Los principios, el plan estratégico y los órganos que conceden

La letra a) del art. 8.3 enumera la publicidad, la transparencia, la concurrencia, la objetividad, la igualdad y la no discriminación; las letras b) y c) añaden la eficacia y la eficiencia. De las opciones, la concurrencia es la que está en esa lista. Las otras tres son principios de gestión que aparecen en normas vecinas —la libertad de acceso a las licitaciones en la contratación pública, la proporcionalidad y la racionalización entre los principios generales de actuación de las Administraciones—, pero no están en la lista del art. 8.3.

El último párrafo del art. 10.2 lo dice expresamente: la autorización del Consejo de Ministros no implica la aprobación del gasto, que corresponde en todo caso al órgano competente. Son dos actos distintos: uno autoriza que la subvención se conceda y el otro aprueba el gasto, que es además un requisito propio del otorgamiento (art. 9.4.e). Pensar que la autorización lo absorbe es el error tentador, porque la dicta un órgano superior. Y no hay un segundo paso por el Ministro de Hacienda: el artículo deja la aprobación al órgano competente, sin desplazarla a otro departamento.

El art. 10.2 permite que la autorización la dé, en lugar del Consejo de Ministros, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, cuando así lo establezca la normativa reguladora de la subvención. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios atrae porque también prepara asuntos del Gobierno, pero el artículo no le da ningún papel. La Intervención General controla, no autoriza, y el Ministro de Hacienda no figura en el artículo.

El art. 8.3.b) enuncia la eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante: lograr lo que se propuso al conceder. La eficiencia es el distractor tentador porque va en la letra siguiente, pero el 8.3.c) la refiere a la asignación y utilización de los recursos públicos, es decir, a cómo se emplean, no a si se alcanza el objetivo. La objetividad y la transparencia están en la lista de la letra a), sin referencia a los objetivos.

Desde la reforma de 2022, el art. 8.1 pide a las bases reguladoras que digan en qué plan estratégico se integran y cómo contribuyen a sus objetivos; y si la subvención no estaba prevista, que se motive por qué es necesario establecerla aun así y de qué forma afecta al cumplimiento del plan. La ley no exige modificar antes el plan, que es el distractor tentador: una subvención no prevista es posible, pero tiene que justificarse. Tampoco pide por eso una autorización del Consejo de Ministros ni impone un procedimiento de concesión concreto.

El art. 9.4.b) pide la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión: adecuado, porque el gasto tiene que poder imputarse a él, y suficiente, porque tiene que alcanzar. Que el crédito esté ya comprometido a favor del beneficiario es el distractor tentador, pero el compromiso es consecuencia de conceder, no un requisito previo. La ley no exige que el crédito sea plurianual ni que se haya declarado ampliable.

El art. 10.1 reparte la competencia para conceder: en la Administración General del Estado, los Ministros y los Secretarios de Estado; en los organismos y entidades públicas vinculados o dependientes de ella, sus presidentes o directores, cualquiera que sea el régimen jurídico al que sujeten su actuación. El Ministro de adscripción es el distractor que más atrae, porque el organismo depende de su departamento, pero la ley atribuye la competencia al propio organismo en su ámbito. El Consejo de Ministros interviene para autorizar las de gran cuantía, no para concederlas, y el Secretario de Estado concede en el ámbito de su Secretaría, no en el del organismo.

El art. 10.2 exige la previa autorización del Consejo de Ministros para conceder subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros. Con 10 millones no se llega al umbral, así que concede el órgano competente del art. 10.1 sin ese acuerdo. Los 3 y los 6 millones no son umbrales de este artículo, y la ley no ata la autorización a la concesión directa, sino a la cuantía. No hay que confundirla con su gemela de la Ley General Presupuestaria, que pide también al Consejo de Ministros autorizar ciertos convenios por encima de esa misma cifra: es otro objeto.

El art. 10.4 no designa él mismo el órgano local: remite a la legislación de régimen local, de modo que es competente el órgano que tenga atribuida esa función en ella. El plan estratégico es un distractor tentador, pero el art. 8.1 le encarga concretar objetivos, plazos, costes y financiación, no atribuir competencias; y las bases reguladoras ordenan el procedimiento de cada subvención, pero no crean la competencia para concederla, que viene de la ley. Que el dinero lo aporte el Estado no desplaza a la corporación.

El art. 10.2 precisa que, en la concurrencia competitiva, la autorización debe obtenerse antes de la aprobación de la convocatoria cuya cuantía supere el límite: es la convocatoria la que fija cuánto se va a repartir, y por eso el control se hace al principio. Pedirla antes de la resolución de concesión es el distractor tentador, porque la ley habla de autorizar la concesión, pero en este procedimiento la cuantía queda fijada al convocar. Antes de la propuesta o del pago llegaría igualmente tarde.

El art. 8.1 obliga a quien proponga establecer subvenciones a concretar antes, en un plan estratégico, los objetivos y efectos que persigue, el plazo necesario para alcanzarlos, los costes previsibles y sus fuentes de financiación: es un instrumento de planificación, no de concesión. Los distractores tientan porque son cosas que sí se fijan, pero en otro sitio: los beneficiarios, la cuantía, el procedimiento, los criterios de valoración, los órganos, las entidades colaboradoras o las garantías son contenido de las bases reguladoras de cada subvención, que vienen después y se integran en el plan. La ley no lo llama «anual», y el Reglamento (art. 11.4 del RD 887/2006) le da como regla una vigencia de tres años.