El reintegro y su procedimiento

Es el supuesto del art. 30.7: la subvención se da por la situación del perceptor, que solo la acredita antes de concederse, y no hay después una justificación cuyo plazo pueda vencer. Por eso el art. 39.2.b) adelanta el día inicial al momento de la concesión. El pago no es la referencia en ningún caso del art. 39, y que la situación cese después no abre un plazo nuevo.

El art. 42.2 enumera cómo se inicia el procedimiento de reintegro, siempre de oficio: por propia iniciativa, por orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, y añade que también se inicia a consecuencia del informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado. Ninguno de los otros informes aparece en el artículo: el del órgano colegiado sirve para proponer la concesión en la concurrencia competitiva, no para revisarla.

El art. 36.5 separa los dos caminos: cuando concurre una causa de reintegro, no procede la revisión de oficio del acto de concesión, y lo que corresponde es el procedimiento de reintegro. La revisión es para los vicios del propio acto (nulidad o anulabilidad, art. 36.1 y 36.2); el reintegro, para lo que pasa con un acto válido. La ley no condiciona esa regla al tiempo transcurrido ni deja la elección en manos de la Intervención General.

El art. 37.3 da a este caso una medida propia: se reintegra el exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, y además se exige el interés de demora correspondiente. No se devuelve la subvención entera, porque la actividad se hizo y lo que sobra es solo lo que pasa del coste. Quien elige el exceso sin interés acierta en la medida y falla en el accesorio: la ley pide expresamente el interés de demora.

El art. 43 coordina las dos miradas sin jerarquizarlas: el pronunciamiento del órgano gestor sobre la aplicación de los fondos se entiende sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General. Que el gestor haya dado la aplicación por buena no cierra la puerta al control, ni la deja abierta solo ante indicios de fraude, ni hace falta que el gestor lo pida.

El art. 37.1.a) incluye entre las causas de reintegro la obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando las que lo hubieran impedido. Parece un vicio del acto, y por eso tientan la nulidad y la anulabilidad, pero la ley lo coloca en el reintegro, y el art. 36.5 cierra la revisión de oficio cuando concurre una causa de reintegro: el beneficiario devuelve lo percibido con su interés de demora. La pérdida del derecho al cobro es lo que ocurre cuando aún no se ha pagado; aquí la subvención ya se cobró. Además, el mismo hecho puede ser infracción, con su sanción aparte.

El art. 40.1, después de imponer a beneficiarios y entidades colaboradoras la obligación de reintegrar, añade que esa obligación es independiente de las sanciones que resulten exigibles. Son dos cosas distintas: el reintegro devuelve lo percibido sin título y la sanción castiga la infracción. Por eso ninguna absorbe a la otra, ni se compensan, ni se elige la mayor.

El art. 42.5 dice sin condiciones que la resolución del procedimiento de reintegro pone fin a la vía administrativa. No depende de que el órgano que la dicta tenga o no superior jerárquico, que es el criterio general que tienta aplicar aquí, ni de un informe previo de la Intervención General; y, como agota la vía, no hay alzada intermedia.

El art. 40.4 transmite las obligaciones de reintegro pendientes de una sociedad disuelta y liquidada a los socios o partícipes en el capital, que responden solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les adjudicó. La solidaridad sin límite falla en el tope, que es lo que hay que retener. La responsabilidad de los socios es solidaria, no mancomunada ni a partes iguales; y la obligación no se extingue con la sociedad: se transmite.

El art. 42.4 dice que, si transcurre el plazo sin resolución expresa notificada, se produce la caducidad del procedimiento, y añade que no se considera interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta el final de ese plazo. Lo hecho en el procedimiento caducado no detiene el reloj de los cuatro años: ni lo reinicia, ni lo suspende mientras duró, ni cambia que las actuaciones se notificaran al beneficiario, aunque fuera de este caso una acción de la Administración con conocimiento formal del beneficiario sí interrumpe (art. 39.3.a). Por eso conviene que la Administración resuelva a tiempo.

Cuando hay condiciones u obligaciones que el beneficiario tiene que cumplir o mantener durante un período, el art. 39.2.c) cuenta la prescripción desde que vence ese período. Tiene sentido: hasta entonces el incumplimiento aún puede ocurrir. El vencimiento del plazo de justificación es la regla general del 39.2.a) y la concesión es la del 39.2.b), pero son días iniciales de otros supuestos del mismo art. 39.2. Y no cuenta desde el día en que el beneficiario dejó de cumplir, sino desde que vence el período fijado.

El art. 39.3.b) incluye entre las causas de interrupción la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, junto a los recursos y la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal. La comprobación interna es el distractor fino: la acción de la Administración solo interrumpe si se hace con conocimiento formal del beneficiario (art. 39.3.a). El vencimiento del plazo de justificación no es una actuación de nadie: marca el día desde el que se cuenta la prescripción, no la interrumpe. Y conceder otra subvención no se dirige a determinar las causas de reintegro de esta.

El art. 41.1 atribuye al órgano concedente la competencia para exigir el reintegro cuando aprecie alguno de los supuestos del art. 37. La Intervención General es el distractor tentador porque su informe de control financiero puede dar lugar a que se inicie el procedimiento (art. 42.2), pero no lo resuelve. Ni el Ministerio de Hacienda ni el Tribunal de Cuentas aparecen en la ley como órganos del reintegro.

El art. 42.4 fija para el reintegro un plazo máximo propio de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Los tres meses son el plazo supletorio de la Ley 39/2015 cuando la norma del procedimiento no fija ninguno, y los seis, el máximo que esa ley admite salvo que una ley establezca otro mayor: la Ley 38/2003 es justo esa ley. Dieciocho meses no aparece en el artículo.

El art. 37.1 cuenta el interés de demora desde el pago de la subvención y lo cierra en la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro o en la del ingreso del deudor, si es anterior. Aquí el ingreso llega antes, así que el período termina con él. La opción del acuerdo es la regla cuando no hay ingreso previo, y es la que hay que saber descartar; el plazo de justificación no abre el período, y pagar por iniciativa propia no exime del interés: solo adelanta su final.

El art. 38.1 da a lo que se reintegra la consideración de ingresos de derecho público y remite su cobranza a la Ley General Presupuestaria. No es una sanción: el reintegro devuelve lo percibido sin título, y la sanción castiga una infracción, con régimen propio en el título IV. Tampoco es un crédito civil que haya que reclamar ante el juez, ni una indemnización por daños.