La ley de transparencia de la Comunidad: su objeto, a quién obliga y los principios de la publicidad activa

El art. 5.d lo define como un espacio en el sitio web del Consejo de Gobierno, que centraliza la información que debe hacerse pública y sirve también para ejercer el derecho de acceso y la participación. No se aloja en la web de la Asamblea ni en la del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, y el Portal estatal es el de la Ley 19/2013 para la Administración General del Estado.

El art. 4.1 añade a las personas físicas y jurídicas que «actúen como agentes colaboradores». La Ley 19/2013 estatal (art. 4) se queda en las dos primeras categorías, y por eso «a nadie más» es la respuesta de quien estudió solo la ley básica. Solicitar información o integrar un órgano consultivo no hace a nadie sujeto de esta obligación.

El art. 3.4 encarga al Gobierno de la Comunidad publicar anualmente en el Portal de Transparencia el listado de los sujetos del art. 3, clasificados por el grupo al que pertenecen. La ley no atribuye ese listado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos, a la Asamblea ni a la Cámara de Cuentas.

El art. 1 fija el objeto: la transparencia «en su doble vertiente» de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, y aparte la participación y colaboración ciudadana. El buen gobierno, que la Ley 19/2013 estatal regula junto a la transparencia, no es objeto de la ley madrileña; la protección de datos opera como límite de lo que se publica (art. 9), no como vertiente de la transparencia.

El art. 4.1 obliga a suministrar la información previo requerimiento y «en un plazo de 10 días desde el acuse de recibo de la petición». La Ley 19/2013 estatal (art. 4) impone la obligación previo requerimiento pero sin fijar plazo: de ahí la tentación de la última opción, que en Madrid no vale.

El art. 2.1.f incluye, en los términos de la disposición adicional octava, a las entidades de la Administración local y a los entes que constituyan en el territorio de la Comunidad; esa disposición deja a salvo la autonomía local. La Ley 19/2013 estatal también las obliga, pero no en exclusiva: la ley madrileña se les suma. No hay umbral de población ni adhesión voluntaria.

El art. 8.1.c pide un buscador que permita acceder de forma rápida a cualquier archivo y que incorpore mecanismos de alerta sobre los datos actualizados. La ley no exige identificar a quien consulta ni un certificado, ni limita las consultas.

El art. 3.1.a sujeta a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las empresariales «en todo caso»: los umbrales de cuantía y de porcentaje de la letra b) son solo para las demás entidades privadas. Y quedan sujetas «además de» a las obligaciones de la legislación básica, no en su lugar.

El art. 8.1.a exige indicar expresamente la fecha en que se actualizó por última vez y, «si es posible», la fecha en que ha de volver a actualizarse. La próxima actualización es, por tanto, facultativa: exigirla «en todo caso» invierte la regla.

El art. 5.b añade a lo «elaborado» y lo «adquirido» lo «conservado» en el ejercicio de sus funciones. La segunda opción es la definición de la Ley 19/2013 estatal (art. 13), sin ese tercer supuesto. Y la información pública no se reduce a lo ya publicado: el derecho de acceso existe precisamente para lo que no lo está.

El art. 6.e declara gratuitos el acceso a la información y las solicitudes, «sin perjuicio de las tasas» por expedir copias o transponer la información a formatos diferentes del original. Pedir y consultar no se cobran, y la reclamación no figura entre las excepciones del principio.

El art. 7 obliga a disponer de un portal o página web donde publicar la información pública de modo comprensible, estructurado y actualizado. Ese artículo no exige oficinas presenciales, boletines propios ni tablones de anuncios.

El art. 3.1.b fija la segunda vía: que las ayudas representen al menos el 30 % de los ingresos anuales, siempre que alcancen 5.000 euros. El 40 % es el porcentaje de la Ley 19/2013 estatal (art. 3.b), el que se recuerda si se estudió antes la ley básica.

El art. 2.1.e incluye a las empresas públicas que, por ejercer una posición dominante en los términos de la legislación estatal, han sido adscritas al sector público autonómico. Ni la gestión de un servicio en concesión, ni la composición de su consejo, ni la condición de medio propio son el criterio de esa letra.

El art. 2.3 extiende la ley, «en la actividad sujeta al Derecho administrativo», a la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas, las Corporaciones de Derecho público madrileñas y las federaciones y clubes deportivos; estos últimos no figuran entre los sujetos de la Ley 19/2013 estatal. Los organismos autónomos y las fundaciones públicas están en el art. 2.1, sin esa limitación, y las universidades públicas en el art. 2.2, en los términos de la disposición adicional octava.

El art. 9.2 permite publicarla previa anonimización, «ya sea por disociación o por agregación estadística», a criterio del Consejo de Transparencia y Protección de Datos (el artículo aún lo llama «de la Transparencia y Participación»; la disposición adicional decimotercera redirige esas referencias). La Ley 19/2013 estatal (art. 5.3) solo habla de disociación, y el consentimiento expreso y por escrito es un requisito de su derecho de acceso (art. 15.1), no de la publicidad activa madrileña.

Pese a su nombre, el art. 6.i no pide equidistancia: impone «la utilización y promoción de software de código abierto» y el uso de estándares abiertos y neutrales. La segunda opción es lo que sugiere la palabra «neutralidad», no lo que dice la ley.

El art. 5.c lo define como «derecho subjetivo de carácter universal», reconocido a las personas para solicitar y obtener la información, sin más requisitos que los que establezca la legislación. No exige interés legítimo ni vecindad en Madrid, ni queda a la discreción de quien tiene la información.

El art. 5.g define los datos abiertos como los que cualquiera puede utilizar, reutilizar y redistribuir sin permisos específicos ni licencias, con el único límite, en su caso, de atribuir su fuente o reconocer su autoría. Exigir una licencia contradice la definición, y ni la restricción comercial ni una tasa figuran en ella.

El art. 8.1.e exige publicar «haciendo uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio», un deber que la Ley 19/2013 estatal no recoge. Las demás opciones no están en la ley: no impone conservar el lenguaje técnico del original, ni un lenguaje normalizado por decreto, ni una segunda lengua.