El derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Madrid

El art. 40.2.a) obliga a decir quién está elaborando la información y cuándo prevé terminarla, para que el solicitante sepa a quién y cuándo volver a pedirla. Indicar el órgano que se cree competente es otra cosa: lo exige la Ley 19/2013 (art. 18.2) cuando se inadmite porque la solicitud llegó a un órgano que no tiene la información, no en este supuesto.

El art. 32.b) atribuye la resolución, cuando se pide información de quien presta servicios públicos o ejerce potestades administrativas, al «órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o en la materia». La empresa no resuelve, aunque tenga la información: la regla de que resuelve quien posee la información (art. 32.a) vale para la Administración y sus entidades. Y el derecho sí alcanza a esa información, solo que a través de la Administración responsable.

El art. 38.2 admite la solicitud oral por comparecencia en las unidades administrativas o en las oficinas de información, y manda recogerla en formato electrónico con los mismos datos que una escrita. No exige justificar la falta de medios electrónicos: es una vía más, coherente con el deber de asistencia del art. 38.3.

La Ley 19/2013 permite inadmitir la información auxiliar o de apoyo, y pone como ejemplo los informes internos o entre órganos. La ley madrileña acota esa causa en su art. 40.2.b): los informes preceptivos nunca son auxiliares, ni tampoco los documentos que, sin serlo, hayan servido de motivación a una resolución. Por eso la respuesta «como cualquier informe interno» es la tentación estatal, y en Madrid es falsa.

El art. 43.1 exige que esa ponderación «deberá ser motivada en la resolución de las solicitudes de información de forma clara». No pide un informe jurídico previo ni que la solicite nadie: la ponderación del interés superior es lo que decide si un límite cede (art. 34.2), y por eso quien la recibe tiene que poder entender cómo se hizo.

El art. 42.3 dice que la solicitud se entenderá desestimada, conforme a la legislación básica de transparencia. Es la tentación más común del bloque: la regla general del procedimiento administrativo común es el silencio estimatorio en lo iniciado a solicitud del interesado (art. 24 de la Ley 39/2015), pero en el acceso a la información el silencio es negativo, en Madrid como en el Estado. Tampoco caduca ni queda inadmitida: la inadmisión exige una resolución que la acuerde.

El art. 39.2 exige que el desistimiento y el archivo se acuerden por resolución expresa y añade que «en ningún caso» impedirán presentar una nueva solicitud que concrete la información. El archivo cierra esa petición, no el derecho: no hay plazo de espera, ni hace falta recurrir, ni la nueva solicitud es repetitiva, porque precisamente ahora sí identifica lo que se pide.

El art. 50.2 obliga a que la resolución estimatoria diga a qué información o documentación puede acceder la persona, la modalidad de acceso y, en su caso, el plazo y las condiciones. No se limita a anular y devolver el asunto: resuelve sobre el acceso mismo. Ni sanciona ni indemniza, que no es lo que se reclama.

El art. 47.1 configura la reclamación «con carácter potestativo y previo» a la vía contencioso-administrativa: previo si se usa, pero voluntario. Quien no quiera usarla va directamente a los tribunales, porque la resolución de acceso ya pone fin a la vía administrativa (art. 43.7). Tampoco hay alzada: la reclamación sustituye a los recursos administrativos.

El art. 36.2 es una regla propia de Madrid: si la limitación viene de los datos personales, los sujetos obligados «deberán, en todo caso, anonimizar la información y facilitar el acceso». La solución no es denegar en bloque ni paralizar la solicitud consultando a cada afectado, sino quitar lo que identifica y entregar el resto.

El art. 50.1 dice que la resolución «será en todo caso motivada», estime o desestime, y en todo o en parte. No se reserva la motivación a lo desfavorable: también quien gana tiene que saber por qué, y también el órgano que denegó el acceso, que es quien tendrá que cumplirla.

El art. 49 es una remisión: la tramitación, la resolución y la publicación de la reclamación «se ajustarán a lo establecido en la legislación básica del Estado». La ley madrileña regula por su cuenta el objeto, la forma, el plazo y el escrito de la reclamación (arts. 47 y 48) y el contenido de la resolución (art. 50), pero no el procedimiento, que deja al Estado.

El art. 34.1 no crea límites propios: el acceso «sólo podrá ser limitado o denegado» en los supuestos de la normativa europea y de la legislación básica del Estado, que hoy es la Ley 19/2013. Madrid no amplía la lista ni deja que la amplíen una orden o un decreto. Lo que sí añade la ley madrileña es cómo aplicarlos: de forma justificada, proporcionada y atendiendo al interés superior en el acceso (art. 34.2).

Entre los datos que el art. 31.1 manda inscribir está el tiempo en que se atendió la solicitud y, si la respuesta llegó fuera de plazo, «las razones que han motivado la demora». El Registro no señala a personas ni impone sanciones: deja constancia de por qué se tardó, que es lo que permite a cualquiera comprobar cómo se cumplen los plazos.

El art. 39.1 manda pedir al solicitante que concrete la información, con indicaciones para hacerlo y un plazo de diez días, advirtiéndole de que si no lo hace «se le tendrá por desistido». No se resuelve a ciegas ni se califica de abusiva una petición solo por ser imprecisa; y mientras tanto el plazo para resolver queda suspendido, así que no corre ningún silencio.

El art. 48.1 fija un mes, por escrito, desde el día siguiente a la notificación o al día en que se producen los efectos del silencio. Aquí Madrid coincide con la Ley 19/2013. Los veinte días tientan porque son el plazo madrileño para resolver la solicitud (art. 42.1), pero son otro trámite; los dos meses son el plazo del recurso contencioso-administrativo.

El art. 35.2 fija como regla general conceder el acceso a los datos meramente identificativos ligados a la actividad pública del órgano, y solo cede si en el caso concreto prevalece la protección de datos u otro derecho constitucional. El consentimiento expreso es lo que se exige para los datos especialmente protegidos, no para el nombre y el cargo de quien actúa en el ejercicio de sus funciones.

El art. 44.2 manda dar la información en la modalidad solicitada salvo en tres casos: que no sea técnicamente posible, que resulte excesivamente gravosa para el sujeto obligado o que exista una alternativa más económica. La vía electrónica es preferente, pero cede si el solicitante pidió expresamente otro medio (art. 44.1); y no motivar la petición nunca perjudica al solicitante.

El art. 43.2 enumera las resoluciones que se motivan «en todo caso», y la primera es la que inadmite a trámite; le siguen las que deniegan, las de acceso parcial, las que cambian la modalidad pedida y las que conceden pese a la oposición de un tercero. Lo común es que algo no sale como se pidió o alguien se opuso. Conceder todo, en la forma elegida, o remitir a lo ya publicado no está en la lista.

El art. 48.4 abre varias vías: presencial o telemática en el registro del órgano de transparencia o en cualquier registro público de las Administraciones de la Comunidad, y también por correo postal o electrónico «a través de una dirección habilitada especialmente para tal fin». No exige certificado, en la línea de toda la ley, que no pide acreditación electrónica para solicitar ni para reclamar.