El ámbito y la vigencia del IV Convenio único, la igualdad y la conciliación

El artículo 3.2 permite la denuncia a cualquiera de las partes dentro de los dos meses inmediatos anteriores a la terminación de la vigencia. El mes que también aparece en ese apartado es otro plazo: el que hay, desde que se recibe la denuncia, para constituir la comisión que negocia el nuevo convenio. La denuncia va antes de que termine la vigencia, no después.

El artículo 3.1 fija la entrada en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, con las excepciones que el propio Convenio establezca. El 1 de enero de 2019 es otra cosa: es la fecha desde la que rigen sus efectos económicos, no su entrada en vigor. Los veinte días son el plazo que el Código Civil da a las leyes que no fijan otro; el Convenio fija el suyo.

El artículo 3.3 mantiene, tras la denuncia y hasta que haya acuerdo expreso sobre otro convenio, «la totalidad de su contenido». No distingue entre cláusulas normativas y obligacionales, ni limita la vigencia a lo económico, ni le pone un plazo de un año.

El artículo 4.1 dice que el Convenio forma un todo orgánico e indivisible y que se considera globalmente. Eso impide trocearlo: no se aplica por títulos sueltos ni se puede ir eligiendo, artículo por artículo, lo más favorable de este y de otra regulación.

El artículo 6.2 dice que la conciliación es transversal a todo el Convenio y que se concreta, en particular, en tres materias: la jornada y los permisos, la provisión y la movilidad, y la formación y el perfeccionamiento profesional. El régimen disciplinario, la clasificación y la estructura salarial no están en esa lista.

El artículo 2.c) excluye expresamente al personal de alta dirección del artículo 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, que es una relación laboral de carácter especial. La exclusión es entera: el Convenio no se le aplica ni en parte ni como supletorio, aunque trabaje en un ministerio, que es Administración General del Estado.

El artículo 2.a) excluye al personal laboral que presta servicios en el exterior. Los otros tres están dentro: el de los organismos autónomos por el artículo 1.1, y la Agencia Española de Protección de Datos y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo porque el artículo 1.2 los nombra expresamente.

El artículo 3.3 dice que, sin denuncia expresa, el Convenio se prorroga automáticamente por períodos anuales. La prórroga no tiene límite de veces: se renueva año a año mientras nadie lo denuncie. Por eso un convenio pactado hasta el 31 de diciembre de 2021 puede seguir rigiendo después.

El artículo 1.2.b) incluye al personal laboral de la Administración de la Seguridad Social. Las mutuas colaboradoras no aparecen en la lista del artículo 1, y el artículo 2.g) excluye al personal de las entidades del sector público que ese artículo no cita expresamente. Las universidades y las comunidades autónomas son otras Administraciones, con su propio personal y sus propios convenios.

El artículo 1.1 lo dice en una línea: personal laboral, de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos. Los organismos autónomos están dentro desde el primer apartado. No se aplica a los funcionarios, que tienen su régimen estatutario, y tampoco a todo el sector público estatal: las entidades que el artículo 1 no cita expresamente quedan fuera por el artículo 2.g).

El artículo 1.1 aplica el Convenio al personal laboral de la Administración General del Estado, y un ministerio lo es. Las otras tres figuras las excluye el artículo 2: el profesional por minuta o presupuesto (letra e), quien presta servicios por un contrato regulado por la normativa de contratación del sector público (letra d) y el profesorado de religión (letra h). Ninguna de ellas es una relación laboral ordinaria con la Administración.

El artículo 1.2.a) extiende el Convenio al personal laboral de «la Administración de Justicia no transferida». Donde la competencia ya pasó a una comunidad autónoma, ese personal depende de ella y no del Convenio de la Administración del Estado. El criterio es la transferencia, no el ámbito territorial del órgano judicial.