Qué publica la Comunidad y cómo organiza la transparencia

El art. 19.1.d) pide el número de vehículos oficiales de los que se es titular y de los arrendados, con la función para la que están reservados. La idea de que solo se publican los inmuebles viene de la Ley 19/2013, cuyo art. 8.3 se limita a la relación de bienes inmuebles; la ley madrileña va más allá.

El art. 21.3.b) pide el importe de la ejecución diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las revisiones posteriores, sean por modificaciones de la obra o por revisión de precios. Un importe único, sea el de adjudicación o el final, no muestra esa diferencia.

El art. 13 pide del personal eventual su identificación, nombramiento, funciones asignadas, el órgano o directivo al que presta sus servicios y su trayectoria profesional completa. Sus retribuciones se publican aparte (art. 15.1.b) y no persona a persona, sino articuladas por clase o categoría, así que la retribución individual no es lo que exige la ley.

El art. 11.1.c) pide, de las unidades de nivel de servicio, su responsable y sus funciones; pero por debajo de la subdirección general solo se especifican el cargo y las funciones, sin identificar a la persona. Esas unidades no quedan fuera de la publicación: se publican, aunque sin nombre.

El art. 10.4.b) limita los datos identificativos a quienes tengan, al menos, responsabilidades administrativas hasta el nivel de subdirección general o unidad asimilada, más los directivos de los entes del sector público y el personal eventual que intervenga en la toma de decisiones. Quedarse en la dirección general deja fuera a los subdirectores, que sí entran, y bajar a la jefatura de servicio va más allá de lo que pide la ley; del resto del personal solo se da el cargo y la condición en que asiste (art. 10.4.c).

El art. 17.c) manda actualizar semanalmente esas listas e informar a cada usuario de la situación de su petición, y añade que la información agregada del número de personas y del tiempo de espera sea pública y abierta para cualquier ciudadano. Lo individual va a cada interesado; lo agregado, a todos. Los tres ámbitos, social, sanitario y educativo, van juntos.

El art. 25.1.c) obliga a publicar trimestralmente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», dentro del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural, las subvenciones concedidas sin concurrencia, con el beneficiario, el importe, el destino y los motivos de su concesión. Es una publicación aparte de la relación general de las concedidas en el ejercicio.

El art. 18.a), en su número 4.º, pide la ejecución trimestral de los presupuestos con los datos al mismo nivel de detalle que en los propios presupuestos. No basta con agregarla por capítulos o por secciones, ni con limitarla a una parte del gasto. La Ley 19/2013 se limita a pedir información actualizada sobre el estado de ejecución, sin fijar periodicidad ni detalle.

El art. 28.2 sitúa en cada Consejería unidades de transparencia adscritas a la Secretaría General Técnica. La Oficina de Coordinación de la Transparencia tienta porque coordina a todas las Consejerías, pero es un órgano distinto, que depende de la Consejería competente en información pública; las unidades no se le adscriben.

El art. 16.f) pide la relación actualizada de las normas en curso, indicando su objeto y su estado de tramitación, y el 16.g) la de la normativa vigente. Las demás opciones se quedan en una parte: la publicación de los documentos sometidos a información pública existe (art. 16.d), pero no sustituye a la relación de todo lo que está en tramitación.

El art. 23.3.d) exige publicar los motivos que justifican que el servicio no se preste con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante, junto con la entidad encargada, el personal, los medios, el presupuesto y las subcontrataciones. Las demás opciones son controles que este artículo no pide.

El art. 29.4 enumera siete objetivos del Portal, entre ellos localizar la información obligada, ofrecer el derecho de acceso por vía electrónica con la información para ejercerlo y los procedimientos de reclamación, y facilitar la participación ciudadana. Ofrecer el procedimiento de reclamación no es resolverlo: el Portal informa y da acceso a la vía, pero no decide las reclamaciones.

El art. 11.2 manda publicar en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» esos acuerdos y los estatutos de las entidades, con sus modificaciones, y además los pone a disposición de todos en la web de la entidad. La web es un añadido, no la sustituye: por eso falla «únicamente en el Portal». Ni el BOE ni el Boletín de la Asamblea aparecen en este artículo.

El art. 29.2 pide que el Portal incluya el Registro de acceso y reclamaciones del título III, los instrumentos de participación y colaboración ciudadana y el Registro de Transparencia del título IV. Las declaraciones de bienes de los altos cargos se publican en el Portal (art. 12.3), pero el Registro de Bienes y Derechos es otro registro, al que se remiten, no una pieza del Portal.

El art. 12.3, en la redacción de la Ley 16/2023, ordena remitir la declaración a los Registros de Bienes y Derechos Patrimoniales y de Actividades y, además, a la dirección general competente en materia de transparencia, a efectos de su publicación en el Portal. Ni el Consejo de Transparencia ni la Cámara de Cuentas intervienen en esa remisión.

El art. 29.6 permite al resto de sujetos obligados publicar a través de sus propios portales, sedes o webs, pero exige garantizar el enlace electrónico a su ubicación desde el Portal de Transparencia. El Portal funciona como un contenedor que enlaza (art. 29.3): no hace falta copiar la información, pero tampoco basta con tenerla en una web suelta.

El art. 22.3 solo exceptúa los contratos declarados secretos o reservados cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, y exige justificarlo en el expediente. Los menores se publican trimestralmente (art. 22.2.c), y el procedimiento seguido es precisamente uno de los datos que se publican, con los motivos que lo justifican (art. 22.2.a).

El art. 18.a), en su número 14.º, pide publicar las razones de la desviación en todas las partidas reales que, comparadas con el presupuesto, excedan el 10 % de la cantidad prevista. La Ley 19/2013 no recoge esta obligación: pide los presupuestos y su estado de ejecución, sin umbral de desviación.

El art. 19.2 reconoce a cualquier persona el acceso al Inventario de Bienes y Derechos de todos los sujetos de la ley, preferentemente por vía electrónica. Un interés legítimo, la condición de diputado o una autorización de la Intervención General son requisitos que el artículo no pone.

El art. 18.b), en su número 3.º, pide los gastos de personal con su porcentaje sobre el gasto total, y además especificar los del personal directivo y eventual y los de los liberados sindicales, cada uno con su porcentaje sobre el gasto de personal y sobre el total. Los interinos y los temporales aparecen en la ley, pero contados como número de empleados (art. 14.2.a), no como partida de gasto.