La estabilidad presupuestaria y los Presupuestos Generales de la Comunidad

Lo que se acababa en el ejercicio cuyo presupuesto se prorroga no se arrastra al siguiente (art. 72.2): sería prorrogar un gasto que ya no tiene objeto. Los demás créditos siguen prorrogados, con la estructura adaptada a la organización administrativa vigente (art. 72.3).

El art. 65.6 permite a la Consejería de hacienda actualizarlos en cualquier momento, cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen. Es cierto que cada año los escenarios nuevos actualizan los anteriores (art. 65.5), y así lo hace el Estado (Ley General Presupuestaria, art. 28.3), pero en Madrid no es la única vía. No hace falta una ley ni hay un límite semestral.

La ley madrileña fija un suelo del 0,5 % del presupuesto no financiero, y la cuantía exacta la pone cada ley de presupuestos (art. 53.2). El 2 % es la cifra estatal: la Ley 47/2003 (art. 50) dota el Fondo de Contingencia del Estado con el dos por ciento de sus gastos no financieros. Es fácil arrastrarla a Madrid.

El art. 54.4 da tres meses desde que se constata el incumplimiento para aprobar el plan, que a su vez puede durar como máximo dos años. Seis es otra cifra del mismo artículo, pero de otra cosa: el máximo de mensualidades retenidas que se devuelven al reanudar los pagos (art. 54.6).

El art. 67.3 obliga a pedir informe a la Consejería de hacienda sobre todo proyecto de ley, disposición, acuerdo o convenio que pueda subir el gasto, bajar los ingresos o comprometer ejercicios futuros, y le da quince días para emitirlo. La solicitud va con una memoria económica.

El art. 51.4 encarga al Consejo de Gobierno ajustar la ejecución presupuestaria, en la proporción que corresponda, cuando cambian ciertas circunstancias externas, y la letra b) es precisamente que las entregas a cuenta resulten distintas de las previstas. No hace falta una ley ni esperar a la liquidación; y la prórroga es la figura del presupuesto no aprobado a tiempo (art. 72), no esta.

El art. 56.3 deja fuera los presupuestos de las universidades públicas y de sus entidades dependientes. La Asamblea, los consorcios y las fundaciones adscritos sí están en la lista del art. 56.1. La intuición estatal engaña: la Ley 47/2003 sí mete en los Presupuestos Generales del Estado, como estimativos, los de las universidades no transferidas.

Al ejercicio se imputan las obligaciones reconocidas hasta el fin de diciembre, siempre que el gasto se haya realizado dentro del ejercicio y con cargo a sus créditos (art. 57.2.b). No hay un periodo complementario en enero o marzo; lo que se reconoce después va, en su caso, por las excepciones del art. 57.3.

El art. 57.4 admite un ciclo productivo distinto del año natural, con los ajustes necesarios, pero no superior a doce meses: puede empezar en otra fecha, no durar más que un ejercicio.

Para la Asamblea, la Cámara de Cuentas, la Administración, sus organismos autónomos y los entes de Derecho público de régimen especial, el presupuesto es un techo: las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer (art. 55.1.a). La estimación de gastos e ingresos es lo propio de las sociedades, los consorcios, las fundaciones y los entes sometidos a derecho privado (letra b). Tampoco expresa pagos, sino obligaciones.

Los escenarios madrileños miran cuatro ejercicios por delante (art. 65.4). Los tres son la cifra estatal: la Ley 47/2003 (art. 28.1) refiere los límites de sus escenarios a los tres ejercicios siguientes.

El art. 64 pide, para los organismos autónomos mercantiles, una cuenta de operaciones comerciales con el detalle de sus ingresos y gastos. El anexo de inversiones por municipios es documentación del proyecto de ley entero (art. 70.3.e), no de estos organismos.

Es una orden del titular de la Consejería de hacienda, que fija los criterios, la documentación, las técnicas y los plazos para elaborar el anteproyecto (art. 69). El Consejo de Gobierno interviene después, al aprobar el proyecto; la Mesa de la Asamblea, solo cuando el proyecto ya ha llegado a la Cámara.

Vender una inversión real es un ingreso de capital, junto a las transferencias de capital (art. 63.3). Los ingresos patrimoniales son corrientes —lo que rinde el patrimonio, no su venta—, y las operaciones financieras recogen los activos y pasivos financieros.

La Ley 5/2025 solo pone el suelo, el 0,5 % del presupuesto no financiero; la cuantía de cada año la fija la ley de presupuestos generales (art. 53.2). La cifra fija en la propia ley de Hacienda es el modelo estatal: la Ley General Presupuestaria dota el Fondo de Contingencia con el 2 % de los gastos no financieros (art. 50.1). Tampoco la decide una orden ni un acuerdo del Gobierno.

El art. 55.1 separa dos grupos. Las sociedades mercantiles van en la letra b), con los entes sometidos a derecho privado, los consorcios y las fundaciones: para ellos el presupuesto recoge estimaciones. La Cámara de Cuentas, los organismos autónomos y los entes de régimen especial están en la letra a), la de las obligaciones que como máximo pueden reconocer.

Las secciones de la clasificación orgánica son la Asamblea, la Cámara de Cuentas, la Presidencia, cada Consejería, el Fondo de Contingencia y las demás que se determinen (art. 60). Los gastos de personal y las transferencias de capital son partidas de la clasificación económica (art. 62), y los programas son la clasificación funcional (art. 61).

Los gastos financieros (los intereses, en la práctica) son gasto corriente, junto a los de personal, los de bienes y servicios y las transferencias corrientes (art. 62.2). El nombre engaña: los activos y pasivos financieros son las operaciones financieras (art. 62.4), y las inversiones reales y las transferencias de capital son gastos de capital (art. 62.3).

La prórroga dura hasta que los nuevos presupuestos se publican en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entran en vigor (art. 72.1): no basta con aprobarlos. El Boletín Oficial del Estado es el de la prórroga estatal (Ley 47/2003, art. 38.1), y la ley no pone ningún plazo máximo.

Para los derechos manda el momento del reconocimiento: se imputan los reconocidos durante el ejercicio, vengan del periodo que vengan (art. 57.2.a). Por eso es falso exigir que el hecho sea del propio año, y también imputar lo devengado pero reconocido después. La recaudación no es el criterio.