La carrera en la Comunidad: grado personal, provisión de puestos, promoción interna y movilidad

El art. 57 bis, añadido en 2005, da especial consideración en esos acuerdos a la movilidad geográfica de las funcionarias víctimas de violencia de género. Completa el derecho preferente a otro puesto dentro de la Comunidad que les reconoce el art. 53 ter: aquí se trata de moverse a otra Administración. La conciliación y la discapacidad no figuran en este artículo.

El art. 53 ter da carácter provisional a la ocupación del nuevo puesto durante el primer año, con reserva del puesto que desempeñaba antes. No es una comisión de servicios, aunque tenga plazo: la ley dice que este traslado tiene la consideración de forzoso. El Estatuto Básico del Empleado Público regula el mismo derecho de traslado sin ese año de reserva, que es propio de la ley madrileña.

El art. 50.3 llama Juntas de Mérito a los órganos que aprecian los méritos de los candidatos según el baremo de la convocatoria, y deja al reglamento su composición y funcionamiento. «Comisiones de Valoración» es el nombre que les da el reglamento de provisión de la Administración del Estado, y por eso confunde. Los tribunales calificadores juzgan las pruebas selectivas de ingreso, y la Junta de Personal es un órgano de representación del personal.

El art. 55.2 dice que estos funcionarios no adquieren la condición de funcionarios propios de la Comunidad, pero se integran en su Administración y se rigen por sus normas, también por su régimen disciplinario, con una excepción: la separación del servicio, que se acuerda según la legislación de su Administración de pertenencia. Tiene lógica: separarle es romper su relación de funcionario, y esa relación la tiene con otra Administración.

El art. 53.4 da la autorización al Consejero respectivo cuando la comisión no supone cambio de Consejería, y añade que toda comisión de las de ese artículo lleva reserva del puesto de trabajo. Los Subsecretarios son quienes acuerdan las comisiones dentro de cada ministerio en la Administración del Estado, y de ahí la confusión. La Junta de Personal no autoriza nada: representa al personal.

El art. 44.3 dice que en ningún caso puede consolidarse un grado superior al nivel máximo que corresponde al funcionario por su Grupo: cada Grupo tiene su techo. El primer puesto marca dónde empieza a consolidar (art. 45.1), no dónde acaba, y no hay un techo común a todos los Grupos.

El art. 57 pide esa antelación para que pueda programarse la oferta anual de empleo, que recogerá las vacantes dotadas que queden tras resolver esas convocatorias. Es el orden lógico: primero se mueven los funcionarios que ya están dentro, y lo que queda libre sale a la oferta de nuevo ingreso.

El art. 50.4 dice que el funcionario conocerá estos informes y podrá hacer las alegaciones que estime oportunas. No son reservados, no dependen de cómo se resuelva el concurso y la ley no prevé que los repita otro jefe: la garantía es conocerlos y poder contestarlos.

El art. 53 bis.1 admite la adscripción provisional en tres casos: el reingreso desde situaciones que no conllevan reserva de puesto, la remoción o el cese en el puesto obtenido por concurso o libre designación, y la alteración sustancial o la supresión del puesto. Quien vuelve de una situación con reserva regresa a su puesto reservado, así que no necesita adscripción; y quien ingresa recibe su destino al superar el proceso selectivo. El puesto ocupado así se convoca en el plazo máximo de un año.

El art. 49.1 hace del concurso el sistema normal y de la libre designación el excepcional, y remite a las relaciones de puestos de trabajo para decidir cuál corresponde a cada puesto: no lo elige la Consejería en cada convocatoria. El concurso-oposición es un sistema de selección para ingresar o promocionar, no de provisión de puestos entre funcionarios.

El art. 52.1 tasa las causas de remoción del puesto obtenido por concurso: una falta de capacidad sobrevenida que se manifiesta en un rendimiento insuficiente, sin llegar a inhibición, una modificación sustancial del puesto hecha a través de la relación de puestos de trabajo, o su supresión. La remoción discrecional, sin causa tasada, es la de la libre designación (art. 52.3), no la del concurso.

El art. 55.1 permite estas convocatorias, por concurso o libre designación, por la especialidad de las funciones o por las necesidades del servicio, siempre que la posibilidad esté prevista en la relación de puestos de trabajo. La ley no exige un concurso previo desierto entre funcionarios propios ni la autorización de un ministerio o de la Asamblea.

El art. 53.6 lo permite por un plazo máximo de un año, prorrogable por otro, y con la autorización previa del órgano competente de la Administración de procedencia: el funcionario sigue perteneciendo a ella. No adquiere la condición de funcionario propio de la Comunidad, y la ley no exige una antigüedad mínima ni un decreto para cada comisión.

El art. 54.1 permite reservar hasta un máximo del 50 por 100 de las vacantes convocadas, exclusivamente para la promoción interna. Es un techo, no un mínimo: la convocatoria puede reservar menos, pero no más de la mitad.

El art. 43.1 nombra tres vías: el grado personal, el acceso a otros puestos por concurso o libre designación y la posibilidad de promocionarse internamente a Cuerpos de Grupo superior o del mismo Grupo con intervalos de niveles diferentes. Los trienios retribuyen la antigüedad, no son una vía de carrera, y la ley no prevé ningún ascenso automático de nivel: el grado se consolida desempeñando puestos (art. 44). La carrera horizontal que añadió la Ley 9/2024 está en una disposición adicional, fuera de este capítulo.

El art. 51 limita la libre designación a los puestos que figuren como tales en la relación de puestos de trabajo: lo decide la relación, no el Consejero al convocar ni un nivel fijado por la ley. El puesto que queda desierto en un concurso es el supuesto de la comisión de servicios forzosa del art. 53.2, no de la libre designación.

El art. 49.2 da la aprobación de las convocatorias al Consejero respectivo, y su resolución, al titular de cada Consejería. En la Administración del Estado es distinto: allí es una Secretaría de Estado la que autoriza las convocatorias de los concursos (art. 39 del Reglamento de provisión de 1995), y de ahí la tentación. La Junta de Personal representa al personal, no convoca.

Terminado el primer año, el art. 53 ter le deja optar entre reincorporarse al puesto anterior o continuar en el de destino, que desempeña con el mismo carácter que tenía en el de origen, y la reserva decae. No tiene que concursar por él ni la provisionalidad se alarga: si en el origen era definitiva, en el destino también.

El art. 45.1 lo ata al puesto: los funcionarios de nuevo ingreso empiezan a consolidar el grado del nivel del puesto al que se les destina. No hace falta esperar a un concurso, y la ley no toma como punto de partida el mínimo del Grupo ni una media del Cuerpo.

El art. 43.2 confía el fomento y la racionalización de la carrera a los cursos y actividades de formación. La oferta de empleo sirve para incorporar personal de nuevo ingreso, no para la carrera de quien ya es funcionario, y la ley no atribuye este papel a la negociación colectiva ni a planes de movilidad. La formación vuelve a salir en el capítulo: el grado superior puede adquirirse superando cursos (art. 47) y los cursos de las Escuelas de Administración Pública son mérito preferente en los concursos (art. 50.2).