Los funcionarios interinos, el personal laboral y la Administración institucional de la Comunidad

El art. 87.5 le aplica el régimen general del funcionario de carrera en lo que sea adecuado a su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo los derechos inherentes a la condición de carrera. El 80 por 100 de las retribuciones básicas lo decía el art. 87.6 de 1986, que la Ley 3/2025 suprimió.

El art. 93.1 da al personal de las empresas públicas naturaleza laboral y lo somete a los convenios colectivos aplicables, a la Ley 1/1986, a la de Administración Institucional, a su norma fundacional y al Derecho laboral. A diferencia de los organismos autónomos (art. 91.2), la ley no reserva ahí puestos a funcionarios.

El art. 87.1.c) fija tres años y permite ampliarlos hasta doce meses más en casos excepcionales, acreditando la vigencia del programa, la necesidad de ampliar y la dotación presupuestaria. El TREBEP (art. 10.1.c) deja esa ampliación a las leyes de Función Pública que lo desarrollen, y la madrileña la usa: por eso «sin posibilidad de ampliación» es falso en Madrid.

El art. 89.2 lo pasa a excedencia por incompatibilidad aunque no tenga un año de antigüedad, y en ella sigue mientras dure la incompatibilidad, con derecho preferente a reingresar en una vacante de igual o similar categoría. El año de antigüedad es el requisito de la excedencia voluntaria común del derecho laboral: aquí la ley lo dispensa.

El art. 91.2 nombra dos clases de puestos de los organismos autónomos que se entienden de autoridad, inspección y control y han de reservarse a funcionarios de la Comunidad: los de Secretario del Consejo de Administración y los de Interventor. La dirección del organismo, su secretaría general, las jefaturas de servicio, la asesoría jurídica, el personal y la contratación no figuran en esa reserva. La regla de 1986 que hacía laborales los demás puestos de estos organismos (art. 14.2) ya no rige: desde la Ley 5/1989, con carácter general, los puestos los desempeñan funcionarios (DT 10.ª de la propia Ley 1/1986).

El art. 87.4, al que remite el nombramiento por vacante del art. 87.1.a), manda que esas plazas sean «objeto de cobertura» por cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad: la interinidad las atiende mientras tanto, no las saca de los concursos. Tampoco se amortizan por el paso del tiempo: a los tres años del nombramiento termina, como regla, la interinidad, no la plaza, que solo puede ocupar un funcionario de carrera salvo que el proceso selectivo quede desierto; la supresión o amortización pone fin a la interinidad por razones organizativas (art. 87.3.b). Y no hay plaza reservada al interino: el nombramiento no da nunca la condición de funcionario de carrera (art. 87.2). Ese plazo de tres años lo introdujo la Ley 3/2025, en vigor el 30 de septiembre de 2025.

El art. 87.4 admite la permanencia excepcional solo si la convocatoria se publicó dentro de los tres años desde el nombramiento y se resuelve en plazo; entonces el interino sigue hasta que se resuelva, y su cese no da lugar a compensación económica. No depende de una autorización del Consejo de Gobierno ni del desempeño.

El art. 87.2 añade la celeridad a los cuatro principios clásicos, porque estos procedimientos buscan la cobertura inmediata del puesto. Ni la antigüedad en una bolsa ni haber trabajado antes para la Comunidad son principios de la ley; premiar la experiencia previa es lo que suele intuirse y lo que la ley no dice.

El art. 88.1 distingue solo dos: el fijo y el temporal o de duración determinada. El art. 11.1 del TREBEP, que es básico, añade el personal por tiempo indefinido; por eso el enunciado se ancla en la Ley 1/1986 y esa clasificación no va entre las opciones.