La función interventora

El artículo 155.a) tiene una regla especial para los reparos de las intervenciones delegadas en el Ministerio de Defensa y en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social: de la discrepancia conocen, respectivamente, la Intervención General de la Defensa y la Intervención General de la Seguridad Social, cuyo criterio vincula a la delegada. La Intervención General de la Administración del Estado es la opción tentadora, porque es la que conoce de las discrepancias con las demás intervenciones delegadas; aquí solo entra si la discrepancia subsiste después. El director de la entidad es el cauce por el que se plantea la discrepancia, no quien la conoce.

El artículo 150.2 incluye en la función interventora dos intervenciones de signo distinto: la intervención formal de la ordenación del pago y la intervención material del pago. Tiene lógica: la ordenación es un acto documental, la orden que dispone pagar, y el pago es la salida del dinero. Las opciones que dan la misma modalidad a las dos, o que las cruzan, salen de recordar que hay una de cada sin saber cuál va con cuál.

El artículo 156.4 cierra el procedimiento: el acuerdo favorable del Consejo de Ministros no exime de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, haya lugar. El acuerdo resuelve sobre el expediente, pero no borra la infracción de haber omitido la fiscalización. La opción de que convalida lo actuado y extingue las responsabilidades es la tentadora, porque confunde poder seguir adelante con quedar libre de culpa. Tampoco las asume el Consejo de Ministros ni las limita a los casos de dolo.

El artículo 149.1 cierra la lista de a quién se aplica la función interventora: los actos de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. De las cuatro entidades, solo el organismo autónomo está en ella. La entidad pública empresarial es la tentadora, porque también es un organismo público adscrito a un ministerio y el artículo 148 habla de los actos «del sector público estatal», pero el 149 no la incluye. Las sociedades mercantiles y las fundaciones estatales tampoco están en la lista, aunque las financie o las posea por entero el Estado.

El artículo 151.b) saca de la fiscalización previa los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo una vez fiscalizado el gasto del período inicial del acto o contrato del que derivan o sus modificaciones. Fiscalizado el arranque, las mensualidades siguientes no vuelven a pasar por ella; una modificación que suponga más gasto, en cambio, es un acto nuevo que aprueba gasto y sí ha de fiscalizarse. Que una mensualidad supere el importe del período inicial no la devuelve a la fiscalización: la ley no fija ese límite. La opción que exime también las modificaciones es la tentadora para quien lee solo la primera mitad de la letra. Otra cosa es la intervención del reconocimiento de cada obligación, que el artículo 150.2 regula aparte de la fiscalización previa.

El artículo 151 enumera de forma cerrada lo que no se somete a la fiscalización previa, y entre ello están los contratos menores, las subvenciones con asignación nominativa y los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones, estos últimos solo cuando no son contratos sujetos a regulación armonizada. Un contrato de acceso a bases de datos que sí lo está cae fuera de esa excepción y vuelve a la regla general: la fiscalización previa. La suscripción a publicaciones que no está sujeta a regulación armonizada es la trampa inversa, porque es exactamente lo que la ley exime.

El artículo 156.1 bloquea lo que viene detrás: si la función interventora era preceptiva y se omitió, no se puede reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente esas actuaciones hasta que la omisión se subsane por el cauce del propio artículo. La opción que deja reconocer la obligación y frena solo el pago es la tentadora, porque parece un término medio, pero la ley corta ya en el reconocimiento. Que haya crédito no basta para pagar, ni cabe seguir tramitando con una simple comunicación a la Intervención.

El artículo 151.c) excluye de la fiscalización previa los gastos menores de 5.000 euros que se pagan mediante anticipo de caja fija, el procedimiento del artículo 78. Aquí la cifra decide si el gasto pasa o no por la Intervención antes de aprobarse. Las otras tres no tienen apoyo en la ley: la única cifra del artículo 151 es la de 5.000 euros, que vuelve a aparecer en su último párrafo para los gastos que se pagan con fondos librados a justificar cuando la prestación se hace en el extranjero.

El artículo 156.2 hace preceptivo el informe y dice de él que «no tendrá naturaleza de fiscalización»: no es la fiscalización omitida hecha tarde, sino un informe que pone de manifiesto, como mínimo, las infracciones que se habrían advertido, las prestaciones realizadas, la procedencia de revisar los actos y si hay crédito para las obligaciones pendientes. La fiscalización a posteriori es la opción tentadora porque parece llenar el hueco de lo omitido, y es justo lo que la ley niega. Tampoco es un reparo, porque no hay fiscalización que reparar, ni una auditoría.

El artículo 150.1 define las dos modalidades por su objeto. En la intervención material se comprueba la real y efectiva aplicación de los fondos públicos; la formal, en cambio, verifica que se cumplen los requisitos legales para adoptar el acuerdo examinando los documentos que deben estar en el expediente. Por eso la opción del examen documental es la tentadora: describe la otra modalidad. La existencia de crédito es uno de esos requisitos legales, no el objeto de la intervención material, y la eficacia y la economía medidas con normas de auditoría pertenecen a otro control.

El artículo 148 define la función interventora por su momento: controla esos actos «antes de que sean aprobados», junto con los ingresos y pagos que deriven de ellos, para asegurar que la gestión se ajusta a las disposiciones aplicables. Lo que la distingue de las otras modalidades del título VI es que actúa antes de que el acto se apruebe. El control continuo a lo largo de la gestión, la revisión de lo ya ejecutado con normas de auditoría o la que se hace al rendir cuentas recaen sobre lo hecho, y ninguna de ellas es la función interventora.

El artículo 151.g) deja fuera de la fiscalización previa los gastos de las actuaciones de emergencia del artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, pero precisa que esa exclusión no comprende la fiscalización previa de la orden de pago a justificar cuando se libran fondos con ese carácter para atender la emergencia. Que nada se fiscalice es la opción tentadora: la emergencia exime los gastos, no la orden con la que salen los fondos. Ni cada gasto ni cada pago concreto pasan por la fiscalización previa.

El artículo 154.3 lo dice con un «sólo»: en este régimen únicamente procede el reparo cuando no se cumple alguno de los extremos de necesaria comprobación del artículo 152.1, como la existencia de crédito adecuado y suficiente o que el gasto se proponga a órgano competente. Trasladar aquí los casos del régimen general es la confusión que se busca: ese régimen tiene su propia lista, más amplia, y el de requisitos básicos la sustituye por la del 152.1. Tampoco cualquier defecto da lugar a reparo, ni hace falta una autorización de la Intervención General.

El artículo 150.3 manda valorar la responsabilidad del representante de la Intervención General, y en su caso la del asesor designado, de forma proporcional a los medios personales y materiales disponibles para la comprobación. Añade dos límites: no alcanza a los defectos que no den un resultado tangible ni a los vicios ocultos imposibles de detectar en ese momento. Medirla por el importe de la inversión es la trampa: una inversión grande no hace responder más a quien no tenía medios para comprobarla. La ley no la equipara a la del director de la obra ni la hace solidaria con la del asesor.

El párrafo segundo del artículo 154.2 permite a la Intervención, ante defectos que derivan de requisitos o trámites no esenciales, emitir informe favorable condicionando la eficacia del acto a que se subsanen antes de aprobar el expediente; el órgano gestor le remite después la justificación, y si no los subsana, se considera formulado el reparo. Reparar de entrada es la opción tentadora, pero la ley reserva el reparo a los casos tasados del mismo apartado. Un favorable sin condiciones dejaría el defecto sin corregir, y la ley no prevé devolver el expediente sin informe. Esta salida no existe en el régimen especial de requisitos básicos.

El artículo 156.3 atribuye esa decisión al titular del departamento al que pertenece el órgano responsable de tramitar el expediente, y añade que esa competencia no puede ser objeto de delegación. Por eso la opción que permite delegarla es la trampa: el órgano es el correcto, pero la ley le cierra la delegación. La Intervención General emite el informe, pero ni propone ni decide si el asunto se eleva.

El artículo 152.2 es la excepción al régimen de requisitos básicos: aunque se haya limitado la fiscalización a esos extremos, los gastos que deben ser aprobados por el Consejo de Ministros siguen el régimen general de fiscalización previa. Pensar que se rigen por los requisitos básicos como cualquier otro gasto del ámbito es la trampa: la ley no les rebaja la comprobación. Y que los apruebe el Consejo de Ministros no los saca de la fiscalización previa, sino que es justo la razón de que se fiscalicen con todo su alcance.

El artículo 154.1 es tajante: la formulación del reparo suspende la tramitación del expediente hasta que se solvente, sea porque el órgano gestor subsana las deficiencias, sea porque, si no lo acepta, se resuelve el procedimiento del artículo siguiente. No depende del motivo del reparo, así que limitar la suspensión a los reparos por falta de crédito es inventar una condición. Tampoco extingue el expediente: queda detenido, no muerto, y sigue en cuanto el reparo se solventa.

El artículo 150 bis remite a un reglamento el reparto de competencias entre el Interventor General y los interventores delegados, pero fija dos reglas en todo caso: el Interventor General puede delegar en ellos sus competencias de función interventora y puede avocar para sí cualquier acto o expediente que considere oportuno. La avocación depende solo de su criterio: atarla a una petición del órgano gestor añade una condición que la ley no pone. Tampoco hay una competencia exclusiva del delegado que lo impida, ni la ley lo limita a revisar después lo ya informado.