Los créditos y las modificaciones presupuestarias

El art. 83.1 distingue los dos supuestos: si no existe crédito adecuado, crédito extraordinario; si existe pero es insuficiente y no ampliable, suplemento de crédito. En los dos casos el Consejo de Gobierno remite a la Asamblea un proyecto de ley que especifica cómo se financia. La ampliación queda descartada porque el crédito no es ampliable, y la generación responde a ingresos concretos (art. 88), no a una necesidad de gasto.

El art. 87.1 da esta transferencia al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de hacienda y previo informe favorable de la Comisión de la Asamblea competente en materia de presupuestos, en cuya reunión se oye a los portavoces de las comisiones afectadas. «Nadie» es la respuesta de quien estudió la Ley General Presupuestaria, que prohíbe transferir entre secciones y de capital a corriente (art. 52.1). Las transferencias no incluidas en el art. 87.1 las autoriza el titular de hacienda (art. 87.2).

El art. 78.4 define las aportaciones al sector público institucional como entregas dinerarias sin contraprestación consignadas nominativamente en el capítulo 8. Los capítulos 4 y 7 son los de las transferencias internas nominativas y de las transferencias nominativas a las universidades públicas (art. 78.1 y 78.3), y de ahí la confusión; el art. 78 no menciona los capítulos 6 ni 9.

El último párrafo del art. 73.2 saca de la vinculación general por agrupaciones homogéneas dos clases de créditos, que se vinculan con todo su detalle económico: los de atenciones protocolarias y representativas y los declarados ampliables (art. 85). Las retribuciones de altos cargos, las inversiones, las transferencias de capital y los estudios técnicos no están en esa lista y siguen la regla general que fije cada ley de presupuestos.

Según el art. 89, la habilitación la autoriza el titular de hacienda a iniciativa de la dirección general de presupuestos, y de ella se da cuenta al Consejo de Gobierno. La Comisión de presupuestos de la Asamblea interviene en otras modificaciones: informa las transferencias del art. 87.1 y las incorporaciones de remanentes no comprometidos del art. 90.3. Ni la Cámara de Cuentas ni la Intervención General reciben esta comunicación.

El art. 87.2 reserva al titular de hacienda, «en todo caso», las transferencias que afectan a las secciones de Créditos Centralizados y Fondo de Contingencia y las que derivan de reestructuraciones orgánicas o traspasos del Estado. El Consejo de Gobierno tienta porque en el Estado la aplicación del Fondo de Contingencia la aprueba el Consejo de Ministros (Ley General Presupuestaria, art. 50.2). La Comisión de la Asamblea informa, pero no autoriza.

El art. 86.2 fija tres limitaciones: no afectar a los créditos ampliables ni a los extraordinarios del ejercicio, no minorar créditos incrementados con suplementos o transferencias y no incrementar los minorados por transferencias anteriores. Las secciones distintas y el paso de capital a corriente son restricciones de la Ley General Presupuestaria (art. 52.1), no de la madrileña, que admite transferencias entre secciones (art. 87.1). Crear créditos nuevos está permitido expresamente (art. 86.1).

El criterio del art. 75.1.a) es el importe: el Consejo de Gobierno autoriza cuando la suma de todas las anualidades supera la cifra que fija a estos efectos la ley de presupuestos de cada año, salvo que se trate de reajustes o reprogramaciones de anualidades. Por debajo, autorizan los órganos superiores en los programas que tienen adscritos, y los gerentes y órganos directivos de su Administración institucional (art. 75.1.c). El número de ejercicios y el 70 % son límites de imputación del art. 74, no reglas de competencia.

El art. 73.2 dice que la clasificación económica tiene carácter informativo y que la vinculación de los créditos «será a nivel de agrupaciones homogéneas», según lo que disponga cada ley de presupuestos. El concepto tienta a quien viene de la Ley General Presupuestaria, donde es el nivel general al que se especifican los créditos del Estado (art. 43.1); ni el concepto, ni el capítulo, ni el subconcepto son la regla madrileña.

El art. 90.3 exige, para los remanentes no comprometidos, el informe favorable de la Comisión de la Asamblea de Madrid competente en materia de presupuestos: la Asamblea vigila que el gasto que no llegó a comprometerse no se arrastre sin control parlamentario. Los comprometidos no necesitan ese informe. La autoriza el titular de hacienda (art. 90.1), no el Consejo de Gobierno, y ni la Intervención General ni la Cámara de Cuentas informan aquí.

El art. 75.2 exige el informe previo de la dirección general competente en materia de presupuestos. Deja de ser preceptivo cuando la oficina presupuestaria certifica que hay crédito adecuado y suficiente en el proyecto de presupuestos del año siguiente y el gasto, o el reajuste, solo afecta a ese ejercicio. La Comisión de la Asamblea informa otras cosas (las transferencias del art. 87.1 y las incorporaciones del art. 90.3), y la Cámara de Cuentas hace el control externo.

El art. 80.2 permite al titular de hacienda, en situaciones excepcionales y previa autorización del Consejo de Gobierno, llevar a la Tesorería Central todas o parte de las disponibilidades líquidas de esos sujetos, con una sola excepción: las procedentes de cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta. Los fondos europeos, las herencias y las ventas no están exceptuados. Lo transferido deja de ser recurso propio del ente y puede generar crédito (art. 80.3).

El art. 74.2 fija el techo en cuatro ejercicios futuros, la misma cifra que la Ley General Presupuestaria para el Estado (art. 47.2). Pasar de cuatro solo es posible de forma excepcional, en casos especialmente justificados y con la autorización del titular de la Consejería competente en materia de hacienda (art. 74.4); dos, tres o cinco no son el límite legal.

El art. 76.1 permite el pago aplazado «cualquiera que sea el importe de la adquisición y el desembolso inicial», por acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta del titular de hacienda, y el resto del precio se reparte con los límites de anualidades y porcentajes del art. 74. La primera opción es la regla del Estado: la Ley General Presupuestaria solo difiere el pago de inmuebles de más de seis millones de euros y con un desembolso inicial de al menos el 25 % (art. 48.1).

El art. 90.1.a) limita la incorporación de los remanentes de créditos extraordinarios, suplementos y transferencias a los concedidos o autorizados en el último mes del ejercicio que, por causas justificadas, no hayan podido utilizarse; y se aplican a los mismos gastos que motivaron la modificación. Ni el último trimestre ni los dos últimos meses: es un mes. Una transferencia de cualquier otro momento del año no se incorpora por esta vía.

En la Administración de la Comunidad, el art. 83.1 lleva siempre el crédito extraordinario a la Asamblea: el titular de hacienda lo eleva al Consejo de Gobierno, que remite un proyecto de ley. La primera opción es la tentación estatal: la Ley General Presupuestaria deja que el Consejo de Ministros autorice los extraordinarios del ejercicio corriente financiados con el Fondo de Contingencia (art. 55.3). En Madrid solo se conceden sin ley los de los organismos autónomos y entes que no aumentan los presupuestos generales, hasta el 5 % (art. 83.2).

El art. 88.4 concentra la autorización de todas las generaciones en el titular de la Consejería competente en materia de hacienda. La primera opción reproduce el reparto estatal, donde cada ministro autoriza algunas generaciones en su presupuesto (Ley General Presupuestaria, art. 63.1.b). El Consejo de Gobierno no interviene, y la dirección general de presupuestos no autoriza modificaciones.

El art. 74.2 aplica al crédito inicial del ejercicio en que se autoriza la operación, a nivel de vinculación jurídica, un 70 % en el ejercicio inmediato siguiente, un 60 % en el segundo y un 50 % en el tercero y en el cuarto. La trampa habitual es seguir bajando diez puntos hasta un 40 % en el cuarto: el tercero y el cuarto comparten el 50 %. Lo propio de Madrid no está en esta escala, que coincide con la estatal, sino en la regla de los gastos corrientes en bienes y servicios.

La primera excepción del art. 86.3 son las transferencias que afectan exclusivamente a créditos para gastos del personal; le siguen, entre otras, las de reestructuraciones y traspasos, las de las secciones de créditos centralizados, deuda y fondo de contingencia, las de fondos europeos y las de arrendamientos. Los convenios entre departamentos son una excepción estatal (Ley General Presupuestaria, art. 52.2) que la ley madrileña no recoge. Los créditos protocolarios y las inversiones reales no están en la lista.

Es la temporalidad de los créditos: el art. 81 los declara anulados de pleno derecho, «sin perjuicio de lo establecido en el artículo 90», que regula las incorporaciones de crédito al ejercicio siguiente. No pasan solos al año siguiente ni al Fondo de Contingencia: para que un remanente sobreviva hace falta una incorporación autorizada. Coincide con la regla estatal (Ley General Presupuestaria, art. 49.2).