El control de la Intervención General: las normas generales

El artículo 145 tiene dos deberes distintos: el del apartado 2, para autoridades y personal del sector público estatal, que prestan apoyo y colaboración, y el del apartado 3, que alcanza a toda persona natural o jurídica, pública o privada, obligada a dar, previo requerimiento, los datos con trascendencia para el control deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras. Creer que solo obliga a quien trabaja en el sector público es quedarse en el apartado 2. La ley no condiciona el requerimiento a una autorización judicial ni a recibir una subvención.

El artículo 147.1 reparte los papeles: la iniciativa es de la Intervención General de la Seguridad Social, la propuesta, de la Intervención General de la Administración del Estado, y la aprobación, del Gobierno. La opción tentadora es la que le da también la propuesta a la Intervención de la Seguridad Social: mueve el expediente, pero no lo propone. Ni el ministro competente en Seguridad Social ni el de Hacienda intervienen en este trámite según la ley.

El artículo 146.1 manda presentarlo anualmente al Consejo de Ministros a través del Ministro de Hacienda: el ministro es el cauce, no el destinatario final, y por eso no puede quedárselo. Las Cortes Generales y el Tribunal de Cuentas pertenecen al mundo del control externo, ajeno a este informe de la Intervención General al Gobierno.

El artículo 145.5 fija cinco años, contados desde la emisión del informe de auditoría pública (o del informe global, en el control financiero permanente). El cuatro es la cifra tentadora porque es la de otro plazo de la misma ley. Si hay reclamación, juicio o litigio, el plazo se extiende hasta la resolución o sentencia firme, el fin del procedimiento o cinco años desde la última comunicación sobre el conflicto.

El artículo 141 abarca dos grupos: las subvenciones y ayudas concedidas por cualquier sujeto del sector público estatal —no solo por la Administración General del Estado, también por sus organismos y demás entidades— y las financiadas con fondos comunitarios. Quedarse solo con las europeas es el error de leer la mitad del precepto. Las que concede una comunidad autónoma o una entidad local con sus propios fondos no son del sector público estatal y quedan fuera de este control.

El artículo 147.2 hace del título VI la base de esas normas y su derecho supletorio, y además deja a salvo su aplicación directa en los casos en que proceda. Darle preferencia general invierte la relación: primero rigen las normas propias, y la ley llena lo que no prevén. Tampoco excluye a los servicios comunes: el mismo apartado traduce las referencias a los órganos de la Administración General del Estado a los de las entidades gestoras y los servicios comunes, así que alcanza a los dos.

El artículo 144.2 da a los funcionarios del control independencia funcional respecto de los titulares de los órganos cuya gestión controlan, y les manda ajustarse a la normativa vigente y a las instrucciones de la Intervención General de la Administración del Estado. Seguir la indicación del subsecretario es justo lo que esa independencia impide: quien es controlado no dirige a quien lo controla. Por la misma razón, la indicación del subsecretario no puede prevalecer sobre las instrucciones de la Intervención General, y el Tribunal de Cuentas no las imparte.

El artículo 144.1 fija tres principios: autonomía frente a quienes controla, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna, los tres a través de sus propios órganos de control. La terna de eficacia, descentralización y coordinación es la tentadora porque recuerda a los principios de toda la Administración, pero no es la que la ley da a la Intervención General. La terna que empieza también por la autonomía cambia las otras dos piezas: el ejercicio es desconcentrado, no concentrado, y la ley habla de jerarquía interna, no de unidad de actuación. La oportunidad no es criterio de un control de legalidad y de gestión.

El artículo 143 encarga el control de todo el sector público estatal a la Intervención General de la Administración del Estado, por sus servicios centrales o sus Intervenciones Delegadas, y solo en Defensa y en la Seguridad Social lo canaliza por intervenciones generales propias, que dependen funcionalmente de ella. Pensar en el ministro, en la subsecretaría o en una intervención delegada del departamento es confundir dónde está el órgano con quién dirige su función de control: estar dentro del ministerio no lo somete al criterio de quien gestiona.

El artículo 140 hace el reparto en sus dos apartados: al Tribunal de Cuentas, como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, le corresponde el control externo, y a la Intervención General de la Administración del Estado, el interno, que ejerce con plena autonomía respecto de quienes controla. La opción tentadora es la que cambia los papeles: la Intervención General forma parte de la propia Administración, y por eso su control es el de dentro; el de fuera lo hace un órgano que no depende del Gobierno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no ejerce ninguno de los dos controles del artículo 140.

El artículo 142.1 enumera cuatro objetivos cerrados: el cumplimiento de la normativa, el registro y la contabilización de las operaciones y su reflejo en las cuentas, la buena gestión financiera y el cumplimiento de los objetivos de los centros gestores del gasto. Enjuiciar la responsabilidad contable no está en la lista: es jurisdicción del Tribunal de Cuentas, el órgano del control externo.