La auditoría pública

Comprobar la legalidad de unas adjudicaciones es el objeto con que el artículo 164.1.b) define la auditoría de cumplimiento: verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado conforme a las normas que les son de aplicación. La de regularidad contable es la tentadora, porque también contrasta algo con una normativa, pero lo que revisa es la información y la documentación contable. La de privatizaciones recae sobre una clase concreta de operaciones, la venta de participaciones estatales, y la operativa no mira la conformidad con las normas sino la racionalidad económico-financiera y la buena gestión.

El artículo 170 distingue tres modalidades de auditoría operativa, y la de sistemas y procedimientos es la que consiste en el estudio exhaustivo de un procedimiento administrativo de gestión financiera para detectar sus posibles deficiencias o su obsolescencia y proponer las medidas correctoras o la sustitución del procedimiento. La de programas presupuestarios analiza los objetivos, el seguimiento y los resultados de los programas, y la de economía, eficacia y eficiencia valora el uso de los recursos públicos: es la tentadora, pero no se centra en un procedimiento. La de regularidad contable revisa la información contable, no la forma de tramitar.

El artículo 167.4 permite a la Intervención General extender el objeto de la auditoría de cuentas anuales a otros aspectos de la gestión de los entes públicos, «en especial cuando no estén sometidos a función interventora o control financiero permanente». La idea es cubrir el hueco: donde no llegan esas dos modalidades, la auditoría de cuentas puede ampliarse. Estar sometido a función interventora en todos los gastos es justo lo contrario del supuesto que el artículo destaca. Un informe desfavorable anterior es tentador porque parece justificar más control, pero el artículo no lo menciona, como tampoco recibir subvenciones.

El artículo 162 define la auditoría pública como la verificación «realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática» de la actividad económico-financiera del sector público estatal, aplicando los procedimientos de revisión selectivos de las normas de auditoría. Las opciones que la sitúan antes de aprobar cada acto o a la vez que la gestión describen otros momentos de control, que el título VI encomienda a modalidades distintas. Que sea posterior no significa que espere a una petición del Tribunal de Cuentas: la programa la propia Intervención General, y lo que la define, además del momento, es que se hace de forma sistemática.

El artículo 171.1 prevé esta auditoría cuando, en virtud de contratos-programa u otros convenios con las entidades del art. 68, las aportaciones del Estado dependen en su importe del cumplimiento de objetivos, de la evolución de magnitudes financieras o de hipótesis macroeconómicas. Su finalidad es verificar que la propuesta de liquidación formulada por el órgano previsto en el convenio se adecúa al cumplimiento de esas condiciones. No revisa si el contrato se aprobó por quien debía ni si sus objetivos eran realistas al firmarse, y tampoco que la liquidación se pagara dentro del ejercicio: lo que se verifica es que su importe responda a las condiciones.

El artículo 166.2 obliga a los presidentes de los organismos públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y demás entes públicos estatales que cuenten con consejo de administración, otro órgano de dirección colegiado similar o comité de auditoría a remitirles los informes de auditoría relativos a la entidad. La obligación es de quien preside la entidad, no de quien hace la auditoría: la Intervención General es la opción tentadora porque elabora el informe, pero el traslado al órgano colegiado de la entidad no le corresponde.

El artículo 167.1 define la auditoría de las cuentas anuales como la modalidad de la auditoría de regularidad contable que verifica si las cuentas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y, en su caso, de la ejecución del presupuesto, con la información necesaria para entenderlas. Comprobar el crédito de cada gasto o el cobro de los derechos es materia de otros controles de legalidad, y medir si los programas alcanzan sus objetivos con eficacia y eficiencia corresponde a una auditoría operativa.