Los pliegos

Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no se refieren a marcas, patentes, fabricaciones u orígenes determinados para favorecer o descartar empresas o productos (artículo 126.6). Cuando el objeto no se puede describir de otro modo, la referencia se admite con carácter excepcional, pero acompañada de la mención «o equivalente»: la marca describe lo que se pide y no cierra la puerta a productos equivalentes. La ley no la traslada a los criterios de adjudicación, y exigir que se fabrique en un lugar determinado es una de las referencias que ese apartado veta si no lo justifica el objeto del contrato.

Una vez aprobado, el pliego de cláusulas administrativas particulares solo se puede modificar por error material, de hecho o aritmético; cualquier otro cambio obliga, según el artículo 122.1, a retrotraer las actuaciones. No basta con publicar la cláusula nueva, y tampoco es un desistimiento, que pone fin al procedimiento en lugar de devolverlo al punto anterior. La compensación de los gastos a los licitadores la prevé el artículo 152 para la decisión de no adjudicar y para el desistimiento, no para la modificación del pliego.

El órgano de contratación que exige una etiqueta específica tiene que aceptar las que verifiquen requisitos equivalentes (artículo 127.3), pero el artículo 127.6 pone la carga de probar la equivalencia, en todo caso, en el candidato o licitador que la alega. Ni el órgano ni la mesa tienen que demostrar que la otra etiqueta equivale, y el organismo que concede la exigida no es parte del procedimiento.

Señalar en el pliego dónde obtener esa información es potestativo (artículo 129.1), pero si el órgano de contratación la facilita, el artículo 129.2 le obliga a pedir a licitadores y candidatos que manifiesten haber tenido en cuenta esas obligaciones al preparar sus ofertas. La ley no les pide desglosar su coste, aportar la información obtenida ni acreditar la consulta; y la manifestación no impide verificar después las ofertas con valores anormales o desproporcionados del artículo 149.

Según el artículo 124, el pliego de prescripciones técnicas particulares de cada contrato es el que rige la realización de la prestación y define sus calidades y sus condiciones sociales y ambientales. El de cláusulas administrativas particulares recoge otra cosa: los pactos y condiciones que definen los derechos y obligaciones de las partes. Los pliegos generales, administrativos o técnicos, son marcos comunes a muchos contratos, no el documento que define las calidades de un suministro concreto.

El artículo 123 permite al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro correspondiente, establecer pliegos de prescripciones técnicas generales para la Administración General del Estado y el resto del sector público estatal que es Administración, y el único trámite previo que exige es el informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Para estos pliegos el artículo no pide dictamen del Consejo de Estado, y ni la Intervención General ni la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión intervienen en su aprobación, al revés que los de cláusulas administrativas generales (art. 121), que piden dictamen del Consejo de Estado y propuesta de Hacienda.

En la Administración General del Estado y en el resto del sector público estatal que es Administración, el artículo 122.7 exige el informe previo del Servicio Jurídico para aprobar los pliegos y los modelos, pero lo dispensa cuando el pliego se ajusta a un modelo que ya lo tuvo: el informe del modelo cubre los pliegos que lo siguen, sin un informe parcial de lo que se añada. Tampoco entra la Junta Consultiva: el artículo 122.6 solo le pide informe cuando el pliego particular propone estipulaciones contrarias a los pliegos generales, y este se ajusta a su modelo.

El artículo 130 obliga a la empresa que venía prestando el servicio a facilitar, a requerimiento del órgano de contratación, la información sobre el personal que hay que subrogar, y a la Administración a trasladarla al nuevo empresario. Si luego los costes laborales resultan superiores a lo que se desprendía de esa información, el apartado 5 da al nuevo contratista acción directa contra el antiguo, que es quien la facilitó: no responde la Administración que se limitó a trasladarla, y el desfase no se corrige en el precio del contrato, ni por reequilibrio ni por revisión de precios.