El Régimen de Clases Pasivas del Estado: ámbito, derechos pasivos, competencia y procedimiento

El artículo 17 prohíbe «en ningún caso» declarar derechos pasivos antes de que ocurra el hecho causante, que aquí es la jubilación, o sin que se reúnan todos los requisitos. Da igual que ya tenga los años de servicio: hasta que no se jubile no hay derecho que declarar. El derecho se ejercita desde el día siguiente al hecho causante (art. 7.2), no antes.

El artículo 6.2 los declara imprescriptibles: el derecho a la pensión no se pierde por pedirla tarde. Lo que se limita es el alcance de sus efectos, y para eso remite al artículo 7: lo que se cobra hacia atrás tiene un tope de tres meses. Esos tres meses son, por tanto, un límite a la retroactividad, no un plazo para solicitar. La regla vale igual para los derechos de los familiares.

El artículo 15.2 permite reformar en cualquier tiempo, con acuerdo motivado, los actos sujetos a revisión periódica, a condición o provisionales que se revelen indebidos. La condición es que su carácter provisional, revisable o condicional conste en el propio acto o en una disposición general. Por eso no hace falta la declaración de lesividad ni el consentimiento del interesado.

El artículo 8.1 permite terminar el procedimiento si quien tiene interés legítimo lo pide: se hace la declaración que corresponda y las cantidades devengadas se pagan a los herederos por derecho civil. No se archiva por la muerte, ni sigue sin que nadie lo inste. Las pensiones de viudedad y orfandad son otros derechos, que nacen del fallecimiento y se piden aparte.

El artículo 16.2 exige revisar o reformar primero el acto o acuerdo que originó el pago: mientras ese acto siga en pie, el cobro no es indebido a efectos de reclamarlo. La Administración lo revisa ella misma por las vías del artículo 15; no necesita una sentencia ni la conformidad del pensionista.

El artículo 7.2 abre el ejercicio del derecho el día siguiente al hecho causante, sea la jubilación o el fallecimiento. El primer día del mes siguiente es otra cosa: es cuando empieza a devengarse la pensión (art. 20). Antes del hecho causante no se puede pedir nada, porque el artículo 17 prohíbe las declaraciones preventivas.

El artículo 11.1 fija el silencio negativo: sin resolución expresa en plazo, la petición se entiende desestimada, y el interesado puede recurrir. Es una excepción a la regla general del silencio estimatorio en los procedimientos a solicitud del interesado. La caducidad tampoco cabe, porque el procedimiento lo inició el interesado y el retraso es de la Administración.

El artículo 8.3 da cinco años desde el día siguiente al fallecimiento, y pasado ese término el derecho prescribe. Aquí sí hay prescripción, porque no se reclama un derecho pasivo, que es imprescriptible (art. 6.2), sino unas cantidades ya devengadas. Los tres meses son el tope de retroactividad del artículo 7.2, no un plazo para los herederos.

El artículo 14.2 lo dice expresamente: no se reputan recursos las solicitudes que se basan en que ha desaparecido la incompatibilidad que motivó la denegación, ni las que alegan hechos o derechos nuevos. Son solicitudes nuevas, así que no les afectan los plazos de los recursos; lo que se cobre hacia atrás se rige por las reglas de caducidad de efectos (art. 7.2).

Quien se jubiló o falleció antes del 1 de enero de 1985 queda fuera del título I: sus derechos pasivos se rigen por la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, con las modificaciones del título II (art. 3.2.a). El título I es para quien seguía en cualquier situación administrativa después de esa fecha (art. 3.1.a). La fecha de la solicitud no cambia la ley aplicable.

La letra h) del artículo 2.1 mete en el ámbito de cobertura a los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación definitiva a su cuerpo, escala o plaza, así que no hay que esperar a la toma de posesión. El enunciado fija 2009 a propósito: quien ingresa desde 2011 en un cuerpo de la Administración Civil del Estado tiene sus pensiones en el Régimen General, no en Clases Pasivas.

El reintegro se rige por las normas de reintegro de prestaciones indebidas de la Seguridad Social, pero el artículo 16.1 añade una vía: si quien debe sigue cobrando esa pensión u otra de Clases Pasivas, la deuda puede pagarse con cargo a las mensualidades siguientes. No se exige un pago único ni se limita a las pagas extraordinarias.

Ante dos prestaciones incompatibles, el artículo 9 deja la elección al interesado: cobra la que estime más conveniente. La Administración no decide por él ni la antigüedad da preferencia, y el texto no prevé cobrar las dos reducidas.

El artículo 6.1 declara los derechos pasivos inalienables e irrenunciables y prohíbe expresamente que sean objeto de cesiones, convenios o contratos de cualquier clase: nacen, se transmiten y se extinguen solo por las causas que fija el propio texto. Ni la forma pública, ni el destinatario, ni que la pensión ya esté reconocida cambian la respuesta. Que los familiares puedan tener derechos propios es otra cosa: los causa la ley, no un contrato.

El corte del artículo 3.1.a) no mira la fecha de ingreso, sino la de la jubilación: entra en el título I el funcionario que seguía en cualquier situación administrativa —activo, excedente u otra— después del 31 de diciembre de 1984 y no se había jubilado antes. Quien ingresó en 1970 y se jubiló en 1995 está en el título I. Los jubilados o fallecidos antes de 1985 se rigen por la legislación anterior (art. 3.2).

El artículo 13.2 equipara a servicios prestados al Estado, o a la Administración que corresponda, el tiempo como funcionario en prácticas pendiente de incorporación, igual que los servicios reconocidos por indulto o amnistía. Por eso se reconocen como cualquier otro servicio a efectos de Clases Pasivas, sin un mínimo de duración.

El artículo 2.1 enumera quién está dentro: los funcionarios de carrera civiles del Estado, el personal militar de carrera, los funcionarios de la Administración de Justicia, los de las Cortes Generales y, si su ley lo prevé, los de otros órganos constitucionales, entre otros. El personal laboral y el eventual no son funcionarios de carrera, y los funcionarios de las entidades locales no figuran en la lista. Es la lista del texto: los funcionarios civiles del Estado que ingresan desde 2011 tienen sus pensiones en el Régimen General.

La letra e) del artículo 2.1 no los incluye sin más: los incluye «siempre que su legislación reguladora así lo prevea». Las Cortes Generales tienen su propia letra, la d), sin esa condición. El texto no da a cada funcionario una opción, ni hace depender la inclusión de que el órgano tenga o no mutualidad.

El artículo 8.2 cierra la cuestión: si los haberes estaban devengados y los percibió el interesado o la comunidad hereditaria, los servicios de Clases Pasivas no pueden pedir su reintegro. Lo que importa es que estuvieran devengados al morir, no quién los cobró ni si se pidieron en vida. Lo indebido es lo cobrado de más, que se rige por el artículo 16.

El artículo 7.1 pone la iniciativa en el interesado o su representante legal, que puede actuar por sí o por medio de mandatario. La incoación de oficio existe, pero solo en los supuestos que fije el reglamento, así que no es la regla ni ocurre «en todo caso». Ni el órgano de personal ni la mutualidad instan el reconocimiento por el funcionario.