El sector público institucional de la Comunidad y sus organismos autónomos

El art. 7.1 los enumera: el Consejo de Administración, su Presidente, el Gerente y, en su caso, el Consejero-Delegado. El Consejo Rector es, con el Presidente, el máximo órgano de gobierno de los organismos públicos del Estado (Ley 40/2015, art. 90.1); en los organismos autónomos madrileños ese papel lo tiene el Consejo de Administración.

La lista del art. 5 es cerrada y tiene cinco letras: el carácter (administrativo, o comercial, industrial, financiero o análogo), las funciones, la Consejería o Consejerías de adscripción, el régimen de acuerdos y la composición de los órganos, y los bienes y medios económicos. La ley madrileña no habla de estatutos: la propuesta de estatutos es la que acompaña en el Estado al anteproyecto de ley de creación de un organismo público (Ley 40/2015, art. 91.3).

Entre las funciones del Gerente, el art. 13.2.j) incluye asistir a las sesiones del Consejo, con voz y sin voto. Propone, informa y ejecuta los acuerdos (art. 13.2.d y e), pero no vota: quien controla su actuación es precisamente el Consejo (art. 10.1.e).

El art. 37 organiza así el control parlamentario: el Consejero de adscripción, o el Consejo de Gobierno si el organismo depende de varias Consejerías, remite a la Asamblea en el segundo semestre de cada año el programa de actuación anual del año siguiente. El primer semestre no es el plazo de la ley, y la Asamblea no aprueba el programa: lo recibe para ejercer su control según su Reglamento.

El art. 4.2 admite las dos clases: de carácter administrativo, o de carácter comercial, industrial, financiero o análogos. La ley de creación tiene que decir cuál es (art. 5.a), y de ello depende, por ejemplo, la función interventora (art. 35.1). Financiarse con ingresos de mercado es el rasgo con que la Ley 40/2015 define a las entidades públicas empresariales del Estado (art. 103.1), no una clase de organismo autónomo madrileño.

Las dos definiciones del art. 2.2 coinciden casi palabra por palabra: entidades de derecho público creadas por ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios y autonomía de gestión, para actividades de fomento, prestacionales, de servicios públicos o de producción de bienes, susceptibles o no de contraprestación. La del ente de régimen especial termina con «con especialidades en su régimen jurídico». También se crea por ley y tiene patrimonio propio; limitarse a actividades con contraprestación es rasgo de los entes sometidos al derecho privado (art. 2.2.c).

El art. 12 atribuye la representación del organismo al Presidente del Consejo de Administración, que se nombra y cesa como los demás miembros del Consejo (art. 8). El Consejero-Delegado, cuando existe, es otro de los órganos de gobierno (art. 7.1), y el Secretario tiene las atribuciones que le dé la ley fundacional (art. 10.2); el Consejero de adscripción tutela el organismo desde fuera.

El art. 4.1 remite a la ley constitutiva de cada organismo, con un límite: vale en cuanto esté conforme con las normas que la Ley 1/1984 fija para todos ellos. Los estatutos aprobados por el Gobierno son una pieza del modelo estatal, donde se aprueban por real decreto (Ley 40/2015, art. 93.2) y el organismo se rige por esa ley, por la suya de creación y por sus estatutos (art. 99). El Consejo de Administración aprueba reglamentos dentro de sus competencias (art. 10.1.g), pero no fija el régimen del organismo.

El art. 35.1 distingue: los organismos autónomos de carácter administrativo están sometidos a la función interventora de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, y los mercantiles, solo cuando así lo establezca su norma de creación. En el Estado la regla es que la función interventora se ejerce sobre sus organismos autónomos sin distinguir entre administrativos y mercantiles (Ley 47/2003, art. 149.1), salvo que el Consejo de Ministros la sustituya por el control financiero permanente (art. 149.2).

Desde la Ley 5/2025, el art. 35.3 sujeta a los organismos autónomos a la supervisión continua de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, para comprobar que subsisten los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera. Es la figura del art. 85.3 de la Ley 40/2015, donde la ejerce la Intervención General de la Administración del Estado sobre las entidades estatales. La Consejería de adscripción ejerce otro control, el de eficacia (art. 36).

El art. 42.2 lo resuelve así: el funcionario de carrera adscrito mantiene su relación de servicio con la Comunidad y todos los derechos de su condición, y pasa a depender orgánica y funcionalmente del organismo, que asume las obligaciones de la Comunidad respecto de él. No queda en excedencia ni cambia de Administración.

El art. 34 reserva al Consejo de Gobierno, «en todo caso», la facultad de autorizar la transacción sobre los bienes y derechos del organismo. Que el Consejo de Administración administre el patrimonio y los bienes del ente (art. 10.1.m) no le permite transigir sobre ellos.

Con adscripción múltiple, el art. 38 traslada al Consejo de Gobierno las funciones de fiscalización, control y tutela del capítulo 6, a iniciativa de cualquiera de las Consejerías de adscripción. La ley no las reparte entre ellas ni elige una; por la misma lógica, los miembros del Consejo de Administración se nombran a propuesta conjunta de todas (art. 39).

El art. 6.1 prevé solo dos causas: una ley de la Asamblea y el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley fundacional. El acuerdo del Gobierno es causa de disolución de los organismos públicos del Estado, donde la acuerda el Consejo de Ministros (Ley 40/2015, art. 96.1.f), igual que el incumplimiento de fines que detecte el control de eficacia o la supervisión continua (art. 96.1.d). En Madrid, la supervisión continua comprueba si subsisten los motivos de la creación (art. 35.3), pero no extingue el organismo.

El art. 7.2 permite crear por decreto del Consejo de Gobierno estos órganos de asesoramiento y participación, cuyos miembros se nombran a propuesta y en representación de asociaciones ciudadanas, de usuarios, sindicales, profesionales o empresariales. No son órganos de gobierno del organismo, que son los del art. 7.1, ni los crea la ley de creación, que fija la composición de esos órganos de gobierno (art. 5.d).

Desde la Ley 5/2025, el art. 17 somete a los organismos autónomos administrativos y mercantiles al régimen presupuestario, de gestión económico-financiera y de control de la ley que regula la hacienda de la Comunidad de Madrid, que hoy es esa misma Ley 5/2025. La Ley General Presupuestaria es la que aplican los organismos autónomos del Estado (Ley 40/2015, art. 102).

El art. 5.b) exige que cualquier modificación de las funciones del organismo se apruebe por ley de la Asamblea: lo que fijó una ley solo lo cambia otra. El decreto es la intuición que trae el modelo estatal, donde la fusión e incluso la transformación de organismos públicos se hacen por norma reglamentaria aunque modifiquen su ley de creación (Ley 40/2015, arts. 87.3 y 94.2).

El art. 11 le permite delegar en uno de sus miembros o en el Gerente parte de las atribuciones del art. 10.1, las que el propio artículo enumera. No limita la delegación al Presidente, y el Consejero de adscripción no es un órgano del organismo, sino quien lo inspecciona (art. 32.1). Además de delegar, el Consejo puede hacer lo contrario: recabar para sí las atribuciones del Gerente (art. 14).

El art. 32.1 atribuye la inspección del cumplimiento de los servicios al Consejero titular del departamento al que el organismo está adscrito, que es también quien recibe su memoria anual para elevarla al Consejo de Gobierno (art. 32.2). La Intervención General ejerce el control económico-financiero (art. 35) y la Cámara de Cuentas, el control externo; ninguna de las dos inspecciona los servicios.

El art. 10.2 obliga a que haya un Secretario en todo Consejo de Administración y remite la determinación de sus atribuciones a la ley fundacional del organismo. El Consejo aprueba sus propias normas de funcionamiento (art. 10.1.g), pero las funciones del Secretario no quedan a su decisión, ni a la del Gobierno o la Consejería.