La subcontratación, la justificación y los gastos subvencionables

El art. 31.1 exige que el gasto subvencionable se realice en el plazo que fijen las bases y, si no fijan ninguno, antes de que finalice el año natural en que se haya concedido la subvención. El cómputo es por año natural y lo marca la concesión, no un plazo de doce o seis meses ni el momento en que se paga la subvención.

El art. 31.8 parte de que los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario los abona efectivamente, pero excluye en todo caso los impuestos indirectos susceptibles de recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre la renta. Un IVA que el beneficiario recupera no es un coste suyo, y por eso no lo salva haberlo pagado ni que las bases lo admitan. Tampoco es verdad que ningún tributo lo sea: la regla general del mismo apartado es la contraria.

A falta de previsión de las bases, el art. 30.2 da al beneficiario, como máximo, tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. El día inicial lo marca el fin del plazo de ejecución, no un hecho del propio beneficiario (cuándo cobra o cuándo paga su último gasto) ni la concesión, que es anterior a la actividad que hay que justificar.

El art. 31.4.a) encarga a las bases fijar el período de destino de los bienes inventariables, con dos suelos: no menos de cinco años para los bienes inscribibles en un registro público y no menos de dos para el resto. En los inscribibles, además, la circunstancia y el importe de la subvención se hacen constar en la escritura y se inscriben en el registro. Enajenar o gravar el bien dentro del período incumple la obligación de destino y es causa de reintegro.

El art. 30.1 deja que la normativa reguladora elija entre tres formas: la cuenta justificativa del gasto realizado, la acreditación del gasto por módulos o la presentación de estados contables. La declaración responsable sin justificantes no es ninguna de esas tres formas (ni de las modalidades de justificación del Reglamento de la ley), y ni el certificado bancario ni el acta notarial figuran en la ley como forma de justificar.

El art. 29.3 acopla dos umbrales que tienen que darse a la vez: que la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y que «dicho importe» sea superior a 60.000 euros. Hacen falta las dos cifras. Entonces el contrato se celebra por escrito y su celebración la autoriza previamente la entidad concedente, en la forma que digan las bases. Basta con que falle uno de los dos umbrales para que no se exijan esos requisitos, y el art. 29.4 impide fraccionar el contrato para quedarse por debajo.

El art. 31.7 cierra con una lista de gastos que en ningún caso son subvencionables: los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, y los gastos de procedimientos judiciales. Los gastos notariales y registrales y los de asesoría jurídica sí pueden serlo, si están directamente relacionados con la actividad, son indispensables para prepararla o ejecutarla y lo prevén las bases; los de garantía bancaria, con carácter excepcional, cuando lo prevea la normativa reguladora.

Para los inmuebles, el art. 30.5 añade a los justificantes ordinarios del art. 30.3 un certificado de tasador independiente, debidamente acreditado e inscrito en el registro oficial correspondiente. El dictamen de peritos de la Administración existe, pero es uno de los medios con que la propia Administración comprueba valores (art. 33.1), no algo que aporte el beneficiario. La declaración del vendedor y una autorización previa de la compra no las pide la ley.

El art. 29.2 cierra con una prohibición sin excepciones: no pueden subcontratarse las actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido a su contenido. La ley no veda subcontratar el núcleo de la actividad (admite la subcontratación total si la normativa lo prevé), ni lo que el beneficiario no sabría hacer, que es justamente lo que suele subcontratarse, ni distingue por el lugar donde esté establecido el contratista.

Salvo que las bases digan otra cosa, el art. 31.2 considera gasto realizado el efectivamente pagado antes de que finalice el período de justificación. Que el servicio se prestara en plazo no basta, porque lo que cuenta es el pago, y pagar más tarde, aunque sea antes de la comprobación, ya no cumple la regla. La ley no exige pagar en el mes de la factura: el límite es el fin del período de justificación (para las empresas, el mismo apartado añade los plazos de pago de su normativa sectorial o de la ley contra la morosidad).

El art. 33.4 compara las dos cifras con dos umbrales a la vez: si la diferencia es inferior a 120.000 euros y al 10 % del valor comprobado por la Administración, manda la tasación del perito del beneficiario. Aquí la diferencia es de 20.000 euros, un 5 % de 400.000, así que se cumplen los dos. Solo si se superase alguno habría que designar un perito tercero, cuya valoración serviría entonces de base. La ley no prevé hacer la media.

El art. 29.5 no crea ninguna relación entre los contratistas y la Administración: quedan obligados ante el beneficiario, y es este quien asume la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. Por eso no responden ante la entidad concedente ni solidaria ni subsidiariamente, ni por la parte que ejecuten. Lo que sí les impone el art. 29.6 es el deber de colaboración del art. 46, para que pueda verificarse que se respetan los límites de los gastos subvencionables.

El art. 30.4 exige acreditar en la justificación el importe, la procedencia y la aplicación de los fondos propios, las otras subvenciones o los demás recursos que hayan financiado la actividad. La justificación no se ciñe a lo que puso esta subvención, porque así se comprueba que la actividad no se ha financiado de más, y no basta con el importe ni con su peso en el coste: la ley pide de dónde vienen esos fondos y a qué se aplicaron. Una cuenta separada no la exige el artículo. Es un deber distinto del de comunicar la otra ayuda en cuanto se conoce (art. 14.1.d): aquí se acredita, en la justificación, a qué se aplicó.