Las situaciones específicas de tratamiento y las disposiciones finales del Reglamento

• De disposiciones legislativas o de convenios colectivos
• De actos delegados adoptados por la Comisión Europea
• De las instrucciones internas que dicte cada empleador
• De directrices adoptadas por el Comité Europeo de Protección de Datos

El art. 88.1 abre dos vías a los Estados miembros para concretar la protección de los trabajadores: la ley y el convenio colectivo, por igual. La Comisión solo adopta actos delegados donde el Reglamento se lo otorga (arts. 12.8 y 43.8, según el art. 92), y el ámbito laboral no es uno de esos casos. Las instrucciones internas de un empleador no son una norma del Estado, y el Comité emite directrices sobre la aplicación del Reglamento, pero ninguna de las dos es la vía que este artículo da a los Estados para fijar normas laborales más específicas.

• Del capítulo III, sobre los derechos del interesado
• Del capítulo V, sobre las transferencias a terceros países
• Del capítulo VIII, sobre recursos, responsabilidad y sanciones
• Del capítulo VI, sobre las autoridades de control independientes

El art. 85.2 enumera los capítulos de los que los Estados miembros establecerán exenciones o excepciones para la libertad de expresión e información: el II, el III, el IV, el V, el VI, el VII y el IX, siempre que sean necesarias para conciliar los dos derechos. El VIII, el de los recursos, la responsabilidad y las sanciones, no está en la lista. Puede sorprender que las autoridades de control independientes o las transferencias a terceros países sí figuren, pero la lista las nombra expresamente.

• No: el Reglamento las desplazó en todo caso desde su entrada en vigor
• Sí, siempre que sean conformes con lo que dispone el propio Reglamento
• Sí, aunque no sean conformes, si las reconoce un acuerdo con el Estado
• Solo si la iglesia o asociación las ha notificado antes a la Comisión

El art. 91.1 no barre esas normas: pueden seguir aplicándose con una sola condición, que sean conformes con el Reglamento. Un acuerdo con el Estado no salva unas normas que no lo sean, y el artículo no exige notificarlas a la Comisión. Lo que sí añade el art. 91.2 es el control: quedan sujetas a una autoridad de control independiente, que puede ser específica si cumple las condiciones del capítulo VI.

• Entró en vigor al día siguiente de su publicación y es aplicable desde el 25 de mayo de 2020
• Entró en vigor al día siguiente de su publicación y es aplicable desde el 25 de mayo de 2018
• Entró en vigor a los veinte días de su publicación y es aplicable desde el 25 de mayo de 2020
• Entró en vigor a los veinte días de su publicación y es aplicable desde el 25 de mayo de 2018

El Reglamento separa dos fechas: entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero no es aplicable hasta el 25 de mayo de 2018, lo que dio a responsables, encargados y Estados un margen para adaptarse. La entrada en vigor no fue al día siguiente de la publicación: el art. 99 fija veinte días. El año 2020 es el del primer informe de evaluación de la Comisión (art. 97), no el de la aplicación.

• El derecho a la portabilidad de los datos (art. 20)
• El derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas (art. 22)
• La obligación de notificar la rectificación o supresión (art. 19)
• El derecho de oposición al tratamiento (art. 21)

Para la investigación científica o histórica y la estadística, el art. 89.2 permite exceptuar los derechos de acceso, rectificación, limitación y oposición (arts. 15, 16, 18 y 21), con las garantías del art. 89.1 y solo si es probable que esos derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente los fines científicos. La portabilidad y la notificación del art. 19 se añaden a la lista únicamente cuando el fin es el archivo en interés público (art. 89.3), no la investigación; el art. 22 no figura en ninguna de las dos.