Las pensiones de Clases Pasivas en favor de los familiares y las extraordinarias

La base reguladora de la viudedad es una pensión de jubilación (art. 39.1): la que se le señaló o, si murió antes de la edad de jubilación forzosa sin estar jubilado, la que le habría correspondido al llegar a esa edad, sin cambiar de cuerpo. Solo si muere en excedencia voluntaria o suspensión firme se calcula con los servicios prestados hasta entonces, que es el distractor tentador. Las retribuciones en activo no cuentan.

El artículo 49.1 calcula la extraordinaria con las reglas de la ordinaria (arts. 30 y 31), con dos particularidades: los años que faltaban hasta la jubilación forzosa cuentan como servidos en el último cuerpo, y el haber regulador se toma al 200 por 100. La pensión ordinaria por incapacidad cuenta también esos años, pero con el haber al 100 por 100.

El artículo 35 no exige carencia alguna para los derechos de los familiares: basta el fallecimiento del funcionario comprendido en el capítulo (art. 34.1). La carencia de años de servicio solo se pide para la pensión ordinaria de jubilación en favor del propio funcionario (art. 29). El año que pide la ley cuando la muerte se debe a enfermedad común es otra cosa: la duración del matrimonio para la pensión de viudedad (art. 38.1).

Como regla, la ausencia legal no hace nacer los derechos de los familiares, que esperan a la declaración de fallecimiento (art. 34.2). Pero si la ausente ya cobraba pensión de jubilación, o por su edad y sus años de servicio tenía derecho a ella, los familiares pueden acceder a la pensión que les correspondería por su muerte. Se reconoce con carácter provisional, desde el día 1 del mes siguiente a la declaración de ausencia.

El artículo 48.1 reconoce la pensión extraordinaria de jubilación cualquiera que sea el tiempo de servicios prestados al Estado: el riesgo del servicio no espera a la carencia. Lo mismo pasa con las extraordinarias en favor de familiares (art. 48.2), y con las ordinarias de los familiares (art. 35). La carencia solo se exige para la jubilación ordinaria.

El artículo 37 quáter impide abonar la pensión del menor a quien tenga su patria potestad o tutela cuando contra él haya una resolución judicial con indicios racionales de un homicidio doloso del causante, o una condena firme por ese delito. No hay que esperar a la sentencia firme. Además, se informa al Ministerio Fiscal para que inste las medidas de protección del menor.

El artículo 53 aplica al personal interino, a los funcionarios en prácticas y a los alumnos de academias militares del artículo 3.1 las reglas generales de las pensiones. Para el cálculo, el funcionario en prácticas toma los haberes reguladores del cuerpo, plaza o carrera al que corresponde; el haber del cuerpo homologable es la regla del interino. El enunciado fija 2008: desde 2011, quien ingresa en un cuerpo de la Administración Civil del Estado está en el Régimen General a efectos de pensiones.

La adopción no le quitó la pensión causada por su madre: el artículo 41.5 la mantiene a los hijos e hijas de una causante fallecida como consecuencia de violencia sobre la mujer. Pero la pensión o prestación de orfandad que genere después la muerte de una de las personas adoptantes es incompatible con la que ya cobra, y tiene que optar por una de ellas; no pierde la de su madre sin elegir. No vale aquí la regla general que deja cobrar hasta tres pensiones causadas por personas distintas (art. 25.1), y el límite conjunto del 100 por 100 es el tope de las pensiones de varios huérfanos de un mismo causante (art. 42.4).

El artículo 51.1 les atribuye las tres pensiones en favor de familiares: viudedad, orfandad y en favor de los padres, reguladas por las mismas normas que las del resto del personal, salvo la base reguladora, que fija cada año la ley de presupuestos. Lo mismo vale para los ex Presidentes del Congreso, del Senado, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, entre otros.

El artículo 41.1, en la redacción del Real Decreto-ley 31/2026, presume la orfandad absoluta cuando el progenitor supérstite ha abandonado la responsabilidad familiar y el acogimiento o la tutela de la persona huérfana por violencia contra la mujer se ha otorgado a terceros o a familiares. Que el padre siga vivo no impide la presunción, y la ley no pide una condena firme contra él. Tampoco exige que la tutela sea de una entidad pública: vale la de un familiar, como la abuela.

El artículo 39.3 aplica el 50 por 100 a la base reguladora, que es la pensión de jubilación del causante. El 25 por 100 es para cuando el causante murió después de habérsele señalado una pensión extraordinaria por inutilidad en acto de servicio, y el porcentaje sube en unos puntos si el beneficiario cumple ciertos requisitos de edad e ingresos. El 52 por 100 es el porcentaje general de la viudedad en el Régimen General, que no rige aquí.

El artículo 37.1 cuenta los efectos económicos de los nuevos derechohabientes desde el primer día del mes siguiente a su solicitud, y obliga a los que ya cobraban a reintegrar lo percibido de más desde esa fecha. No se espera a la notificación ni a que los demás devuelvan nada. Lo anterior a la solicitud no se pierde del todo: la Administración le abona las diferencias desde el nacimiento del derecho, dentro de la caducidad del artículo 7.2 (art. 37.2).

El artículo 47.3 equipara la declaración de fallecimiento del funcionario desaparecido en acto de servicio, tramitada conforme al Código Civil, al fallecimiento en acto de servicio: da pensiones extraordinarias en favor de los familiares. No hace falta que aparezca el cuerpo ni que la muerte conste de otro modo.

El artículo 37 ter manda suspender cautelarmente el abono de la prestación en cuanto hay una resolución judicial con indicios racionales de un homicidio doloso del causante, y mantener la suspensión hasta la resolución firme que ponga fin al proceso. Si al final se le condena, se revisa el reconocimiento y devuelve lo cobrado (art. 37 bis); si no, se le paga lo suspendido. No se extingue de antemano ni se espera a la condena para dejar de pagar.

El artículo 42.9, en la redacción del Real Decreto-ley 31/2026, fija un importe mínimo mensual, el doble del salario mínimo interprofesional, para las hijas e hijos titulares de la pensión de orfandad causada por la víctima de violencia contra la mujer. Antes, ese apartado daba a estos mismos huérfanos el incremento previsto para la orfandad absoluta, y de ahí viene la confusión con la orfandad absoluta; pero el mínimo del 42.9 no es de toda orfandad absoluta, sino de la causada por esa violencia. La edad del huérfano o su incapacidad deciden si se tiene derecho a la pensión (art. 41.1), pero no dan un mínimo especial.

El artículo 42.7 lo excluye «en ningún caso»: lo que deja de cobrar un huérfano no se suma al de los demás titulares causados por la misma persona, ni tampoco a la viudedad. Solo se recalculan las pensiones cuando se habían reducido por superar el límite conjunto (art. 42.5), que no es el caso: con viuda, el límite es el 50 por 100 y dos huérfanos suman el 35. El derecho de acrecer solo existe en las pensiones por terrorismo (art. 49.3).

Si la muerte se debe a una enfermedad común anterior al matrimonio, el artículo 38.1 exige un año de matrimonio, salvo que haya hijos comunes o que la convivencia previa como pareja de hecho, sumada al matrimonio, pase de dos años. Aquí no se da nada de eso, así que no hay pensión de viudedad. Pero la viuda no se queda sin nada: tiene una prestación temporal de igual cuantía durante dos años.

El artículo 44.1 da la pensión, indistintamente, al padre y a la madre que dependían económicamente del causante al fallecer, siempre que no haya cónyuge supérstite ni hijos con derecho a pensión; si los hay, los padres esperan a que se extinga el último de esos derechos. No se exige edad, y es una pensión ordinaria, que no necesita acto de servicio. Ingresó en 2002, antes de 2011: está en Clases Pasivas.

El artículo 47.4 presume el acto de servicio cuando la incapacidad permanente o el fallecimiento ocurren en el lugar y el tiempo de trabajo, y la presunción admite prueba en contrario. La carga de probar que no fue acto de servicio pasa así a quien lo niega, sin que haga falta una sentencia.

El artículo 50.1 hace incompatibles las pensiones extraordinarias con las ordinarias que se pudieran pedir por el mismo hecho causante: una misma jubilación no da dos pensiones. La extraordinaria ya incorpora la mejora por el acto de servicio, con el haber regulador al 200 por 100 (art. 49.1).