Los órganos de contratación, de asistencia y consultivos

El artículo 326.5 exige que entre los vocales figuren un funcionario de los que tienen atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor (o, a falta de ellos, quienes tengan atribuidas esas funciones de asesoramiento jurídico y de control económico-presupuestario). Los demás vocales los determina el reglamento (326.3): la ley no exige un técnico del servicio promotor. Y los expertos independientes no son vocales: la mesa puede pedirles asesoramiento, con autorización del órgano de contratación.

El artículo 336.1 obliga a los órganos de contratación a redactar un informe escrito sobre cada contrato de obras, suministros o servicios o acuerdo marco sujetos a regulación armonizada, y cada vez que establecen un sistema dinámico de adquisición. El informe recoge, entre otras cosas, por qué se acudió a un negociado sin publicidad o por qué se rechazó una oferta anormalmente baja, pero eso es su contenido, no lo que lo hace obligatorio: lo decide que el contrato esté sujeto a regulación armonizada. El informe, o sus elementos principales, se remite a la Comisión Europea o al Comité de cooperación cuando lo piden (336.2).

El artículo 335.1 obliga a remitir al Tribunal de Cuentas (o al órgano externo de fiscalización autonómico), dentro de los tres meses siguientes a la formalización, una copia certificada del documento de formalización con un extracto del expediente cuando el precio de adjudicación excede de 600.000 euros en obras, concesiones y acuerdos marco (en estos, el valor estimado), de 450.000 en suministros y de 150.000 en servicios y contratos administrativos especiales. La relación del resto de contratos es para los que no superan esos importes, y el Tribunal puede reclamar además cuantos documentos estime pertinentes (335.3). En la Administración General del Estado, las comunicaciones las hace el órgano de contratación (335.4).

El artículo 326.1 obliga a los órganos de contratación de las Administraciones Públicas a estar asistidos por una mesa en los procedimientos abierto, abierto simplificado, restringido, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación (salvo que contrate una Junta de Contratación), y deja la mesa como potestativa solo en la tramitación abreviada del abierto simplificado, la del artículo 159.6. La tramitación ordinaria del simplificado sí lleva mesa, y que el expediente sea urgente no figura entre las excepciones del 326.1: el abierto y el restringido urgentes siguen necesitándola.

Cuando el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato, el artículo 324.4 le reserva también la autorización de las modificaciones no previstas en el pliego que superen, aisladas o en conjunto, el 10 % del precio inicial, IVA excluido, y la de la resolución del contrato. Superado ese porcentaje, no basta la decisión del órgano de contratación, ni que el Consejo tome conocimiento: tiene que autorizarla. El informe de la Junta Consultiva no es uno de esos requisitos.

El artículo 326.5 admite en la mesa a personal funcionario interino únicamente cuando no haya funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente; que lo proponga el servicio promotor no basta. En cambio, excluye en todo caso al personal eventual, como un asesor de gabinete, por cualificado que sea, y también a quien haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato, como el proyecto de las obras, aunque no haya otro técnico. Esta última exclusión solo tiene una salvedad en la disposición adicional segunda, que es la de las entidades locales y no alcanza a un ministerio.

En el sector público estatal, el artículo 324.6 exige un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda (la ley aún lo llama «de Hacienda y Función Pública») antes de celebrar una concesión de obras o de servicios cuyo valor estimado alcance el mismo umbral que obliga a pedir la autorización del Consejo de Ministros: por eso este caso necesita las dos. El informe se pronuncia sobre las repercusiones presupuestarias, los compromisos financieros y la estabilidad presupuestaria. Ni la Intervención General, ni la Junta Consultiva, ni el Consejo de Estado tienen atribuido ese informe.

El artículo 332.7.d permite a la Oficina aprobar instrucciones con pautas de interpretación y aplicación de la legislación de contratación, y precisa que son obligatorias para todos los órganos de contratación del sector público del Estado. La Oficina coordina la supervisión del conjunto del sector público (332.6.a), pero sus instrucciones obligan solo en el ámbito estatal; no dependen de que el órgano le haya consultado, y la adhesión de una comunidad autónoma es un mecanismo de la Oficina Nacional de Evaluación (333.3), no de estas instrucciones.

El artículo 324.1.a exige la autorización del Consejo de Ministros cuando el valor estimado del contrato, calculado según el artículo 101, es igual o superior a doce millones de euros; la misma cifra rige para los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición (324.1.c). Seis millones es uno de los límites de la competencia del Alcalde en la disposición adicional segunda, que no tiene que ver con esta autorización.

El artículo 323.2 hace órganos de contratación de los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las demás entidades públicas del sector público estatal a sus Presidentes o Directores, a falta de disposición específica en sus normas de creación o de funcionamiento. El Ministro lo es de la Administración General del Estado (323.1), no del organismo que se le adscribe; el Subsecretario no figura como órgano de contratación, y los Directores generales solo lo son de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Según el artículo 330, los órganos consultivos que crean las comunidades autónomas ejercen su competencia en su territorio sobre la contratación de las entidades del sector público autonómico y, si sus normas reguladoras lo establecen, sobre la de las entidades locales incluidas en él, sin perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Lo que extiende su competencia a las entidades locales es la norma que regula el órgano, no el acuerdo de cada entidad; y ninguna norma autonómica puede llevarla al sector público estatal.

El artículo 328.2 hace vocales natos de la Junta Consultiva, con voz pero sin voto, al presidente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y a un representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; el artículo 332.4 lo repite desde el lado de la Oficina. La ley no da ese puesto al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al Tribunal de Cuentas ni a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Según el artículo 325.1, las competencias en materia de contratación pueden desconcentrarse por real decreto acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, dependan o no del órgano de contratación. No basta una orden del ministro ni una resolución del propio órgano, y la Junta de Contratación es un órgano que actúa como órgano de contratación (323.4), no el que reparte la competencia. En las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, la desconcentración sigue la Ley General de la Seguridad Social (325.2).

El artículo 333.1 da a la Oficina Nacional de Evaluación, órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, la finalidad de analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios; por eso informa antes de su licitación en los casos del artículo 333.3 y también los acuerdos de restablecimiento del equilibrio. No revisa la legalidad de las adjudicaciones, ni los plazos de pago, ni los encargos a medios propios.

El artículo 328.1 define la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado como el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal: su ámbito es el estatal, no todo el sector público, y su función es regular y consultar, no supervisar. La supervisión es la tarea de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que la coordina en el conjunto del sector público (332.6.a).