El fomento de la conservación del patrimonio natural

El art. 76.1 separa dos papeles: las Administraciones Públicas fomentan, y los acuerdos se hacen entre entidades de custodia y propietarios. Por eso falla poner a las Administraciones frente al propietario; cuando la del Estado entra en un acuerdo de cesión (76.2), lo hace como titular de los terrenos y frente a una entidad de custodia. Los usuarios tientan porque la definición del art. 3.9 habla de «propietarios y usuarios», pero el 76.1 nombra como parte de estos acuerdos a los propietarios.

El art. 77.1 se lo encarga a las comunidades autónomas. La Administración General del Estado tienta porque el incentivo aparece en una ley estatal, pero esa ley deja la regulación en manos de las comunidades. El Consejo Estatal tampoco: es un órgano de participación pública (art. 8), y este artículo no lo nombra. Las entidades de custodia son aquellas ante las que los propietarios formalizan los acuerdos, no quienes regulan los incentivos.

El art. 75, que llama a este órgano «Ministerio de Medio Ambiente», une dos rasgos: entidades de ámbito estatal y actuaciones que afecten a más de una comunidad autónoma. Hay que tener los dos, y por eso fallan las dos opciones que mezclan uno con su contrario. Tienta la ayuda a lo autonómico, porque la gestión suele ser de las comunidades, pero el artículo deja esta vía para lo que las cruza. Aun así las comunidades no quedan fuera: se pide, en su caso, la previa aceptación de aquellas cuya gestión se vea afectada.