La garantía de los derechos digitales

El art. 91 abre la puerta en un solo sentido: los convenios colectivos pueden añadir garantías a los derechos digitales y a la protección de los datos de los trabajadores. Lo que la ley reconoce es un mínimo, así que un convenio no puede recortarlo, ni excluyendo puestos de la desconexión ni rebajando la información que exige la videovigilancia.

El art. 94.3 da un trato reforzado a lo facilitado durante la minoría de edad, lo publicara el propio afectado o un tercero: el prestador lo suprime sin dilación y a su simple solicitud, sin que tengan que darse las circunstancias del apartado 2. Quien lo pide es el propio afectado, no sus padres.

El art. 88.1 dice para qué sirve la desconexión: que fuera del tiempo de trabajo, legal o pactado, se respeten el descanso, los permisos, las vacaciones y la intimidad personal y familiar. No convierte la conexión fuera de horario en horas extraordinarias que pagar —lo que protege es no tener que estar conectado—, ni regula los medios del teletrabajo o el uso de dispositivos propios.

Admitir el uso privado no cierra el acceso, pero lo condiciona: el art. 87.3 exige especificar de modo preciso qué usos están autorizados y establecer garantías de la intimidad, como fijar los periodos en que el dispositivo puede usarse con fines privados. No basta la regla general, y la ley no lo hace depender de un consentimiento caso por caso ni de una autorización de la Agencia.

La grabación de sonidos es más restrictiva que la imagen: el art. 89.3 la admite únicamente cuando la actividad del centro genera riesgos relevantes para la seguridad de las instalaciones, los bienes y las personas, y siempre con proporcionalidad e intervención mínima. Informar es necesario, pero no suficiente; y ni el convenio ni un fin comercial como la calidad del servicio la habilitan.

El art. 80 concreta la neutralidad en una obligación de los proveedores: ofrecer sus servicios con transparencia y sin discriminar por motivos técnicos o económicos. El precepto no les impone una tarifa única, ni una velocidad mínima garantizada, ni un filtrado de contenidos a petición del usuario: lo que exige es transparencia y no discriminar.

El art. 87.3 obliga al empleador a fijar esos criterios respetando unos estándares mínimos de intimidad, y exige que en su elaboración participen los representantes de los trabajadores; después hay que informar a la plantilla. La ley no pide que los apruebe ni los valide la Agencia, la Inspección de Trabajo o el delegado de protección de datos.

El art. 83.4 no lo extiende a todo el empleo público: señala dos grupos, los cuerpos superiores y aquellos en los que habitualmente se desempeñan funciones que implican acceder a datos personales, y entre las materias destaca la protección de datos. No lo limita a los perfiles informáticos ni lo reduce a la promoción interna o a un mérito.

El art. 87.2 acota el acceso a dos fines y solo a ellos: controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y garantizar la integridad de los dispositivos. No lo abre a cualquier fin de la empresa, aunque se comunique, ni lo liga a la retribución; y tampoco lo reduce a una petición judicial, porque el control del trabajo es uno de los fines admitidos.

El art. 88.2 envía las modalidades a la negociación colectiva y, en su defecto, al acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores: es una decisión colectiva. No la deja en manos de una decisión unilateral del empleador ni de un pacto individual en cada contrato, y no hay un real decreto por sectores.

El art. 94.2 excepciona los datos que facilitan personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas: lo que un particular comparte en su ámbito privado queda fuera de este derecho. La ley no recoge una excepción por la proyección pública del afectado, por la antigüedad de la publicación ni por que la facilite un medio inscrito.

El art. 93.1 separa el enlace de la información: el derecho subsiste aunque sea lícito que el sitio web conserve lo publicado y aunque no lo borre antes ni a la vez. Por eso no decae ni exige dirigirse primero al sitio web, y la ley no lo condiciona a una declaración judicial.

El art. 89.2 marca una prohibición sin excepciones: ni cámaras ni grabación de sonidos en los lugares destinados al descanso o al esparcimiento, con ejemplos como vestuarios, aseos y comedores. Los accesos, los aparcamientos, los almacenes o las zonas de atención al público no están entre esos lugares: la ley no los veta en ningún caso, y en ellos la videovigilancia queda sujeta a los límites y al deber de informar del art. 89.1.

El art. 84.2 encarga la reacción al Ministerio Fiscal, que pide las medidas cautelares y de protección de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. La ley no pone aquí en marcha a la Agencia de oficio ni deja la respuesta en manos de la red social; a los padres y tutores el art. 84.1 les pide procurar un uso equilibrado y responsable de lo digital, no denunciar en un juzgado concreto.

El art. 96.1.b) legitima al albacea testamentario y a la persona o institución que el fallecido designó expresamente para pedir el acceso a sus contenidos con arreglo a las instrucciones recibidas, y con el fin de cumplirlas. Ni el contador-partidor, ni el juez de la declaración de herederos, ni un administrador judicial reciben esa legitimación.

El art. 92 obliga a los centros educativos, y a cualquiera que desarrolle actividades con menores, a proteger su interés superior y sus datos al difundirlos por servicios de la sociedad de la información. Y añade una exigencia para un canal concreto: si la difusión va a hacerse en redes sociales o servicios equivalentes, hace falta el consentimiento del menor o de sus representantes. No distingue entre centros públicos y privados ni depende de que aparezca el nombre o de cuánto dure la publicación.

El aviso de actualización del art. 86 no corrige un error de origen —para eso está la rectificación—: sirve cuando la noticia era correcta, pero lo ocurrido después de publicarla hace que ya no refleje la situación actual de la persona, y eso le causa un perjuicio. La solicitud tiene que ser motivada y la ley no fija ningún plazo desde la publicación.

El art. 96.2 deja la decisión a las mismas personas legitimadas para el testamento digital, pero la voluntad del fallecido manda: si decidió sobre su perfil, se está a sus instrucciones. El prestador no decide por su cuenta; lo que sí le toca es eliminar el perfil sin dilación cuando se le comunica la solicitud.

El art. 94 trata distinto lo que publica uno mismo y lo que publican otros. Los datos que el usuario facilitó él mismo se suprimen a su simple solicitud (94.1). Las condiciones de que sean inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos se exigen en el apartado 2, para los datos facilitados por terceros. No hay plazo mínimo ni hay que probar un perjuicio.

El art. 93 se dirige a los motores de búsqueda: lo que se pide es que eliminen de los resultados de una búsqueda hecha a partir del nombre los enlaces a información inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada o excesiva. No obliga al sitio web a borrar la información —eso sería otro derecho, frente a otro sujeto—, y la Agencia no es el destinatario de la solicitud.