La necesidad del contrato, su duración y los encargos a medios propios

El artículo 31.3 atribuye la responsabilidad conjunta a todas las entidades cuando el procedimiento se desarrolla entero en nombre y por cuenta de todas, y precisa que vale también cuando una sola lo administra. Responder cada una solo de su parte es la regla del segundo párrafo, para el procedimiento que no se hace conjuntamente en su totalidad; y la financiación no cuenta.

El artículo 32.6.c exige autorización del Consejo de Ministros a los órganos del sector público estatal con condición de poder adjudicador cuando el gasto del encargo es igual o superior a doce millones de euros, y debe obtenerse antes de suscribirlo. La autorización es genérica: no valida los trámites ni sustituye la aprobación del gasto, que sigue en los órganos competentes. No interviene el Consejo de Estado, y la Junta Consultiva es un órgano consultivo, no quien autoriza.

El segundo párrafo del artículo 29.4 permite, excepcionalmente, una duración mayor en suministros y servicios cuando lo exige el período de recuperación de inversiones directamente relacionadas con el contrato que no se pueden aprovechar en el resto de la actividad, siempre que su amortización sea un coste relevante; todo ello justificado en el expediente. La medida es ese período, no la vida de los bienes ni el máximo general con una prórroga añadida, y no interviene el Consejo de Ministros.

El segundo párrafo del artículo 32.2.a presume siempre el control análogo cuando el poder adjudicador (u otros controlados del mismo modo por él) puede conferir al ente encargos de ejecución obligatoria porque así lo establecen sus estatutos o su acto de creación, de modo que haya unidad de decisión. Tener la mayoría de los votos, financiarlo o nombrar a su director pueden indicar influencia, pero no son el supuesto que la ley da por cumplido en todo caso.

El artículo 28.1 abre la ley con el principio de necesidad: las entidades del sector público no pueden celebrar más contratos que los necesarios para sus fines institucionales, y por eso la necesidad y la idoneidad del objeto se dejan documentadas antes de licitar en los procedimientos abierto, restringido y negociado sin publicidad. El plan de contratación del apartado 4 es una obligación de programar y anunciar, no una lista fuera de la cual no se pueda contratar; ni el presupuesto de inversiones ni una autorización del control interno son condición del artículo.

El artículo 28.4 obliga a programar la contratación, por ejercicio o por períodos plurianuales, y a anunciar el plan con el anuncio de información previa del artículo 134, que debe recoger como mínimo los contratos sujetos a regulación armonizada. No se publica como disposición en un diario oficial ni va anexo al presupuesto, y la Junta Consultiva es un órgano consultivo, no quien publica la programación de cada entidad.

El artículo 30.3 parte de que la Administración presta los servicios normalmente con sus propios medios, y le permite contratarlos cuando carece de medios suficientes, con la justificación en el expediente. Las unidades simples de trabajo y el 5 % salen del apartado 1 del mismo artículo, pero al revés: son circunstancias que permiten a la Administración ejecutar obras por sí misma. El artículo no es básico; por eso el caso es de un ministerio.

El artículo 32.7.b fija el techo en el 50 % de la cuantía del encargo; los suministros o servicios auxiliares que no son una parte autónoma de la prestación no cuentan. Puede superarse excepcionalmente por razones de seguridad, de control de la ejecución o de urgencia, con la justificación publicada junto al encargo. El límite existe para que el medio propio no se convierta en un intermediario que contrata fuera lo que se le encarga.

El artículo 29.2 lo cierra sin excepciones: en ningún caso hay prórroga por consentimiento tácito. La prórroga tiene que acordarla el órgano de contratación, aunque el contrato la prevea. Seguir prestando hasta el nuevo contrato recuerda a la prórroga excepcional del apartado 4, pero esa también la decide el órgano de contratación y exige sus propias condiciones.

El artículo 29.8 limita los contratos menores a un año y les prohíbe la prórroga: son contratos de tramitación simplificada para necesidades puntuales, y prorrogarlos permitiría sostener en el tiempo, sin licitar, lo que debería salir a concurrencia. La única salvedad está en el apartado 7, para los servicios complementarios de un menor de obras, y tampoco consiste en prorrogarlos.

Dos meses de antelación a la finalización del contrato, según el artículo 29.2; el pliego puede alargar ese preaviso, pero no acortarlo. Con él, la prórroga que acuerda el órgano de contratación obliga al empresario sin necesidad de que la consienta. Las otras cifras de meses del artículo miden cosas distintas del preaviso.

El artículo 32.6.a exige que el medio propio haya publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición, los poderes adjudicadores respecto de los que la tiene y los sectores en que es apto para recibir encargos; el documento de formalización de cada encargo también se publica allí. El inventario de entidades del sector público es de otra ley y no sirve de publicidad del medio propio, y el Registro de Licitadores es para empresas que licitan.

El artículo 29.2 pone la prórroga en manos del órgano de contratación y la hace obligatoria para el empresario cuando se le preavisa en plazo. No es un nuevo acuerdo entre las partes que el contratista pueda rehusar, y el pliego no puede reconocerle un derecho a hacerlo: lo único que puede es exigir un preaviso mayor. Es obligatoria salvo la excepción que el propio apartado prevé, que aquí no concurre.

Más del 80 % de sus actividades, según el artículo 32.2.b, calculado con el promedio del volumen de negocios u otro indicador fiable de los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo. Una proporción menor no basta: el medio propio tiene que dedicarse casi en exclusiva a quien le hace encargos, y por eso su encargo no se considera un contrato.

El artículo 31.1 distingue dos formas de cooperar sin contrato: la vertical, con encargos a medios propios personificados (artículos 32 y 33), y la horizontal, entre entidades del sector público, con convenios en las condiciones del artículo 6.1. El encargo a un medio propio es el distractor tentador porque también queda fuera de la contratación, pero es la cooperación vertical. El negociado sin publicidad y los acuerdos marco son contratación, no cooperación.

Nueve meses como máximo, y sin modificar las demás condiciones del contrato (último párrafo del artículo 29.4). Es una prórroga excepcional, que cabe aunque se haya agotado la duración máxima, para no dejar el servicio sin prestar mientras llega el nuevo contrato; la ley la rodea de condiciones para que no ampare a quien licita tarde, y le pone un techo que no se alarga aunque el nuevo contrato siga sin empezar.

El artículo 29.2 exceptúa de la obligación de preaviso a los contratos cuya duración sea inferior a dos meses, como este de seis semanas: un preaviso general sería más largo que el propio contrato. La ley no reduce el plazo a la mitad, y el pliego no puede suprimir el preaviso en los demás contratos: lo único que puede hacer es fijar uno mayor.