La suspensión y la extinción del contrato del personal laboral

El artículo 93.3 suspende el contrato mientras dura el curso selectivo o las prácticas, pero no más: al terminar, la trabajadora vuelve a su puesto laboral y sigue en él hasta que se la nombra funcionaria de carrera y toma posesión. La suspensión no se alarga hasta esa fecha, y en este punto aún no hay ninguna excedencia que declarar.

El artículo 95.2 reserva el mismo puesto durante los dos primeros años; después, la reserva pasa a un puesto del mismo grupo profesional, familia y/o especialidad, en el mismo Departamento u organismo y en la misma localidad. La fórmula «igual retribución en la misma localidad» es la del artículo 89.4 del TREBEP para los funcionarios. Y la excedencia no se transforma por llegar a los dos años: dura hasta tres por cada hijo.

El artículo 95.4 distingue por la vía de acceso: llegar a otra clasificación por promoción, provisión o movilidad produce una novación modificativa del contrato, y la trabajadora no conserva derechos de su categoría de origen. La excedencia voluntaria por incompatibilidad es para quien entra en un grupo distinto del Convenio por ingreso libre, o en un puesto fijo del sector público fuera de él.

El artículo 94.3 da al personal laboral fijo derecho a la suspensión de su contrato cuando se le nombra personal eventual. Es el contraste con los funcionarios, a los que el artículo 87.1.i) del TREBEP lleva a servicios especiales si no optan por seguir en activo: el Convenio no tiene esa situación. La excedencia forzosa del Convenio es para otros supuestos, como la elección para un cargo público representativo.

El artículo 95.7.a) declara en excedencia forzosa al personal laboral fijo elegido para un cargo público representativo que le impida ir al trabajo, y cuenta como tal al miembro de las Asambleas de las comunidades autónomas. Esa excedencia reserva un puesto de la misma clasificación y cuenta el tiempo para la antigüedad. Los servicios especiales son la situación de un funcionario en ese caso (artículo 87 del TREBEP), y el Convenio no la tiene.

El artículo 93.2 mantiene la suspensión con reserva del puesto durante dos años, contados desde la notificación de la resolución que declara la incapacidad permanente, cuando se prevé una revisión por mejoría que permita volver. El plazo no se cuenta desde el fin de la incapacidad temporal, y no es indefinido: solo se prolonga más allá de los dos años si el expediente de revisión no ha terminado, y entonces hasta que termine.

El artículo 97 remite las causas de extinción al Estatuto de los Trabajadores y solo añade una regla propia: si se extinguen contratos por la causa de su artículo 49.i), el despido colectivo, se prioriza que el personal siga en el ámbito del Convenio. No excluye de ella al personal fijo, y no la convierte en una excedencia forzosa; la expectativa de destino es una situación de los funcionarios que el Convenio no tiene.

El artículo 95.3 fija para la agrupación familiar un mínimo de dos años y ninguna duración máxima. Lo que no tiene es requisito de servicios previos: se concede sin haber prestado un tiempo mínimo, y de ahí sale el distractor «no tiene mínimo», que confunde el tiempo de servicios con el de permanencia.

La privación de libertad es una causa de suspensión del contrato del artículo 93.5, y el propio Convenio dice que incluye la detención preventiva y la prisión provisional: dura mientras no haya una sentencia condenatoria firme incompatible con el servicio. La excedencia forzosa del artículo 95.7.c) llega solo con la sentencia firme, y el contrato no se extingue por el mero hecho de estar preso.