La gestión de la tesorería, el endeudamiento del sector público institucional y los avales

El art. 108.2 da a las operaciones de gestión tesorera —adquisición temporal de activos, préstamos, depósitos, colocación de fondos y operaciones pasivas a corto plazo— carácter no presupuestario: el principal entra y sale de la tesorería sin pasar por el presupuesto. Lo que sí se aplica al presupuesto del Estado son los rendimientos o gastos que deriven de ellas. Quien deja fuera también los rendimientos olvida esa salvedad, y la duración de la operación no cambia su carácter.

El art. 116 cierra con una presunción: el aval del Estado es subsidiario salvo que al concederlo se disponga expresamente otra cosa, de modo que el acreedor tiene que dirigirse antes contra el deudor principal. El mismo artículo permite renunciar al beneficio de excusión del Código Civil, y con esa renuncia el aval dejaría de funcionar así; pero la renuncia tiene que acordarse, no se presume. Ni la solidaridad ni la mancomunidad son la regla, y la ley no le da preferencia sobre otras garantías.

El art. 111.1 solo deja endeudarse a un organismo autónomo con autorización y dentro del límite fijado, y añade cómo se mide: a efectos de ese límite no se deducen las posiciones activas de tesorería que haya constituido. Cuenta el endeudamiento bruto. Es la regla contraria a la del límite de la Deuda del Estado, que el art. 94.1 entiende neto de las variaciones de sus posiciones activas, y de ahí sale la opción tentadora.

El art. 108.2 permite autorizar operaciones pasivas de tesorería —de crédito, préstamo, depósito, anticipo de ingresos o venta con pacto de recompra— para facilitar la gestión de la tesorería, siempre a un plazo no superior a tres meses. Son endeudamiento de muy corto plazo para cubrir desfases de caja, no financiación del presupuesto. El año tienta porque es la frontera de los instrumentos de financiación a corto plazo de la Deuda, pero esa es otra regla.

El art. 111.4 traslada al sector público institucional las competencias que el art. 98 da para las operaciones de la Deuda del Estado, y las adapta a la forma de cada entidad: en las fundaciones, al patronato, y en las sociedades mercantiles, a la Junta General de Accionistas. El consejo de administración es la respuesta intuitiva, porque gestiona la sociedad, pero la ley reserva la decisión al órgano de los socios. La primera frase del apartado da esas competencias al presidente o director de cada entidad, y de ahí sale la opción del presidente; pero la última las reserva, en las sociedades mercantiles, a la Junta General. El ministerio de adscripción no las ejerce.

El art. 106.2 permite retener las propuestas de pago a favor de las entidades del sector público administrativo estatal cuyos recursos integran el Tesoro en función de dos datos de la propia entidad: los pagos que tenga previstos y su tesorería disponible, y sin interferir en sus competencias. Es un instrumento de gestión de la liquidez: si el organismo tiene caja suficiente para lo que debe pagar, el Tesoro puede esperar. No es una compensación de deudas ni un control de cómo ejecuta su presupuesto.

El art. 107 obliga al Ordenador de Pagos a usar criterios objetivos al expedir las órdenes de pago, y pone cuatro ejemplos: la fecha de recepción, el importe de la operación, la aplicación presupuestaria y la forma de pago. La lista es abierta («entre otros»), y por eso la pregunta pide lo que el artículo nombra: ninguna de las otras tres opciones está entre esos cuatro ejemplos.

El art. 115.1 limita lo que cubre el aval: el pago del principal y de los intereses, y nada más, salvo que la ley de presupuestos o la de concesión dispongan expresamente otra cosa. Las comisiones y los gastos quedan fuera por defecto, y el aval no es una garantía genérica de cualquier deuda del avalado ni un seguro parcial de las pérdidas de quien presta.

El art. 112.1 da la ordenación de los pagos del organismo autónomo a su presidente o director, que la ejerce con los criterios de ordenación del art. 107. El Ordenador general de pagos del Estado es la trampa, pero la ley no lo lleva a los organismos autónomos, que tienen presupuesto propio y ordenan sus propios pagos. El ministerio de adscripción no ordena estos pagos, y el interventor fiscaliza, pero no ordena.

El art. 111.3 somete a todo el sector público institucional estatal a los principios de prudencia financiera que fije la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, con una sola excepción expresa: el Instituto de Crédito Oficial. Las sociedades mercantiles cotizadas son la trampa: no quedan fuera, solo cambia lo que deben contener como mínimo sus principios, porque para las demás entidades han de referirse al menos al coste financiero máximo de las operaciones y a las limitaciones al uso de derivados.

El art. 113.1 define el objeto del aval del Estado: afianzar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito, concertadas en el interior o en el exterior, por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. No se limita al sector público, y lo que se garantiza es una deuda financiera frente a quien presta, no una deuda tributaria ni las obligaciones de un contrato con la propia Administración.