públicas empresariales del Estado.

El segundo párrafo del art. 48 remite, para lo que la ley de creación no regule, a lo que la propia Ley 1/1984 establece para los organismos autónomos administrativos. El derecho privado es la regla de la otra clase de entes, los sometidos al derecho privado (art. 52.1), y la Ley 40/2015 regula las entidades públicas empresariales del Estado, no los entes madrileños.

El art. 49 los sujeta a la ley que regula el régimen jurídico de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que hoy es la Ley 5/2025. La Ley General Presupuestaria es la del sector público estatal; y la ley de creación fija los fines, las competencias y los órganos del ente (art. 48), pero en lo económico-financiero la Ley 1/1984 remite a la de Hacienda.

El art. 72.2.c) atribuye la suscripción al titular de la Consejería participante; si participa un organismo público, al titular de su máximo órgano de dirección, previo informe de la Consejería de adscripción. El Consejo de Gobierno autoriza antes el convenio (letra b), pero no lo firma; y la Consejería de hacienda informa los estatutos, junto con la de recursos humanos (letra d).

El art. 48 reserva su creación a la ley, que además establece sus fines generales, sus competencias, su régimen de adscripción, sus órganos de gobierno y dirección y las especialidades de su régimen jurídico. El decreto del Consejo de Gobierno es la vía de las fundaciones del sector público (art. 74.1), y el acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de hacienda, la de autorizar las sociedades mercantiles (art. 64.1): ninguna de las dos sirve para crear un ente de Derecho público.

El art. 64.1 pone la propuesta en la Consejería competente en materia de hacienda, tanto para constituir la sociedad como para disolverla. No la hace la Consejería del sector en que vaya a actuar ni el Presidente. La misma Consejería propone las autorizaciones para adquirir o perder la participación mayoritaria en el capital de una sociedad (art. 64.2).

El art. 66 distingue según quién participe: si es la Administración de la Comunidad de Madrid, la propuesta compete al Consejo de Gobierno (apartado 1); si es un sujeto del sector público institucional, como un organismo autónomo, compete al órgano de administración de ese sujeto (apartado 2). El Consejo de Gobierno es la respuesta tentadora, pero solo vale para la participación de la propia Administración.

El art. 65.2 impone la fundación simultánea a toda sociedad en la que la Administración de la Comunidad de Madrid o un sujeto de su sector público institucional tenga el 100 % del capital. La fundación sucesiva, con suscripción pública de las acciones, sirve para captar socios de fuera, que aquí no hay; y el Consejo de Gobierno no elige el procedimiento: lo fija la ley.

El art. 52.2 le da carácter estimativo y lo integra en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. No es limitativo, y que sea estimativo no lo saca de los presupuestos generales: va integrado en ellos, no aprobado aparte por el ente ni por su Consejería.

El art. 50 lo dice en dos pasos: la Comunidad de Madrid se subroga en todas las relaciones jurídicas en que el ente era parte, y su patrimonio pasa a la Comunidad. No lo hereda otro organismo ni se reparte, y el propio ente no decide nada, porque su extinción y disolución se producen mediante ley. El art. 53 dice lo mismo de los entes sometidos a derecho privado.

El art. 64.3 exige dos cosas: comunicar el acuerdo a la Asamblea de Madrid y publicarlo en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». Comunicar no es convalidar: la Asamblea no tiene que aprobarlo, porque quien autoriza es el Consejo de Gobierno. Y el boletín es el autonómico, no el BOE.

Según el art. 72.2, la creación del consorcio y su convenio requieren autorización previa del Consejo de Gobierno; el consorcio nace del convenio que suscriben los participantes (art. 72.1). La autorización por ley es lo que exige la Ley 40/2015 cuando participa la Administración General del Estado (art. 123.2.a), no la ley madrileña. Ni la Asamblea aprueba el consorcio ni la Cámara de Cuentas informa su creación.

El art. 53 exige una ley: el ente se crea por ley (art. 51) y solo una ley lo extingue, con la Comunidad de Madrid subrogándose en sus relaciones jurídicas. En el Estado basta un acuerdo del Consejo de Ministros para disolver un organismo público (Ley 40/2015, art. 96.1.f), y de ahí sale la primera opción. En Madrid, el acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de hacienda es lo que autoriza constituir o disolver una sociedad mercantil de la Comunidad (art. 64.1).