La ejecución y la liquidación de los presupuestos

El art. 104.1 fija la liquidación, en cuanto a cobros y pagos, el treinta y uno de diciembre del año natural al que corresponde el presupuesto, no en una fecha del año siguiente. Lo que quede pendiente pasa a cargo de la Tesorería Central (art. 104.2).

El art. 102.1 destina los anticipos de caja fija a la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos —dietas, locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo— que luego se aplican al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios. Los gastos sin justificantes previos y la emergencia son supuestos de los pagos a justificar (art. 101.2), y ni inversiones ni personal van al capítulo de bienes corrientes.

El art. 101.4 fija tres meses para rendir la cuenta, y seis para las de expropiaciones y pagos en el extranjero. Un mes es el plazo que tiene la Administración para aprobar o reparar la cuenta ya rendida (art. 101.5), no el del perceptor para rendirla. El plazo coincide con el estatal (Ley General Presupuestaria, art. 79.4).

El art. 94.1 da el proceso del gasto de los organismos autónomos a sus Gerentes, salvo lo que una norma con rango de ley reserve al Consejo de Gobierno. «Presidentes o directores» es la fórmula de la Ley General Presupuestaria para los organismos autónomos del Estado (art. 74.2). La Consejería de adscripción no gestiona los créditos del organismo.

El art. 93.5 atribuye en todo caso al titular de la Consejería competente en materia de hacienda la autorización o el compromiso del gasto de la sección «Deuda Pública». No hay una Consejería que «contraiga» la deuda por su cuenta, el tesorero central se ocupa del pago y no de autorizar el gasto, y el Consejo de Gobierno solo tiene las reservas del art. 95.

El art. 101.1 define los pagos a justificar por lo que les falta: se libran sin la previa aportación de la documentación justificativa del art. 96, que se rinde después. La provisión permanente de fondos a cajas pagadoras para gastos periódicos o repetitivos es el anticipo de caja fija (art. 102), la figura con la que se confunden.

El art. 92.1 abre la lista con la autorización: el acto de previsión por el que la autoridad competente acepta una propuesta de gasto y reserva el crédito adecuado. «Aprobación del gasto» es el nombre que le da la Ley General Presupuestaria estatal (art. 73), no la ley madrileña. La disposición es la segunda fase, y la reserva del crédito es un efecto de la autorización, no una fase con nombre propio.

La ley madrileña admite que el gasto que se autoriza esté calculado de forma cierta o aproximada, y en este caso precisa que la aproximación es por exceso, nunca por defecto. No exige la cifra exacta, que es lo que fija después la disposición, ni admite el cálculo por defecto, y no pone ningún margen porcentual.

El art. 101.2 enumera cuatro supuestos: que los justificantes no puedan aportarse antes de la propuesta de pago, los servicios prestados en el extranjero, las razones de oportunidad para agilizar la gestión y la tramitación de emergencia de la legislación básica de contratación pública. Los gastos en una localidad sin dependencia del órgano son un supuesto de la Ley General Presupuestaria (art. 79.2), que la ley madrileña no recoge. Los otros dos no aparecen en ninguna de las dos leyes.

El art. 93.2 reserva «en todo caso» al titular de cada Consejería tres clases de gasto: las transferencias y subvenciones nominativas, las aportaciones desde el capítulo 8 a entes del sector público autonómico y los gastos de personal del capítulo 1. Los gastos de cuantía indeterminada y los arrendamientos financieros de más de cuatro anualidades los reserva el art. 95 al Consejo de Gobierno, y la sección «Deuda Pública» es del titular de la Consejería de hacienda (art. 93.5).

El art. 104.2 deja a cargo de la Tesorería Central, según sus contracciones, los derechos reconocidos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago: no se pierden con el cierre, se cobran y se pagan después. Lo que se anula al cierre son los créditos que no están afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas (art. 81), que es otra cosa.

En Madrid la ampliación, a seis y doce meses, la decide el tesorero central a propuesta del órgano gestor del crédito (art. 101.4). En el Estado la decide el Ministro, o los presidentes o directores de los organismos, con informe de sus Intervenciones (art. 79.4 de la Ley General Presupuestaria): por eso tienta la primera opción. La Intervención General no amplía plazos, y el Consejo de Gobierno no interviene.

El art. 104.5 dice que los remanentes del ejercicio tienen la consideración de recursos propios. No son créditos que se amplíen solos en el ejercicio siguiente ni deuda; «operaciones extrapresupuestarias» es lo que la ley dice de los anticipos de caja fija (art. 102.1).

La propuesta de pago, última fase del proceso del gasto en Madrid, se dirige a la Consejería competente en materia de hacienda o a quien tenga encomendadas las funciones del proceso de pago del art. 99. El «ordenador general de pagos» es la figura estatal ante la que el ministro interesa el pago (art. 74 de la Ley General Presupuestaria). La Intervención General controla, pero no paga, y el Consejo de Gobierno no interviene en el pago ordinario.

El art. 95.1.e) reserva al Consejo de Gobierno los gastos de contratos pagados mediante arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra cuando el número de anualidades supera cuatro años. Por debajo de ese umbral, la regla general de los arts. 93 y 94 deja la competencia al órgano gestor.

El art. 96 permite, de acuerdo con las instrucciones del titular de la Consejería de hacienda, eximir de la acreditación previa cuando normas de obligado cumplimiento lo hagan imposible, pero sin perjuicio de acreditarlo después. La Ley General Presupuestaria (art. 73.4) exige la acreditación previa sin prever esa exención, que es lo que lleva a contestar «no». La dispensa no es de la Intervención ni depende de la cuantía.

El art. 104.3 desafecta los ingresos que llegan una vez cerrado el presupuesto, sin perjuicio de reconocerlos y volver a afectarlos con cargo al ejercicio en curso. No se aplican al presupuesto cerrado, no van a ningún fondo concreto y no se devuelven.

El art. 100 manda acomodar las órdenes de pago al plan general de disposición de fondos de la Tesorería Central que establece el titular de la Consejería de hacienda, y que puede revisarse durante el ejercicio según las disponibilidades de la Tesorería. No lo aprueba el Consejo de Gobierno, y la ley no impone un orden estricto de antigüedad.

El art. 95.1 reserva al Consejo de Gobierno, entre otros, los gastos de los contratos de obras bajo la modalidad de abono total del precio (letra d). Los de personal del capítulo 1 son del titular de cada Consejería (art. 93.2.c); los de «Deuda Pública», del titular de la Consejería de hacienda (art. 93.5), y en las prórrogas de los arrendamientos el gasto lo autoriza el órgano competente en los programas adscritos, sea cual sea su cuantía (art. 93.4).

El art. 102.3 dice que esos fondos forman parte de la Tesorería Central, la tesorería de la Comunidad. «Tesoro Público» es la expresión de la Ley General Presupuestaria para los fondos del Estado (art. 78.5). Las unidades administrativas los gestionan y justifican, pero no son suyos.