Los efectos, las prerrogativas de la Administración y la ejecución de los contratos

El art. 195.2 obliga al órgano de contratación a conceder la ampliación cuando el retraso no es imputable al contratista y este ofrece cumplir, y le fija un suelo: un plazo por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista pida uno menor. Por eso dos meses son el mínimo, no el máximo ni una cifra cerrada, y el órgano no la fija libremente. El responsable del contrato informa sobre si el retraso fue imputable al contratista.

El art. 193.2 es tajante: la constitución en mora del contratista no precisa intimación previa por parte de la Administración. Basta con que venza el plazo total o, en su caso, los parciales, que el contratista está obligado a cumplir (art. 193.1). No hace falta un requerimiento ni un plazo de subsanación, y el pliego no cambia esa regla.

El art. 189 vincula a las dos partes al contenido del contrato: se cumple a tenor de sus cláusulas, pero sin perjuicio de las prerrogativas que la legislación reconoce a las Administraciones Públicas. Por eso no es cierto que ninguna prerrogativa pueda tocarlo ni que todo cambio pida el consentimiento del contratista. Y lo que rige es lo pactado, no lo que interprete el responsable del contrato, que supervisa la ejecución dentro de las facultades que se le atribuyan (art. 62.1).

El art. 197 sienta el principio: la ejecución del contrato se hace a riesgo y ventura del contratista, en todos los contratos y no solo en las concesiones, sin perjuicio de lo que el art. 239 dispone para el contrato de obras, que da al contratista derecho a indemnización en los casos de fuerza mayor. No es un riesgo de la Administración ni se reparte entre las partes.

El art. 199 da al silencio de un mes un efecto propio: se entiende reconocido el vencimiento del plazo de pago, y el contratista puede interponer recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pidiendo como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. No se entiende desestimada la reclamación ni hace falta esperar una resolución expresa, y el pago no es un acto contra el que quepa el recurso especial.

El art. 193.4 faculta al órgano de contratación para resolver el contrato o acordar que continúe con nuevas penalidades cada vez que las penalidades por demora alcanzan un múltiplo del 5 % del precio, IVA excluido: el primero, 20.000 euros sobre 400.000. Los 40.000 euros son el segundo múltiplo, no el primero; los 24.200 y los 48.400 salen de hacer las mismas cuentas con el IVA dentro.

El art. 191.3.b pide el dictamen para las modificaciones que reúnen tres cosas a la vez: que no estén previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que su cuantía supere el 20 % del precio inicial, IVA excluido, y que el precio del contrato sea igual o superior a 6.000.000 de euros. Solo la cuarta las reúne. La prevista en el pliego no lo exige; la del 20 % justo no lo supera, porque la ley dice «superior»; y el contrato de 4.000.000 € no llega a los seis millones.

El art. 201 obliga a los órganos de contratación a velar por que el contratista cumpla sus obligaciones medioambientales, sociales y laborales, y dispone que su incumplimiento —en especial los impagos o retrasos reiterados de salarios, o las condiciones salariales inferiores a las del convenio cuando sea grave y dolosa— da lugar a las penalidades del art. 192, las del cumplimiento defectuoso. No prevé perder la garantía, pagar a la plantilla ni retener el precio. Aparte, el impago de salarios y el incumplimiento del convenio son también causa de resolución (art. 211.1.i).

El art. 191.3.a exige el dictamen del Consejo de Estado, o del órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, en la interpretación, la nulidad y la resolución de los contratos cuando el contratista se opone. Lo que lo activa es la oposición, no la regulación armonizada ni quién propone la resolución. Y la demora no es excepción: si la Administración opta por resolver por demora, el art. 195.1 pide la audiencia del contratista y el dictamen solo cuando este se opone.

El art. 200.2 hace de la notificación fehaciente del acuerdo de cesión el requisito imprescindible para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración. La autorización previa y expresa y el 20 % ejecutado son requisitos de otra figura, la cesión del contrato (art. 214.2), en la que el cesionario se subroga en todos los derechos y obligaciones; aquí solo se transmite el cobro. La ley no pide inscribirla en ningún registro.

El art. 198.7 solo deja embargar los abonos a cuenta en dos supuestos, los dos ligados a la ejecución de ese contrato: los salarios devengados por el personal del contratista en esa ejecución, con sus cuotas sociales, y las deudas con los subcontratistas y suministradores referidas a ella. Ni un préstamo de la empresa ni los salarios o los proveedores de otros contratos entran.

El art. 198.4 condiciona el inicio del cómputo para el devengo de intereses a que el contratista haya cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en los términos de la normativa de factura electrónica y en tiempo y forma. La reclamación por escrito es un trámite del art. 199, no lo que pone a correr los intereses. Ni el informe del responsable del contrato ni una intimación son requisito.

El art. 200.4 da efectos liberatorios a los mandamientos de pago expedidos a nombre del contratista o del cedente antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración: ha pagado bien y no tiene que pagar otra vez. Solo desde que la Administración conoce la cesión tiene que expedir el mandamiento a favor del cesionario.

Aunque el primer párrafo del art. 202.1 diga que los órganos de contratación «podrán» establecer condiciones especiales de ejecución, el segundo añade que en todo caso es obligatorio que el pliego de cláusulas administrativas particulares recoja al menos una de las que enumera el apartado 2: económicas, de innovación, medioambientales o sociales. No depende de la regulación armonizada ni tiene que ser de tipo social.

Con una demora en el pago superior a cuatro meses, el art. 198.5 permite al contratista suspender el cumplimiento del contrato, pero tiene que comunicarlo a la Administración con un mes de antelación. Resolver el contrato y pedir el resarcimiento de los perjuicios exige una demora superior a seis meses (art. 198.6), que aquí no se da. Se sitúa en un ministerio porque las comunidades autónomas pueden reducir esos plazos (art. 198.8).

El art. 198.4 obliga a la Administración a abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de las certificaciones o de los documentos que acreditan la conformidad. Son días naturales (DA 12.ª): contados desde el 3 de febrero, el trigésimo es el 4 de marzo, porque febrero de 2026 tiene 28 días. El 2 de marzo es contar un mes en vez de treinta días; el 3 de abril, sesenta días; y el 2 de mayo, tres meses. Se sitúa en un ministerio porque las comunidades autónomas pueden reducir ese plazo (art. 198.8).

El art. 202.1 admite condiciones especiales de ejecución siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. Son condiciones de la ejecución, no criterios que puntúen las ofertas; se conocen desde la licitación, no se pactan después; y la ley no las limita a los contratos armonizados.

El art. 202.1 manda advertir al contratista de que su obligación de someterse a la normativa nacional y europea de protección de datos tiene el carácter de obligación contractual esencial, de conformidad con el art. 211.1.f: su incumplimiento es causa de resolución. No depende de que el pliego la califique así, porque la propia ley le da ese carácter; no se queda en las penalidades; y no es algo que se puntúe en la oferta, sino una obligación de la ejecución.

El art. 198.3 reconoce al contratista el derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias de la ejecución comprendidas en el objeto del contrato, en las condiciones que fijen los pliegos, y exige que esos pagos se aseguren con una garantía. La ley no los reserva a los contratos de más de un año, no los somete a una autorización de la Intervención ni obliga a descontarlos de una vez en el primer pago.

El art. 188 remite a las normas del art. 25.2 —la propia LCSP y su desarrollo, con el derecho administrativo y el privado como supletorios— y a los pliegos: los de cláusulas administrativas y los de prescripciones técnicas, generales y particulares, o el documento descriptivo que los sustituya. No es solo el pliego particular, y los generales también cuentan. Y la oferta no está por encima de los pliegos: presentarla supone aceptar incondicionadamente todas sus cláusulas (art. 139.1).