Las pensiones de Clases Pasivas: disposiciones generales y jubilación o retiro

La fórmula del artículo 31.2 es P = R1C1 + (R2−R1)C2: el haber del primer cuerpo se multiplica por el porcentaje de los años desde que entró en él hasta jubilarse, y la mejora de haber del segundo cuerpo, por el porcentaje de los años desde que accedió a este. Por eso no se cuentan solo los años de cada cuerpo por separado: cada haber cuenta hasta el final de la carrera. Los años que faltaban para la jubilación forzosa solo se suman en la jubilación por incapacidad (art. 31.4).

El período de carencia del artículo 29 es de quince años de servicios efectivos al Estado. Treinta y cinco años no son un requisito: son los que dan el cien por cien del haber regulador en la escala del artículo 31. Las pensiones en favor de familiares no exigen carencia (art. 35).

El artículo 28.2.c) pide tres cosas: que el proceso esté estabilizado, que sea irreversible o de reversibilidad remota o incierta, y que imposibilite totalmente para las funciones propias de su cuerpo, escala, plaza o carrera, con dictamen preceptivo y vinculante del órgano médico. Basta la incapacidad para las funciones de su cuerpo: la inhabilitación para toda profesión u oficio se exige en otros colectivos, como el personal militar de empleo (art. 52 bis).

El artículo 31.4 trata los años completos que faltan hasta la edad de jubilación forzosa como servicios efectivos prestados en el cuerpo, escala o plaza al que figuraba adscrito al cesar por la incapacidad. La excepción es la del funcionario que se jubila por incapacidad estando en excedencia voluntaria o suspensión firme: a él no se le cuentan. Por eso el enunciado dice que estaba en servicio activo.

Una única prestación de servicios no da dos pensiones: hay que optar por una (art. 26.1). Pero si se opta por la ajena a Clases Pasivas y hay otro período de servicios no simultáneo con el que la originó, el artículo 26.2 reconoce la pensión de Clases Pasivas que se deduzca solo de ese período. Ni se pierde todo ni se computa todo: cada período de servicio cuenta una sola vez.

El artículo 20.1.a) fija el devengo el primer día del mes siguiente al de la jubilación: jubilado en marzo, la pensión se devenga desde el 1 de abril. Marzo lo cobra aún como activo. El día siguiente al hecho causante es otra fecha: la desde la que se puede pedir el reconocimiento (art. 7.2).

El artículo 18.2 las define como exclusivamente económicas y de pago periódico, y las concreta en cuatro pensiones: jubilación o retiro, viudedad, orfandad y en favor de los padres. No hay prestaciones en especie ni sanitarias: la asistencia sanitaria es del mutualismo administrativo, el otro mecanismo del régimen especial.

La regla del artículo 33.4 es la incompatibilidad, pero si el pensionista no está incapacitado para toda profesión u oficio puede compatibilizar la pensión con una actividad distinta de la que hacía al servicio del Estado, en los términos del reglamento y con la pensión reducida mientras dure. La misma actividad no, porque para ella es precisamente para lo que se le declaró incapaz.

Los años cotizados a otro régimen público que no fueron simultáneos con los servicios al Estado cuentan como servicio efectivo (art. 32.1.e), pero el artículo 32.2.e) los coloca en el cuerpo de menor haber regulador del interesado: no se valoran como si se hubieran prestado en su mejor cuerpo. Si esos años dieran también pensión en el otro régimen, las dos serían incompatibles.

El artículo 25.1 declara incompatible percibir a la vez más de tres pensiones ordinarias de jubilación, viudedad, orfandad o en favor de los padres causadas por personas diferentes: el tope es tres. Cuando las causa una misma persona, la regla es más estricta: no caben dos o más a la vez (art. 25.2).

Desde el 1 de noviembre de 2026, el artículo 27.2, en la redacción del Real Decreto-ley 31/2026, fija el importe mínimo mensual de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo en el doble del salario mínimo interprofesional mensual vigente en cada momento. La referencia es el salario mínimo, no el indicador público de renta de efectos múltiples: el triple de ese indicador era el mínimo que fijaba para estas pensiones de la Seguridad Social el artículo 61.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que el mismo real decreto-ley cambia también al doble del salario mínimo. Tampoco es el salario mínimo sencillo, sino el doble.

El artículo 28.2.b) permite la jubilación voluntaria, a instancia de parte, con sesenta años de edad y treinta de servicios efectivos al Estado, y ella reúne las dos cosas. Treinta y cinco años es lo que da el cien por cien del haber regulador en la escala del artículo 31, no un requisito para jubilarse. El enunciado fija el ingreso en 1994: quien ingresó desde 2011 se jubila por las reglas del Régimen General.

El artículo 33.5 suspende la pensión por meses completos, desde el primer día del mes siguiente al inicio de la actividad incompatible y hasta el último día del mes en que termine. Empezó el 10 de mayo, así que se suspende desde el 1 de junio. Solo si la actividad empieza el día 1 de un mes se suspende desde ese mismo día.

El artículo 30.1 remite a la ley de presupuestos de cada año la fijación de los haberes reguladores, y desde 1985 se asignan por el grupo de clasificación del cuerpo, según la titulación (art. 30.2). Por eso la pensión no depende de lo que cobraba el funcionario en activo, sino del haber regulador de su grupo y de sus años de servicio.

El artículo 33.1 hace incompatible la pensión de jubilación con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, entendido como lo define la Ley 53/1984, que incluye a las entidades locales. Las excepciones son las que remite a esa ley, no la jornada parcial. La compatibilidad con un trabajo privado es otra cosa, con sus propios requisitos (art. 33.2).

El artículo 19.1 distingue por el hecho causante: ordinaria si ocurre en circunstancias ordinarias, extraordinaria si la lesión, la muerte o la desaparición se producen en acto de servicio o como consecuencia de él. La concedida por ley a una persona determinada es otra clase, la pensión excepcional (art. 19.2). La extraordinaria también tiene en cuenta los años de servicio (art. 49), y el número de pagas es el mismo para todas.

Desde el 1 de abril de 2025, el artículo 33.2 hace compatible la pensión de jubilación forzosa con una actividad que obligue al alta en la Seguridad Social si a la pensión se accedió al menos un año después de cumplir la edad que corresponda. La pensión se cobra entonces en un porcentaje que crece con los años de demora. Exigir el cien por cien del haber regulador era la regla anterior, que ya no está en el texto vigente.

El artículo 27.4 permite complementar hasta el mínimo las pensiones que no lo alcancen siempre que sus beneficiarios residan en territorio español, y lo hace incompatible con ingresos por encima de un límite. No pide nacionalidad —que tampoco condiciona los derechos pasivos (art. 24)— ni una edad o unos años de servicio. El importe mínimo y el límite de ingresos los fija cada año la ley de presupuestos.

El artículo 21.1 permite embargar la pensión, pero solo en los casos, en la proporción y con la preferencia que fijan las leyes civiles, y exige al juez que diga en el mandamiento que no hay otros bienes preferentes y que no excede de lo embargable. La inembargabilidad del artículo 6.1 se refiere al derecho pasivo en sí; la pensión que ya se cobra puede embargarse dentro de los límites de las leyes civiles, sea quien sea el acreedor, y nunca más allá de ellos.

El artículo 32.1.b) cuenta como servicio efectivo el tiempo en servicios especiales y en excedencia forzosa, además de las antiguas excedencia especial y supernumerario. La lista es taxativa (art. 32.4), y en ella no están las excedencias voluntarias ni la suspensión firme. Por eso quien se jubila por incapacidad estando excedente voluntario o suspenso tampoco suma los años que le faltaban (art. 31.4).