El objeto de la ley y quién está obligado a la transparencia
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El título preliminar y el capítulo I del título I de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: su objeto, a qué Administraciones, entidades y órganos constitucionales se aplica, los otros sujetos obligados —los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las entidades privadas que reciben ayudas públicas— y la obligación de suministrar información de quienes prestan servicios públicos, con lo que sus disposiciones dicen de las corporaciones de Derecho Público y de las Cortes Generales, qué parte de la ley es básica y cuándo entró en vigor cada una.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta.
Según la Ley 19/2013, ¿qué entidades incluye entre los sujetos de su título I junto a las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social?
Los fondos de pensiones
Las agencias de colocación
Los hospitales concertados
Sus mutuas colaboradoras
La misma letra que nombra a las entidades gestoras y a los servicios comunes de la Seguridad Social añade a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. Los fondos de pensiones, las agencias de colocación y los hospitales concertados no están en la lista.
Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
Según la Ley 19/2013, ¿qué parte de la ley entró en vigor antes que las demás?
El título I, de transparencia de la actividad pública
El título II, de buen gobierno y su régimen sancionador
El título III, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
El título preliminar, del objeto de la ley
La entrada en vigor fue escalonada: el título II, de buen gobierno, al día siguiente de su publicación en el BOE; el título preliminar, el I y el III, al año. Los órganos de las comunidades autónomas y de las entidades locales tuvieron además un plazo para adaptarse.
Las disposiciones previstas en el título II entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». – El título preliminar, el título I y el título III entrarán en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Según la Ley 19/2013, ¿a quién se dirige el plan formativo en el ámbito de la transparencia que debe aprobar el Gobierno?
A los funcionarios y al personal de la Administración General del Estado
A los ciudadanos, para que conozcan su derecho de acceso
A los empleados públicos de todas las Administraciones Públicas
A los cargos electos de las comunidades autónomas y de las entidades locales
El plan formativo mira hacia dentro: al personal de la Administración General del Estado. A los ciudadanos se dirige otra pieza de la misma disposición, una campaña informativa. La disposición es un mandato al Gobierno y no alcanza al personal de las demás Administraciones.
El Gobierno aprobará un plan formativo en el ámbito de la transparencia dirigido a los funcionarios y personal de la Administración General del Estado, acompañado, a su vez, de una campaña informativa dirigida a los ciudadanos.
Según la Ley 19/2013, ¿qué ayudas o subvenciones públicas tiene que percibir en un año una entidad privada para estar entre sus otros sujetos obligados?
Más de 150.000 euros, o al menos el 40 % de sus ingresos anuales, con un mínimo de 5.000 euros
Más de 100.000 euros, o al menos el 40 % de sus ingresos anuales, con un mínimo de 5.000 euros
Más de 150.000 euros, o al menos el 50 % de sus ingresos anuales, con un mínimo de 5.000 euros
Más de 100.000 euros, o al menos el 50 % de sus ingresos anuales, con un mínimo de 5.000 euros
Hay dos vías y basta una: percibir en un año más de 100.000 euros, o que las ayudas y subvenciones supongan al menos el 40 % del total de los ingresos anuales, siempre que lleguen como mínimo a 5.000 euros. La segunda vía alcanza a entidades pequeñas que viven en buena parte del dinero público; el mínimo deja fuera las cantidades menores.
Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
Según la Ley 19/2013, ¿en qué términos se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público la obligación que su art. 4 impone a quienes prestan servicios públicos?
En los que fije la legislación de contratos del sector público
En los previstos en el respectivo contrato
En los mismos que a quien presta el servicio público
En los que fije el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
La obligación alcanza también a quien se adjudica un contrato del sector público, pero la ley no le fija la medida ni la remite a una norma general: la deja a lo que prevea cada contrato. Por eso no es la misma, sin más, que la de quien presta el servicio público.
Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.
Según la Ley 19/2013, ¿cuál de estos sujetos tiene la consideración de Administración Pública a efectos de su título I?
Una Universidad pública
Una corporación de Derecho Público
Una fundación del sector público
Una sociedad mercantil estatal
A efectos del título I, son Administraciones Públicas solo los organismos y entidades de las cuatro primeras letras de la lista de sujetos obligados, y la cuarta incluye expresamente a las Universidades públicas. Las corporaciones de Derecho Público, las fundaciones del sector público y las sociedades mercantiles están obligadas por el título, pero en letras posteriores: son sujetos obligados, no Administraciones Públicas.
d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas. e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. 2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.
Según la Ley 19/2013, ¿quiénes deben cumplir las obligaciones de buen gobierno que la ley establece?
Todos los empleados públicos
Los responsables públicos
Las entidades privadas subvencionadas
Quienes ejercen el derecho de acceso
El objeto de la ley tiene tres piezas: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información sobre ella y fijar las obligaciones de buen gobierno, con las consecuencias de incumplirlas. Esas obligaciones no se dirigen a todo el personal ni a particulares: la ley las pone sobre los responsables públicos.
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Según la Ley 19/2013, ¿con qué alcance se aplican las disposiciones de su título I al Consejo de Estado?
En relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo
En todas sus actividades, como a la Administración General del Estado
Solo en lo que se refiera a la gestión de sus fondos públicos
En ninguna, por ser el supremo órgano consultivo del Gobierno
El Consejo de Estado está en la lista de instituciones que la ley incluye junto a la Casa del Rey, las Cámaras, el Tribunal Constitucional, el Banco de España y otras, pero no en todo lo que hacen: en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Ni quedan fuera de la ley ni se les aplica como a una Administración, y la medida no es la del dinero que manejan.
La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
Según la Ley 19/2013, ¿qué disposiciones de su título I les extiende expresamente a las organizaciones empresariales?
Las del capítulo III, del derecho de acceso
Todas, igual que a las Administraciones Públicas
Ninguna: ese título no alcanza a entidades privadas
Las del capítulo II, sobre la publicidad activa
Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las empresariales no están en el art. 2.1: la ley los recoge entre los otros sujetos obligados y les extiende las disposiciones del capítulo II del título I, el de la publicidad activa. No se les aplica el título entero como a una Administración.
Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a: a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
La Ley 19/2013 se dicta al amparo de varios títulos competenciales del Estado, con excepciones. Según la ley, ¿cuál de estas partes queda exceptuada entera?
El título II, sobre el buen gobierno y sus sanciones
El capítulo III del título I, sobre el derecho de acceso
El título III, sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
El capítulo II del título I, sobre la publicidad activa
La disposición final octava apoya la ley en los arts. 149.1.1.ª, 13.ª y 18.ª de la Constitución y exceptúa una serie de preceptos sueltos y un solo título completo: el III, el del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Del capítulo de publicidad activa se exceptúan solo el segundo párrafo del 6.2, el 9, el 10.1 y 10.2 y el 11; del capítulo del derecho de acceso, el 21.2; y del título II, el 25.1. Ninguno de los tres queda exceptuado entero.
Se exceptúa lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 6, el artículo 9, los apartados 1 y 2 del artículo 10, el artículo 11, el apartado 2 del artículo 21, el apartado 1 del artículo 25, el título III y la disposición adicional segunda.
Según la Ley 19/2013, ¿dónde se regula la aplicación concreta de la ley en el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas autonómicas?
En sus respectivos reglamentos
En un real decreto del Gobierno
En el Estatuto del Consejo de Transparencia
En una ley orgánica para cada cámara
Las cámaras parlamentarias están sujetas a la ley, pero cómo se aplica en cada una lo regulan ellas mismas, en sus propios reglamentos. No lo concreta el Gobierno, ni el Consejo de Transparencia, ni una ley distinta para cada cámara.
El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas regularán en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta Ley.
Un organismo de la Administración General del Estado necesita, para cumplir sus obligaciones de transparencia, datos que tiene la empresa privada que le presta un servicio público. Según la Ley 19/2013, ¿qué tiene que hacer la empresa?
Nada, porque no forma parte del sector público
Publicar esos datos por su cuenta en su página web
Remitirlos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Dárselos al organismo cuando este se los requiera
Quien presta servicios públicos o ejerce potestades administrativas sin ser uno de los sujetos de los arts. 2 y 3 no tiene que publicar nada por su cuenta. Su deber es otro: dar a la Administración, organismo o entidad a la que está vinculado, cuando se lo requiera, toda la información que necesite para cumplir sus propias obligaciones de transparencia.
estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título
Según el art. 2.1 de la Ley 19/2013, ¿cuál de estas entidades NO está entre los sujetos a los que se aplican las disposiciones de su título I?
Una Agencia Estatal de la Administración General del Estado
Una sociedad mercantil con el 51 % de capital público
Una sociedad mercantil con la mitad de su capital en manos públicas
Una asociación constituida por varias Administraciones Públicas
Las sociedades mercantiles entran cuando la participación, directa o indirecta, de las entidades de la lista en su capital es superior al 50 %: con la mitad justa no se llega, y con el 51 % sí. Las Agencias Estatales y las asociaciones constituidas por las Administraciones también figuran en la lista.
Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.
Según la Ley 19/2013, cuando un órgano de cooperación entre Administraciones queda sujeto a ella por carecer de estructura administrativa propia, ¿quién cumple sus obligaciones?
La Administración General del Estado
Cada una de las Administraciones que lo integran
La Administración que ostente su Secretaría
La Administración que ostente su Presidencia
Un órgano de cooperación sin estructura administrativa propia no tiene con qué cumplir por sí mismo, y la ley carga sus obligaciones sobre una sola Administración: la que ostenta su Secretaría. No las reparte entre todas las que lo forman, no las da a quien lo preside ni las atribuye sin más al Estado.
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación
Según la Ley 19/2013, ¿qué prevé para que las corporaciones de Derecho Público cumplan las obligaciones de su título I?
Que puedan encomendar su cumplimiento al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Que las cumpla por ellas la Administración que ejerce su tutela
Que puedan celebrar convenios de colaboración con la Administración correspondiente
Que puedan aplazar su cumplimiento hasta adaptar sus estatutos
La ley no las exime ni pasa sus obligaciones a otro: les da un instrumento, el convenio de colaboración con la Administración Pública correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representación en su ámbito de actividad. Es una posibilidad («podrán»), no un deber.
las corporaciones de Derecho Público podrán celebrar convenios de colaboración con la Administración Pública correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representación en su ámbito concreto de actividad