Los deberes, las incompatibilidades y el régimen disciplinario de los funcionarios de la Comunidad

El art. 78 reparte así: las normas básicas son las de la ley estatal de incompatibilidades (apartado 1), y su desarrollo reglamentario para el personal de la Comunidad corresponde al Consejo de Gobierno (apartado 2). La tentación es pensar en el Gobierno de la Nación, que es quien desarrolla esa ley en la Administración del Estado; la Asamblea no dicta reglamentos y el Consejero no recibe aquí esa potestad.

El art. 83.n) es una falta muy grave propia de la ley madrileña, que el TREBEP admite al dejar que la ley de la Asamblea tipifique otras. Lo que la hace muy grave es el daño muy grave al patrimonio de la Comunidad, causado con negligencia inexcusable o mala fe. La impuntualidad, la incorrección o el descuido en la conservación del material no figuran en la lista del art. 83.

La lista del art. 84.2 empieza por el grado de intencionalidad y sigue con el atentado a la legalidad y al interés público, la perturbación de los servicios, los daños, la reincidencia y la reiteración. El descrédito para la imagen pública es un criterio del TREBEP (art. 95.3) para establecer las faltas graves, y no figura en la ley madrileña; la antigüedad y el nivel del puesto no gradúan ninguna falta.

El art. 77.h) lo convierte en deber, pero con dos condiciones que van juntas: necesidades del servicio ineludibles y circunstancias excepcionales. No basta la orden del superior ni lo decide el calendario, y tampoco depende de que el funcionario acepte: si se dan las dos condiciones, es un deber y no un favor.

El art. 80.1 permite a la Administración, sin perjuicio de su propia responsabilidad, dirigirse contra el funcionario para resarcirse, y fija el cauce: la instrucción del correspondiente expediente. No cabe el descuento directo en nómina sin procedimiento, ni hace falta una condena penal previa o un pleito civil: es la propia Administración la que tramita el expediente.

El art. 77.d) acompaña la obediencia de una válvula: el funcionario puede formular, por la vía reglamentaria, las sugerencias que estime oportunas. Sugerir no es desobedecer ni suspender la orden; la ley no exige que la orden conste por escrito ni que la confirme el Consejero para cumplirla.

El art. 84.1 deja al reglamento el procedimiento sancionador, pero fija una garantía que ningún reglamento puede quitar: la audiencia del interesado, preceptiva en todo caso. Nadie es sancionado sin haber sido oído. La ley no pide informe de la Asamblea, dictamen de la Comisión Jurídica Asesora ni la conformidad de los representantes del personal.

El art. 77.g) no ata al funcionario a su municipio de destino: le basta residir allí o en cualquier otro desde el que cumpla estrictamente el horario sin menoscabo de sus tareas. No pide autorización de nadie, que es lo que exigía la vieja regla estatal de residencia, ni se limita a los municipios limítrofes ni al territorio de la Comunidad: lo que cuenta es poder cumplir el horario.

El art. 83.ñ) eleva a muy grave haber sido sancionado por tres faltas graves en un año. Las tres cifras van juntas: tres sanciones, por faltas graves y dentro de un año. Dos graves no bastan, y un período de dos años no cuenta, ni con graves ni con leves.