El contrato de suministro

El art. 300.2 niega al adjudicatario, sea cual sea el tipo de suministro, la indemnización por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de entregarlos, con una salvedad: que la Administración hubiera incurrido en mora al recibirlos, que es lo que ocurre cuando no los recibe sin causa al ponérselos a su disposición. La tentadora es la de que aún no se habían entregado: esa es la regla general, pero la mora la desplaza. Que nadie causara la avería no cambia nada, y el derecho nace de la ley, no del pliego.

El art. 301.1 da al adjudicatario derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración, con arreglo a las condiciones del contrato, que aquí admite entregas parciales. Hacen falta las dos cosas, así que cuentan las 400 sillas. Entregar no basta: las 200 pendientes de recepción no dan todavía derecho al precio. Ni la formalización da derecho a cobrar lo que no se ha entregado, ni hay que esperar al final si el contrato prevé entregas parciales.

El art. 298 pone el mantenimiento del objeto arrendado a cargo del arrendador durante toda la vigencia del contrato, y añade que lo que la Administración deba pagar, en su caso, como canon de mantenimiento se fija separadamente de las cantidades que constituyen el precio del arriendo. Por eso no se mete dentro del precio sin desglosar, ni hace falta otro contrato de servicios: el mantenimiento es una obligación del propio arrendamiento. Y la ley no lo calcula como un porcentaje del arriendo.

Para el desistimiento una vez iniciada la ejecución, el art. 307.3 da al contratista, por todos los conceptos, el 6 % del precio de adjudicación, IVA excluido, de los suministros dejados de realizar, en concepto de beneficio industrial. Los dejados de realizar son la diferencia entre lo contratado y lo realizado hasta la notificación del desistimiento: 400.000 − 100.000 = 300.000 euros, y su 6 % son 18.000. Los 24.000 aplican el 6 % al precio entero. Los 12.000 son el 3 % del precio de adjudicación, que el art. 307.2 reserva para el desistimiento antes de iniciar el suministro, y los 9.000, ese 3 % sobre lo que faltaba.

El art. 302.1 admite que el pliego establezca, cuando razones técnicas o económicas justificadas en el expediente lo aconsejen, que el precio total consista parte en dinero y parte en otros bienes de la misma clase, pero sin que el importe de estos pueda superar en ningún caso el 50 % del precio total: la mitad de 120.000 € son 60.000. La justificación en el expediente y la previsión del pliego son las condiciones para usar esta forma de pago, no una dispensa del tope. Los 40.000, 24.000 y 12.000 € serían un tercio, un 20 % y un 10 % del precio, porcentajes que este artículo no fija.

El art. 305.3 permite al órgano de contratación, si estima durante el plazo de garantía que los bienes no son aptos para su fin por vicios imputables al contratista y presume que la reposición o la reparación no bastarán, rechazarlos antes de que expire el plazo, dejándolos de cuenta del contratista, sin obligación de pagar o con derecho a recuperar el precio pagado. La reparación o la reposición del art. 305.1 es la vía cuando bastan, que aquí no es el caso. Y esperar al final no sirve: el rechazo tiene que llegar antes de que expire el plazo. La ley no prevé quedárselos con una rebaja.

El art. 303 reconoce a la Administración, por ley y sin depender del pliego, la facultad de inspeccionar el proceso de fabricación y de ser informada de él, de ordenar o hacer ella misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales, de establecer sistemas de control de calidad y de dictar las disposiciones oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. No tiene que esperar a la recepción, y ser informada es solo una parte de lo que puede hacer.