Las modificaciones de crédito y quién las autoriza

El art. 56.4 manda medir los límites del 56.3 sobre el conjunto de las modificaciones del ejercicio, pero deja fuera las que se financian con incremento en la aportación del Estado. El distractor tentador son el remanente y los mayores ingresos, la financiación ordinaria del organismo (art. 56.2), que sí suman, igual que las que ya autorizó otro órgano. Las de personal tampoco quedan fuera: se computan aparte, en su propio grupo.

El art. 55.2.b) lleva a las Cortes los créditos extraordinarios o suplementarios del propio ejercicio que se financian con baja en otros créditos: el Ministro de Hacienda propone al Consejo de Ministros remitir un proyecto de ley, y la autorización es la ley. El distractor tentador es el Consejo de Ministros, que solo autoriza por sí mismo con otra financiación (art. 55.3); aquí se financia quitando crédito a otras partidas, y eso lo deciden las Cortes.

El art. 52.3 prohíbe «en ningún caso» que una transferencia cree o aumente créditos para subvenciones nominativas, con dos salvedades: que sea conforme con la Ley General de Subvenciones o que se trate de subvenciones o aportaciones a otros entes del sector público. El distractor tentador es el programa de imprevistos: el art. 52.2 lo libra de las restricciones del apartado 1, pero la prohibición de las nominativas está en el apartado 3 y no tiene esa excepción. Ni el órgano que autoriza ni la sección de origen la levantan.

El art. 60.1 solo admite el anticipo en dos casos: cuando, iniciado el expediente de un crédito extraordinario o de un suplemento, el Consejo de Estado ya ha dictaminado a favor, o cuando una ley promulgada impone obligaciones que exigen ese crédito. Es un puente hacia la ley que concederá el crédito, y por eso exige que el expediente esté avanzado. Que el Fondo de Contingencia se haya agotado no es uno de los casos, y los informes de la Dirección General de Presupuestos o de la Intervención no bastan.

El art. 59 aparta de las reglas de financiación de los arts. 50, 54 y 58 —el Fondo de Contingencia o la baja en otros créditos— tres grupos: las modificaciones relativas al pago de la Deuda Pública, las de los créditos que financian a comunidades autónomas y entidades locales por sus sistemas de financiación, y las que no reducen la capacidad de financiación del Estado. Las Clases Pasivas tientan porque el art. 54.1 las declara ampliables, como la Deuda, pero el art. 59 no las saca de las reglas de financiación. Tampoco lo hace con las obligaciones de ejercicios anteriores ni con los gastos de personal, que siguen la regla general.

El art. 52.1.d) es una restricción propia de la Seguridad Social: en sus entidades no pueden minorarse créditos ampliables salvo para financiar otros créditos ampliables. No es una prohibición absoluta, y por eso falla la opción que la presenta como tal; tampoco depende de quién autorice ni de un porcentaje del presupuesto, que es la vara con la que el art. 57.2 decide el órgano competente en los créditos extraordinarios y suplementos de la Seguridad Social, no las transferencias. Las excepciones del art. 52.2 (reorganizaciones, convenios…) alcanzan también a esta restricción, y por eso el enunciado las aparta.

El art. 53.3 tiene una regla general y, en el mismo apartado, su excepción: en los organismos autónomos y la Seguridad Social, la generación por las aportaciones del párrafo a) puede hacerse una vez reconocido el derecho o cuando exista un compromiso firme de aportación, siempre que el ingreso se prevea en el propio ejercicio. El distractor tentador es esperar al ingreso efectivo, que es lo que pide la regla general; el caso la desplaza porque reúne los tres datos de la excepción: organismo autónomo, aportación del 53.2.a) e ingreso en el ejercicio.

El importe no llega a 500.000 euros, pero el 14 % pasa del 10 % del capítulo, y el art. 56.3.a) exige las dos condiciones a la vez para que autorice el director: basta superar un límite para perderla. El art. 56.3.b) da entonces la competencia al Ministro de Hacienda, porque no se alcanza el 20 % del capítulo ni se supera 1.000.000 de euros. El ministro del que depende el organismo no autoriza en ningún tramo de la escala: solo recibe la cuenta de lo que acuerda el director.

El art. 60.1 limita los anticipos de Tesorería, en cada ejercicio, al uno por ciento de los créditos autorizados al Estado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado: es una vía excepcional y la ley la mantiene pequeña. El 2 %, el 5 % y el 7 % no son el tope de esta figura: el anticipo es una vía excepcional y la ley lo deja en el uno por ciento.

El artículo 51 cierra la lista: la cuantía y la finalidad de los créditos solo se modifican durante el ejercicio mediante transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito, e incorporaciones. Las bajas por anulación no están en ella: son una figura del presupuesto de las entidades locales, que regula su propia ley de haciendas, y por eso suenan familiares. Las otras tres opciones sí son modificaciones del art. 51.

El art. 54.3 financia las ampliaciones del Estado con el Fondo de Contingencia del art. 50 o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero. Los mayores ingresos son vía de los organismos, no del Estado, y por eso falla la pareja que los junta con el Fondo; la Deuda Pública financia necesidades de otra naturaleza, y el anticipo de Tesorería no financia nada: adelanta el pago mientras se tramita un crédito extraordinario o un suplemento (art. 60).

El art. 56.2 dice «únicamente»: el remanente de tesorería del ejercicio anterior que no se haya aplicado en el presupuesto del organismo, o los mayores ingresos sobre los previstos. No admite la baja en otros créditos, que la ley sí permite en otra modificación del organismo, y por eso tienta la pareja que la combina con el remanente. El Fondo de Contingencia es una sección del presupuesto del Estado y no financia los suplementos de un organismo.

El art. 52.2 enumera las transferencias a las que no alcanzan las restricciones del apartado 1: las de reorganizaciones administrativas o traspasos de competencias a comunidades autónomas, las de convenios o acuerdos entre departamentos ministeriales, órganos con sección propia u organismos autónomos, las que cumplen la Ley del Patrimonio Histórico Español y las que salen del programa de imprevistos. Pagar una sentencia no está en esa lista cerrada: que el gasto sea obligatorio no levanta por sí solo las restricciones de las transferencias.

El segundo párrafo del art. 54.1 declara ampliables, sin esperar a ninguna relación de la ley de presupuestos, los créditos para las obligaciones de la Deuda del Estado y de sus organismos autónomos: intereses, amortizaciones de principal y gastos de emisión, conversión, canje o amortización. Las retribuciones del personal, las subvenciones nominativas y las inversiones reales no son ampliables por la Ley 47/2003; solo lo serían si la ley de presupuestos del año los relacionara en su estado de gastos (primer párrafo del art. 54.1).

En la Seguridad Social, el art. 57.2 exige un informe previo de Hacienda a la autorización de los créditos extraordinarios y suplementos, y en el mismo apartado lo excepciona para las mutuas: en ellas no es preceptivo, y una vez autorizada la modificación se da cuenta a Hacienda. El órgano que autoriza sigue la regla general del 2 % del presupuesto de la entidad; el dictamen del Consejo de Estado es del proyecto de ley, y la financiación es la del resto de entidades: remanente o mayores ingresos.

El art. 57.2 fija en la Seguridad Social un solo umbral: por encima del dos por ciento del presupuesto inicial de gastos de la entidad autoriza el Gobierno, y por debajo, el ministro responsable de la entidad, con informe previo de Hacienda, salvo en las mutuas. El art. 57.3 manda sumar las del ejercicio, salvo las financiadas con más aportación del Estado. El distractor tentador es el Ministro de Hacienda, que tiene su papel en otras modificaciones, pero en estas de la Seguridad Social el umbral solo reparte entre el Gobierno y el ministro responsable de la entidad. Las Cortes solo intervienen en las obligaciones de ejercicios anteriores sin crédito anulado (art. 57.5), que el enunciado excluye.

El 9 % no llega al 10 % del capítulo, pero el importe supera 1.000.000 de euros. Basta pasar uno de los límites del art. 56.3.a) para que el director pierda la competencia, y el tramo intermedio de la letra b) tiene también un techo de 1.000.000 de euros. Al superarse el millón, queda la letra c): el Consejo de Ministros, «en los restantes casos». El distractor tentador es el director, porque el porcentaje es bajo; pero la escala exige no rebasar ninguno de los dos límites.

El art. 53.2 cierra la lista de ingresos que generan crédito: aportaciones para financiar gastos conjuntamente, ventas de bienes y prestación de servicios, enajenaciones de inmovilizado, reembolsos de préstamos, ingresos legalmente afectados a actuaciones determinadas y reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente. Los tributos que no están afectados a nada no figuran en ella: que se recaude más de lo previsto no permite por sí solo aumentar los créditos. El distractor tentador son los ingresos afectados, que sí están en la lista precisamente por su afectación.

El art. 55.2 exige, antes de proponer la remisión del proyecto, informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado. Las demás parejas cambian una pieza o las dos: la Intervención General de la Administración del Estado es el órgano de control interno de la gestión económico-financiera, no el que informa estos proyectos, y el Tribunal de Cuentas es el control externo, que llega después y depende de las Cortes.

El art. 56.3.a) excluye de la competencia del director los créditos que afecten a gastos de personal, aunque queden por debajo del 10 % y de 500.000 euros, y la letra b) da esos casos al Ministro de Hacienda mientras no superen sus propios límites (el 20 % del capítulo y 1.000.000 de euros). El distractor tentador es aplicar los umbrales sin mirar la exclusión. El Consejo de Ministros no es el órgano «siempre» de los de personal: solo entra por encima de los límites del ministro.