El contrato de servicios

El art. 313.1.c), entre las causas de resolución propias del contrato de servicios, dispone que los contratos complementarios quedan resueltos, en todo caso, cuando se resuelve el principal. No sigue vigente hasta agotar su plazo, y la resolución no depende de que el órgano de contratación la acuerde ni de que decida no mantenerlo: se produce en todo caso.

El art. 315.2 hace responder al contratista de los daños que los defectos del proyecto causen durante la ejecución o la explotación de la obra, al órgano de contratación o a terceros, pero limita la indemnización exigible: el 50 % del importe de los daños, con un máximo de cinco veces el precio pactado por el proyecto, exigible durante diez años desde su recepción. El resto de lo que haya que pagar a terceros corre a cargo de la Administración. Se sitúa en un ministerio porque el art. 315 no es básico y rige para el Estado.

El art. 308.4, añadido por la Ley 9/2022, permite contratar juntas la redacción de proyectos y la dirección de obra cuando contratarlas por separado conllevase una merma en la calidad de las prestaciones, porque dificulta la coordinación y la continuidad entre la redacción del proyecto y su ejecución en obra; y obliga al órgano de contratación a motivarlo en el expediente. El umbral de regulación armonizada no es lo que lo decide, y la solvencia del proyectista para dirigir la obra es un requisito para participar, no la circunstancia que permite juntar las prestaciones. Quién vaya a ejecutar la obra tampoco aparece en el artículo.

El art. 312.d) permite a la Administración que no decide resolver el contrato acordar su secuestro o intervención hasta que desaparezca la perturbación grave y no reparable por otros medios que causa el incumplimiento del contratista, que además debe abonarle los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado. El rescate del servicio para su gestión directa es, por la remisión de la letra g) del mismo artículo al art. 294.c), una causa de resolución, y aquí la Administración no quiere resolver. La cesión es un negocio del contratista, sujeto a sus propios requisitos (art. 214), no una medida que imponga la Administración. Y ejercer sobre el personal de la empresa las facultades que corresponden a esta es lo que el art. 308.2 manda evitar a los empleados de la Administración.

El art. 308.1 dispone que los contratos de servicios que tienen por objeto desarrollar y poner a disposición productos protegidos por la propiedad intelectual o industrial llevan aparejada la cesión de ese derecho a la Administración contratante, salvo que los pliegos o el documento contractual digan otra cosa. Como aquí no dicen nada, la cesión va con el contrato: no hay que pagarla aparte ni la empresa se queda con los derechos. La autorización de uso aparece en el mismo apartado para el caso contrario: aun cuando se excluya la cesión, el órgano de contratación puede autorizar el uso del producto a las entidades del sector público.

El art. 314.2 deja a la Administración elegir, atendiendo a las circunstancias, entre resolver el contrato o conceder un nuevo plazo al contratista. Encargar la corrección a otra empresa, rebajar el precio o aceptar el proyecto con reparos no son opciones del artículo. Se sitúa en un ministerio porque los apartados 3 a 6 del art. 314 no son básicos y rigen para el Estado.

El art. 309.1 deja fuera de las modificaciones la variación solo en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas, que puede recogerse en la liquidación, con dos condiciones: que no suponga un incremento del gasto superior al 10 % del precio del contrato, que aquí se cumple, y que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Esa segunda es la que separa los servicios del exceso de mediciones de las obras (art. 242.4), que no la exige; por eso no basta con no pasar del 10 %. La conformidad del contratista o una autorización previa del responsable del contrato no son condiciones de este artículo.