El personal de la Comunidad y los órganos de la función pública

El art. 8.2.a) deja la elaboración de los proyectos normativos de personal en el Consejero que la ley llama «de Presidencia», y cuando la norma afecta solo a los funcionarios de una Consejería añade un trámite: el informe o consulta de esa Consejería, que es preceptivo. No le traspasa la elaboración, y si la norma es un reglamento, aprobarlo sigue siendo del Consejo de Gobierno (art. 7.2.b).

El art. 3.2 nombra tres colectivos cuyas peculiaridades pueden pedir normas específicas: el personal sanitario, el docente y el investigador. El de los servicios sociales no figura en esa lista. El TREBEP hace algo parecido: remite a su legislación específica al personal docente y al estatutario de los servicios de salud (art. 2.3) y permite normas singulares para el personal de investigación (art. 2.2).

El art. 7.1 se lo atribuye al Consejo de Gobierno, que además dirige el desarrollo y la ejecución de esa política. Al Consejero que la ley llama «de Presidencia» el art. 8.1 le deja desarrollarla, coordinarla y controlar su ejecución, no establecerla. La Asamblea hace las leyes, pero la potestad reglamentaria no es suya.

El art. 11.1 lo coordina con los registros de personal de las demás Administraciones Públicas y, en especial, con el Registro Central de la Administración del Estado. La Asamblea no es una Administración Pública y su personal queda fuera de la ley (art. 3.3); los otros dos registros no inscriben al personal: uno anota los órganos de representación y el otro, los intereses de los cargos.

El art. 2 no distingue por el tipo de vínculo: ejerce la Función Pública el conjunto de personas vinculadas a la Comunidad por una relación profesional de empleo, y por eso el art. 5 cuenta en el personal a los funcionarios de carrera, a los interinos y al personal laboral. Reducirla a los funcionarios es la lectura intuitiva de «función pública», y la ley no la hace.

El art. 3.3 excluye expresamente al personal al servicio de la Asamblea de Madrid. Los demás sí están dentro: al sanitario el art. 3.2 solo permite adaptarle la ley con normas específicas, el laboral es una de las tres clases de personal del art. 5 y el de los organismos autónomos se rige por esta ley, según su art. 91.

El art. 4 hace supletoria la legislación estatal en lo que no regulen la ley ni las demás disposiciones madrileñas sobre su personal, sin condicionarlo a ningún acuerdo ni limitarlo al personal laboral. Es la misma regla de cierre que la Constitución da al derecho estatal (art. 149.3). Ojo: la legislación básica del Estado, como el TREBEP, no espera a que falte la norma madrileña; rige en todo caso.

El art. 7.2.d) encarga al Consejo de Gobierno aprobar cuántos empleos se reservan al personal eventual, con sus características y retribuciones, dentro de los créditos del presupuesto. El eventual no entra por proceso selectivo ni por la oferta de empleo, y su condición no puede ser mérito para acceder a la función pública: el TREBEP (art. 12) lo nombra y lo cesa libremente.

Según el art. 7.2.f), los acuerdos solo tienen validez y eficacia cuando el Consejo de Gobierno los aprueba de forma expresa y formal; y si no se llega a acuerdo, es él quien fija las condiciones de empleo. No obligan por la sola firma ni pasan por la Asamblea. La regla coincide con la del TREBEP (art. 38.3) para los acuerdos sobre materias de los órganos de gobierno.