Las relaciones de puestos de trabajo, la oferta de empleo y la selección en la Comunidad

El art. 17.4 prevé dotaciones globales para los trabajos ocasionales o urgentes que, por no ser permanentes ni previsibles, no corresponden a un puesto de trabajo. Por eso no se crea un puesto en la relación, que recoge los puestos estables, ni se pagan con la productividad o con las dotaciones del personal eventual, que el art. 17 consigna por separado (apartados 1.d y 5).

El art. 12.1 ata la relación de puestos a la estructura del presupuesto: se ordena por las unidades orgánicas o entidades que gestionan programas de gasto, y dentro de cada una se separan los puestos de funcionarios de los laborales (art. 12.2). El Grupo, el Cuerpo o la Escala y el nivel no ordenan la relación: son datos que la relación indica de cada puesto de funcionario (art. 15.2).

El art. 23.4 fija dos exigencias distintas: al menos la mitad más uno de los miembros debe tener titulación de la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso, y todos deben tener titulación de igual o superior nivel académico. «Todos» es la trampa: lo que se exige a todos es el nivel académico, no el área. Los miembros pueden no ser personal de la Comunidad.

El art. 15.1 exige para todos los puestos, también los laborales, la denominación, las características esenciales, la posición en la organización y los requisitos para su desempeño. El art. 15.2 añade, solo para los de funcionarios, el Grupo, Cuerpo o Escala, el nivel en que se ha clasificado el puesto, en su caso el complemento específico y la forma de provisión.

El art. 25.3 prevé convenios con la Administración del Estado para la selección y la formación del personal, y nombra en especial al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el organismo estatal de formación de los empleados públicos. Prevé también convenios con las Corporaciones Locales de la región para cooperar en la selección y formación de su personal. Los otros tres son organismos estatales con funciones formativas o de estudio, pero la ley no los menciona.

El art. 14.3 no hace salvedades: los puestos de las empresas públicas de la Comunidad son de personal laboral. La excepción de los puestos de autoridad, inspección y control, que se reservan a funcionarios, es la regla de los Órganos Especiales de Gestión y los Organismos Autónomos (art. 14.2), no la de las empresas públicas.

Aunque el art. 5 de la Ley 1/1986 solo enumera funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, el art. 12.3 obliga a que las relaciones detallen los puestos del personal eventual, su número y sus características. Es el distractor tentador: que el eventual no sea una de las clases del art. 5 no lo saca de la relación de puestos. La relación describe puestos, no a las personas que los ocupan, así que no recoge nombres.

El art. 18.3 encarga a cada Consejería proponer las plazas vacantes que deben cubrirse en el ejercicio, con las previsiones sobre las demás. El Consejo de Gobierno no las propone: aprueba después el plan y oferta (art. 7.2.e). La Asamblea dota las plazas en los Presupuestos, y la Intervención controla el gasto, no propone plazas.

El art. 22.1 exige convocatoria pública y oposición o concurso-oposición, y admite el concurso cuando, por la naturaleza de las funciones, el número de aspirantes u otras circunstancias, resulte más adecuado. Quien viene del TREBEP tiende a ponerlos en pie de igualdad: su art. 61.7 enumera la oposición, el concurso-oposición y el concurso de valoración de méritos sin jerarquía, pero la ley madrileña hace del concurso la salvedad que hay que justificar. El concurso salvo urgencia es la regla del personal laboral no permanente (art. 22.2).

El art. 24.4 da la elección de puesto a los seleccionados por orden de puntuación definitiva, coherente con la relación de seleccionados, que se presenta de mayor a menor puntuación (art. 24.3). La única salvedad que la ley menciona es la del art. 54.4: con igualdad de puntuación en pruebas conjuntas, el turno de promoción interna elige antes que el libre.

El art. 17.1 ordena los créditos de las plantillas de funcionarios en cinco conceptos: retribuciones básicas de cada grupo, complementos de destino de cada nivel, complementos específicos, productividad y gratificaciones. La productividad se expresa como un porcentaje del coste total del personal de los programas y Órganos que se determine. Lo que va por nivel es el complemento de destino, y las gratificaciones son un concepto aparte.

Entre los datos que toda convocatoria debe recoger, el art. 20.h) incluye los cursos de formación posteriores a las pruebas, si los hay, diciendo si son selectivos o no. Pueden serlo: el aspirante tiene que saber desde la convocatoria si superar el curso forma parte de la selección.

Cuando la clasificación del art. 14 cambia la naturaleza de una plaza, el Consejo de Gobierno puede fijar por decreto normas de conversión, respetando la voluntad de cada uno; y el funcionario que por esa vía pase a laboral fijo queda en excedencia voluntaria en su plantilla de origen. No sigue en activo, porque ya no ocupa un puesto de funcionario, ni pierde la condición: la conserva en excedencia. El camino inverso, de laboral a funcionario, pasa por los sistemas de acceso de la ley.

El art. 14.1 reserva a funcionarios los puestos de los Servicios Centrales que suponen asesoramiento, autoridad, inspección y control, y permite al Consejo de Gobierno reservarles otros cuando la naturaleza de la actividad lo aconseje. No dice que todos sean de funcionarios: el resto puede ser laboral. El criterio es la actividad del puesto, no su jerarquía ni lo que diga un convenio.

El art. 15.2.c) obliga a indicar, en su caso, el complemento específico del puesto con mención expresa de los factores que retribuye y de su valoración. Las plantillas presupuestarias consignan también los créditos de los complementos específicos (art. 17.1.c), pero eso no lo saca de la relación de puestos: son dos instrumentos con funciones distintas. La relación describe puestos, no a quien los ocupa. En retribuciones rige la ley madrileña, porque el TREBEP aplaza las suyas hasta que se dicte la ley de desarrollo (DF 4.ª).

El art. 23.2 manda anunciar en cada convocatoria la composición concreta del Tribunal, y el art. 20.e) la incluye entre los datos que toda convocatoria debe recoger. Al Reglamento para la selección le corresponden los criterios generales de composición y funcionamiento (art. 23.1), no los nombres de cada tribunal. Una vez constituidos, los tribunales actúan con total autonomía funcional.

El art. 13.1 define la relación de puestos como el instrumento técnico del Consejo de Gobierno para racionalizar y ordenar las plantillas, fijando los efectivos, los requisitos de cada puesto y su valoración; también es el Consejo de Gobierno quien la aprueba (art. 13.2). Los otros tres son instrumentos distintos de la misma ley: la relación de plazas dotadas es la plantilla presupuestaria (art. 16), las vacantes que se convocan forman la oferta de empleo público (art. 18) y el banco de datos del personal es el Registro de Personal (art. 11).

El art. 21.2 dice que el concurso tiene carácter excepcional y solo se aplica a puestos de funcionarios que, por sus características y su tecnificación especial, deban cubrirse con personal de experiencia o méritos muy singulares. El número de aspirantes es una de las razones que la ley admite para usar el concurso con el personal laboral permanente (art. 22.1), no con los funcionarios.