Las disposiciones comunes de la ley de incompatibilidades: el complemento específico, el registro y las actividades exceptuadas

El artículo 18 hace de la inscripción en el registro de personal, cuando la compatibilidad es para un segundo puesto o actividad en el sector público, un requisito indispensable para que puedan acreditarse haberes por ese puesto o actividad. Ese es su efecto propio: el pago. La inscripción no decide la firmeza de la autorización, que sigue las reglas generales del procedimiento, ni le da eficacia frente a terceros, ni sustituye a la toma de posesión.

El artículo 16.4 admite la compatibilidad para actividades privadas «por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1º.3, 11, 12 y 13». Cumplir el límite del complemento específico solo abre la puerta a pedir la compatibilidad: las prohibiciones de esos artículos siguen en pie, igual que para cualquier otra actividad privada. La opción de la cuenta ajena les pone una condición que el 16.4 no pone, porque remite a esas prohibiciones tal como son; y el límite del complemento no las sustituye, porque mide otra cosa: lo que se cobra en el puesto público, no qué actividad privada se ejerce.

El artículo 19.b) exceptúa la dirección de seminarios y el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año. Las dos condiciones son de frecuencia y de volumen, no de pago: esta letra no exige que el curso sea gratuito. Que la actividad no sea retribuida es una condición que el artículo 19 pone a otra de sus letras, no a esta.

El artículo 19.g) exceptúa la participación ocasional en coloquios y programas de cualquier medio de comunicación social. Una colaboración fija cada semana no es ocasional y queda fuera de la excepción, sea cual sea la titularidad de la emisora («cualquier medio») y cobre o no por ello, porque esta letra no pone condiciones de pago. Un tope de horas no es condición de esta letra: la de los medios de comunicación no cuenta horas.

El artículo 20.3 encarga a los órganos a los que compete la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios cuidar, bajo su responsabilidad, de prevenir o corregir las incompatibilidades del personal; en el Estado, un órgano de inspección general coordina e impulsa esa labor y puede intervenir directamente. La ley no da ese encargo general a quien lleva el registro ni al órgano que concedió la compatibilidad, ni a la representación del personal.

El artículo 19.c) exceptúa la participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas: queda fuera del régimen de incompatibilidades y no necesita ningún acto previo. El profesor universitario asociado y el segundo puesto sanitario son actividades públicas que la ley permite compatibilizar, pero solo si se autorizan antes: estar permitido no es estar exceptuado, y es la confusión que más se repite. Ser consejero de una concesionaria no figura en la lista del artículo 19.

La disposición final segunda remite el régimen de incompatibilidades del personal de las Cortes Generales a su Estatuto, el del artículo 72.1 de la Constitución, y añade que ese Estatuto se ajustará a la presente ley. Ni se aplica la ley directamente, ni el Estatuto puede apartarse de ella: es una regulación propia con la ley como patrón. Los reglamentos de cada Cámara no son la norma que la disposición nombra.

El artículo 20.1 manda sancionar el incumplimiento de la ley conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido. La ley separa los dos planos: la situación incompatible se corrige con independencia de cómo avance el expediente, así que no espera a que la sanción sea firme ni queda sustituida por ella. Y no hay un régimen sancionador propio de la ley: se aplica el disciplinario de cada personal.

La disposición transitoria décima, que añadió la Ley 1/2024, mantiene vigentes las autorizaciones de compatibilidad concedidas a los catedráticos y profesores de música y artes escénicas que prestan servicio en los conservatorios superiores y profesionales de música, siempre que no se produzcan modificaciones en ninguna de las actividades públicas declaradas compatibles. No fija un plazo ni una revisión de oficio, ni la hace depender de un desarrollo reglamentario: la autorización dura lo que duren, sin cambios, las actividades que se compatibilizaron.

El artículo 16.2 lo dice con esas palabras: a efectos de ese artículo, la dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación. «Dedicación exclusiva» es la tentadora porque es una expresión habitual del régimen de incompatibilidades, pero no es la calificación que este precepto da al profesorado; ni la «ordinaria» ni la «plena dedicación» lo son tampoco, aunque la ley use las dos para otros supuestos.

La disposición derogatoria deroga lo que se oponga a la ley, pero deja subsistentes las incompatibilidades más rigurosas establecidas para personal determinado de acuerdo con la especial naturaleza de su función. La ley funciona como un mínimo común: un régimen más estricto para un colectivo concreto no se le opone y sigue en pie sin necesidad de adaptación. Mantenerlas «en lo que no exceda» de la ley sería vaciarlas, porque precisamente exceden de ella.

El artículo 17.2 dispone que las referencias a las facultades que la ley atribuye a las Subsecretarías y a los órganos competentes de las comunidades autónomas se entienden hechas al Rector de cada universidad respecto del personal a su servicio, en el marco de su Estatuto. El Claustro, el Gerente y el Consejo Social son órganos de la universidad, pero la ley no les da esa función; el Consejo Social tienta porque interviene en la vida económica de la universidad, que no es lo que aquí se reparte.

El artículo 16.4 permite, por excepción, reconocer compatibilidad para actividades privadas al personal cuyo complemento específico, o concepto equiparable, no supere el 30 por 100 de su retribución básica. Es una excepción estrecha: la regla del artículo 16.1 niega esa compatibilidad a quien desempeña un puesto con complemento específico, y el 16.4 solo la abre cuando el complemento es pequeño en proporción a lo básico. Ninguno de los demás porcentajes es el de este límite.

La disposición adicional cuarta.2 establece que, mientras se dicta esa ley, la dirección de los centros hospitalarios se desempeña en régimen de plena dedicación, sin posibilidad de simultanear esa función con ninguna otra de carácter público o privado. No hay salvedad para la docencia universitaria, aunque el artículo 4 permita en otros casos compatibilizar la universidad con un puesto sanitario. Lo que el apartado 1 deja a los órganos del Estado y a los gobiernos autonómicos es determinar qué puestos sanitarios admiten el tiempo parcial, no el régimen de la dirección de los hospitales.

La disposición adicional novena dice que la incompatibilidad del artículo 3.2 no se aplica a los profesores universitarios eméritos, que siguen vinculados a la universidad tras su jubilación. Los profesores asociados son la opción tentadora porque también tienen un régimen propio en la ley, pero el suyo es otro: que pueda autorizarse su compatibilidad con un puesto (artículo 4.1), lo que nada tiene que ver con la pensión. Ni el profesorado a tiempo completo ni el de música y artes escénicas tienen esta excepción.

El artículo 19.d) exceptúa del régimen de incompatibilidades la participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente le correspondan, en la forma reglamentariamente establecida. El caso es exactamente ese: un docente que evalúa unas pruebas ajenas a su tarea ordinaria, en la forma que fija el reglamento, así que no necesita ningún acto previo. Las dos opciones que piden una autorización o un reconocimiento previos tientan porque son los caminos de quien no está exceptuado, pero la excepción consiste justo en no tener que recorrerlos; y declararla incompatible ignora que la ley la saca de su régimen.

El artículo 19.f) exceptúa la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones que derivan de ella, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios. Lo que la saca de la excepción es su origen, no que se cobre ni de qué trate: escribir un libro y cobrar sus derechos sigue exceptuado, pero redactar una obra por encargo de quien le tiene contratado ya es una actividad sujeta a la ley. Y la letra no distingue la editorial: publicar con una privada no cambia nada.

La disposición adicional segunda exige que toda modificación del régimen de incompatibilidades de la ley contenga una redacción completa de las normas afectadas: no se cambia una palabra suelta, se da el texto entero de lo que se reforma, para que la ley se pueda leer sin reconstruirla. No exige tabla de vigencias, ni régimen transitorio, ni la lista de los colectivos afectados.

El artículo 19.e) exceptúa el cargo de presidente, vocal o miembro de las juntas rectoras de mutualidades o patronatos de funcionarios a condición de que no sea retribuido; cobrando por él cada mes, la actividad vuelve al régimen general de la ley. Las otras tres describen actividades que la lista del artículo 19 sí recoge, en las condiciones del caso: la administración del patrimonio personal o familiar (letra a), la colaboración y la asistencia ocasional a congresos de carácter profesional (letra h), que no exige que sean gratuitas, y una conferencia aislada en un centro oficial de formación de funcionarios (letra b).

La disposición final primera declara que las normas de la ley se consideran bases del régimen estatutario de la función pública, dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, con las pocas excepciones que enumera. Por eso la ley rige en todas las Administraciones, que pueden desarrollarla pero no desplazarla: no es derecho supletorio de las comunidades autónomas ni una norma propia del Estado.