Los beneficiarios y las entidades colaboradoras

El art. 13.5 dice que el alcance de las prohibiciones de las letras a) y h) del art. 13.2 es el que determine la sentencia o la resolución firme, y que, en su defecto, se fija por el procedimiento que determine el reglamento, sin poder exceder de cinco años cuando la prohibición no deriva de sentencia firme. Los tres años tientan porque son el tope de la Ley de Contratos del Sector Público para las prohibiciones de contratar que no nacen de sentencia (art. 72.6); en la Ley 38/2003 el tope es de cinco. Que la resolución calle no anula la prohibición, y su duración no queda al criterio de cada convocatoria.

El art. 13.3 impide obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora a las asociaciones cuyo procedimiento de inscripción se ha suspendido por indicios racionales de ilicitud penal, «en tanto no recaiga resolución judicial firme» que permita inscribirlas. No hace falta una condena: basta la suspensión. Y aquí no cabe la salvedad del art. 13.2, que deja exceptuar sus circunstancias a la normativa reguladora: el art. 13.3 abre con «en ningún caso» y este párrafo sigue con «tampoco».

El art. 12.1 da dos formas de ser entidad colaboradora: entregar y distribuir los fondos a los beneficiarios, o colaborar en la gestión de la subvención «sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos». Lo tentador es quedarse con la primera, que es la más conocida. La condición no exige ser un ente público, porque el art. 12.2 admite también a personas jurídicas privadas, y colaborar en la gestión no hace a nadie beneficiario, que es quien realiza la actividad subvencionada.

El art. 14.1.d) obliga al beneficiario a comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad, y fija cuándo: tan pronto como lo conozca y, en todo caso, antes de justificar la aplicación de los fondos. La tentadora es esperar a la justificación, pero ese es el límite que no puede pasarse, no el momento de hacerlo. Tampoco espera a un requerimiento ni tiene un plazo de un mes.

El art. 13.3 bis exige a las personas físicas y jurídicas con ánimo de lucro sujetas a la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad, que acrediten cumplir los plazos de pago de esa ley para obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora en las subvenciones de más de 30.000 euros. Lo que se mide es pagar en plazo, no no deber nada. El informe de un auditor es uno de los medios para acreditarlo en ciertas empresas, no el requisito.

El art. 16.2 fija un límite general a la vigencia del convenio y a sus prórrogas, pero añade una excepción en su segundo párrafo: cuando la subvención tiene por objeto la subsidiación de préstamos, la vigencia puede prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos. El límite general es justo lo que esta regla desplaza, y el pago de la subvención no marca el final, porque la subsidiación dura lo que duran los préstamos.

No estar al corriente de las obligaciones tributarias es la letra e) del art. 13.2, y el art. 13.4 dice que esa prohibición, como las de las letras b), d), f), g), h), i) y j), se aprecia de forma automática y subsiste mientras concurren las circunstancias que la determinan. No hace falta que la declare el órgano concedente, ni un procedimiento con audiencia, ni que se inscriba antes en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

El art. 15.1.c) obliga a la entidad colaboradora a justificar ante el órgano concedente la entrega de los fondos percibidos y, en su caso, a entregarle la justificación que presenten los beneficiarios. La realización de la actividad la justifica el beneficiario (art. 14.1.b), que es quien la lleva a cabo; la colaboradora no la ejecuta ni la financia, y los fondos no son suyos para aplicarlos a su gestión.

El art. 14.2 dice que la rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones prevista en el art. 34.3 de la Ley 7/1988, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumenta a través del cumplimiento de la obligación de justificación ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora. No hay una rendición aparte: ni el perceptor envía sus cuentas al Tribunal, ni el órgano concedente rinde por él una memoria, ni se integran en la Cuenta General del Estado.

El art. 11.2 extiende la condición de beneficiario a los miembros asociados de una persona jurídica beneficiaria que se comprometen a efectuar toda o parte de la actividad en su nombre y por su cuenta, pero «siempre que así se prevea en las bases reguladoras»: no ocurre en todo caso. Tampoco son entidades colaboradoras, porque estas actúan en nombre y por cuenta del órgano concedente, no del beneficiario (art. 12.1).

El art. 16.2 limita la vigencia inicial del convenio a cuatro años y permite prorrogarlo por mutuo acuerdo, con dos topes: las prórrogas no pueden durar más que el período inicial y el convenio entero no puede exceder de seis años. Los ocho años tientan porque son lo que la Ley 40/2015 permite a los convenios en general (art. 49.h: hasta cuatro años y una prórroga de hasta cuatro más); para el convenio con una entidad colaboradora rige el tope de la Ley 38/2003.

El art. 14.1.g) obliga a conservar los documentos justificativos, también los electrónicos, «en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control». La medida no la da un hito de la gestión de la subvención, como el pago, la comprobación por el órgano concedente o el cierre del ejercicio, sino que esos documentos puedan seguir siendo examinados, por ejemplo en un control financiero posterior.

La letra i) del art. 13.2 dice que no pueden acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones del art. 11.3, párrafo segundo, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores «en cualquiera de sus miembros». No estar al corriente con la Seguridad Social es una de ellas (letra e). Basta un miembro: no se arregla dejándolo sin importe ni mirando solo al representante único. Y la falta de personalidad no es el obstáculo, porque las bases admiten estas agrupaciones, como permite el art. 11.3.

El art. 11.3, en su párrafo segundo, exige que en las agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad consten expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución que asume cada miembro y el importe de subvención que aplicará cada uno, y por eso cada miembro tiene también la consideración de beneficiario. No basta un importe global sin repartir. La agrupación no necesita una entidad colaboradora, sino un representante o apoderado único, y la subcontratación es otra cuestión, que regula el art. 29.

El art. 12.1, en su párrafo segundo, da la condición de entidad colaboradora a quienes, denominados beneficiarios por la normativa comunitaria, tienen encomendadas «exclusivamente» las funciones del párrafo anterior: entregar y distribuir los fondos, o colaborar en la gestión, en nombre y por cuenta del órgano concedente. Lo que decide es lo que la entidad hace, no el nombre que le dé una norma ni una renuncia. Quien solo hace eso no realiza la actividad subvencionada, así que no es beneficiaria (art. 11.1). Y no se exige ser un ente público: el art. 12.2 admite también a personas jurídicas privadas.

El art. 15.2 dice que, cuando la Administración General del Estado, sus organismos públicos o las comunidades autónomas actúan como entidades colaboradoras, las actuaciones de comprobación y control del art. 15.1.d) las llevan a cabo los correspondientes órganos dependientes de ellas, sin perjuicio de las competencias de los órganos de control comunitarios y del Tribunal de Cuentas. Eso incluye la comprobación que, con otra colaboradora, haría el órgano concedente: aquí no la hacen los servicios del ministerio, ni la Intervención General del Estado, ni la Delegación del Gobierno.

El art. 14.1.e) obliga al beneficiario a acreditar que está al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social «con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión». El límite no es el fin del plazo de solicitudes, y tampoco se deja para después de notificada la concesión ni para la justificación: es un requisito para llegar a la propuesta.

La letra d) del art. 13.2 impide obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora cuando están incursos en los supuestos de la ley de altos cargos o de la Ley 53/1984, de incompatibilidades, la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas. En una sociedad mercantil la ley mira a los administradores, no a los socios, al accionista mayoritario ni al personal que ejecute la actividad.

El art. 11.1 llama beneficiario a la persona que ha de realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento o que se encuentra en la situación que legitima la concesión. Quien entrega y distribuye los fondos en nombre del órgano concedente, y quien firma con él el convenio que regula esa gestión, es la entidad colaboradora (arts. 12.1 y 16.1): recibe los fondos, pero no para sí. Y solicitar no basta: sin concesión no hay actividad subvencionada que realizar.

El art. 12.1 cierra la definición de entidad colaboradora diciendo que los fondos que recibe «en ningún caso» se consideran integrantes de su patrimonio: los maneja en nombre y por cuenta del órgano concedente. No le pertenecen mientras los tiene ni por quedar sin entregar al cierre del ejercicio, y ese «en ningún caso» tampoco deja que el convenio de colaboración disponga otra cosa.