Los funcionarios de la Comunidad y sus Cuerpos y Escalas

El art. 33.d) dice: «En el Grupo D, el Cuerpo de Auxiliares». El Grupo C es el del Cuerpo de Administrativos (letra c). La ley conserva las letras de 1986; su equivalencia con los subgrupos actuales no la da ella, sino la disposición transitoria tercera del TREBEP.

El art. 33.a) pone dos en el Grupo A: el de Técnicos Superiores y el Superior de Gestión, que se añadió en 1998. El de Técnicos de Gestión es del Grupo B (letra b), y el de Letrados es del Grupo A, pero de Administración Especial (art. 34).

La pérdida de la nacionalidad española es la letra d) del art. 29.1. Las otras tres son situaciones o medidas en las que el funcionario sigue siéndolo: la excedencia y los servicios especiales son situaciones administrativas, y la suspensión provisional es una medida cautelar. El TREBEP (art. 65), que es básico, extiende la causa a la pérdida de la nacionalidad de otro Estado de la Unión que se tuvo en cuenta para el nombramiento, y la exceptúa cuando a la vez se adquiere la de uno de esos Estados.

El art. 30.3 no fija supuestos propios: remite a «los supuestos previstos en la legislación del Estado». La jubilación voluntaria depende de las reglas de pensiones, que son estatales, así que ni el Consejo de Gobierno ni la Asamblea ni la negociación colectiva los deciden.

El art. 33.c) nombra al «Cuerpo de Administrativos». «Cuerpo General Administrativo» es el nombre del de la Administración del Estado, y es el que sale por inercia. El de Técnicos Auxiliares existe en Madrid, pero es de Administración Especial (art. 36.1).

El art. 39.1.d) atribuye esas tareas, y cuantas actividades administrativas tengan carácter auxiliar, al Cuerpo de Auxiliares de Administración General. Al de Administrativos le toca el apoyo en la gestión (letra c); «Cuerpo General Auxiliar» es el nombre del cuerpo de la Administración del Estado, y el de Auxiliares Especialistas es de Administración Especial, el del transporte sanitario (art. 36.3).

El art. 31 dice que las plazas pertenecen «en todo caso a un Grupo y a un Cuerpo», con independencia del puesto concreto al que luego se adscriba el funcionario según la relación de puestos de trabajo. Se ingresa en un Cuerpo, no en un puesto: el puesto y su nivel vienen después. Escalas y especialidades solo existen cuando hacen falta (art. 32.2).

El art. 39.1.c) le da las «actividades de apoyo en las tareas administrativas de gestión, inspección, ejecución, control y similares». Lo directivo de nivel superior es del Cuerpo de Técnicos Superiores, la colaboración en lo de nivel superior es del de Técnicos de Gestión, y la mecanografía y el archivo, del de Auxiliares.

El art. 30.1 enumera lo que se valora para resolver sobre la prolongación: las condiciones psicofísicas, «previo reconocimiento médico», las causas organizativas y funcionales y el desempeño en el puesto. La palabra del interesado no basta, y su historial de bajas tampoco sustituye al reconocimiento. El único informe que pide la ley es el de la Consejería u organismo de adscripción, y versa sobre la procedencia de la prolongación, no sobre la salud. La prolongación puede pedirse como máximo hasta los setenta años, el mismo tope del art. 67.3 del TREBEP.

El art. 28.c) pide «jurar o prometer cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes» en el ejercicio de las funciones. El Reglamento de la Asamblea rige la Cámara, no a sus funcionarios, y ni los acuerdos del Consejo de Gobierno ni una ley concreta como el Estatuto Básico aparecen en la fórmula, que habla de «las leyes» en general.

El art. 38.2 reserva las especialidades al «Decreto del Consejo de Gobierno». La ley de la Asamblea es para crear, modificar o suprimir Cuerpos y Escalas (art. 38.1), no para las especialidades: confundir los dos apartados es el error que se busca.

El art. 28 los ordena así: superar el sistema de selección, el nombramiento, jurar o prometer y tomar posesión. La superación de la selección va antes del nombramiento, no después; el curso selectivo y la inscripción en el Registro de Personal no figuran entre los cuatro requisitos de este artículo.

El art. 40.2 atribuye esa decisión excepcional al Consejo de Gobierno. A la Consejería afectada solo se le pide su parecer: no decide. Ni la Asamblea ni el Presidente intervienen. La consejería que propone tiene en la ley un nombre de 1986 que no corresponde a la estructura actual, y por eso no se pregunta.

El art. 27 ordena a los funcionarios en grupos «de acuerdo con la titulación que se les haya exigido para el ingreso». El nivel no es del funcionario sino del puesto (art. 42), y la antigüedad cuenta para los trienios, no para el grupo. Las letras de los grupos de esta ley, de 1986, se corresponden hoy con los subgrupos del TREBEP, que conserva el mismo criterio de titulación.

El art. 39.15, añadido por la Ley 8/2024 al crear el Cuerpo, exige la titulación habilitante «para el Grupo A, Subgrupo A1», además de superar las pruebas selectivas. Es el único precepto del capítulo que ya usa la nomenclatura de subgrupos del TREBEP. El Grupo B y la diplomatura corresponden a cuerpos de nivel medio.

El art. 26.1 define al funcionario propio por su vínculo con la Comunidad, «tanto» si ocupa un puesto presupuestariamente dotado «como» si está en alguna de las situaciones del capítulo VI del título IV (las situaciones administrativas). La ley no pone un plazo ni exige reserva de puesto para seguir siéndolo: estar en otra situación no es perder la condición, que solo se pierde por las causas del art. 29.

El art. 30.2 permite declararla «de oficio o a petición del funcionario», y en los dos casos «previa instrucción del correspondiente expediente». No hace falta un juez ni un acuerdo del Consejo de Gobierno; y si el funcionario está en el régimen de la Seguridad Social, se está a lo que este disponga.

El art. 29.1.b) exige que la sanción de separación «adquiera firmeza». La incoación, el pliego de cargos y la propuesta del instructor son trámites del expediente: mientras no hay sanción firme, el funcionario conserva su condición.

El art. 38.1 dice que solo puede hacerse «por Ley de la Asamblea de Madrid». Las Cortes Generales crean los cuerpos del Estado, no los de la Comunidad, y el decreto del Consejo de Gobierno solo sirve para las especialidades de cada Cuerpo o Escala (art. 38.2), que es la confusión habitual.

El art. 30.1 mantiene, «sin perjuicio» de la prolongación, la prórroga para completar el tiempo mínimo necesario para causar derecho a pensión de jubilación, con los requisitos del Régimen de Seguridad Social aplicable. Es una prórroga para no quedarse sin pensión, no para acabar un trabajo pendiente ni para mejorar la carrera.