El recurso especial en materia de contratación

El art. 56.2 da a la entidad, órgano o servicio que tramitó el expediente dos días hábiles para remitirlo con su informe, y el mismo plazo tiene el órgano de contratación cuando el recurso se presentó ante él. Cinco, tres o diez días hábiles son plazos de otros trámites del recurso.

El art. 46.4 permite a los municipios de gran población y a las diputaciones provinciales crear un órgano especializado y funcionalmente independiente para resolver los recursos, y atribuye al Pleno acordar su creación y nombrar y remover a sus miembros. No es una competencia de la Junta de Gobierno Local ni del Alcalde.

Contra la adjudicación, el plazo corre desde el día siguiente a su notificación a los candidatos o licitadores admitidos (art. 50.1.d). La publicación en el perfil no es el punto de partida contra la adjudicación; la propuesta de la mesa no es el acto recurrido, y esperar a la formalización llega tarde.

El art. 48 legitima a cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, directa o indirectamente, por la decisión recurrida. No exige haber licitado ni haber sido admitido, pero tampoco reconoce una acción pública: hace falta un interés afectado. Además, legitima a las organizaciones sindicales y a la organización empresarial sectorial representativa en los casos que el mismo artículo dice.

El art. 50.1 fija quince días hábiles. En esta ley los plazos por días son naturales salvo que digan lo contrario (DA 12.ª), y este lo dice: por eso «quince días naturales» es la trampa. El mes es el plazo del recurso de reposición contra un acto expreso en la Ley 39/2015.

El art. 44.2.d abre el recurso especial solo contra las modificaciones que se impugnan por saltarse lo que establecen los arts. 204 y 205: lo que se tramitó como modificación tendría que haberse adjudicado de nuevo. Las discrepancias del contratista sobre el equilibrio del contrato o un defecto en la tramitación de la modificación no entran por esa letra, y estar prevista en el pliego no es lo que la hace recurrible.

La suspensión del procedimiento es una de las medidas cautelares que el art. 49.1 permite pedir antes de interponer el recurso especial, y se pide al órgano competente para resolver el recurso, no al órgano de contratación ni a la mesa, que son los autores de lo que se quiere frenar. Y el juzgado no es quien decide las cautelares del recurso especial.

El art. 51.1 pide que el escrito diga el acto recurrido, el motivo que lo fundamenta, los medios de prueba de que se quiere valer el recurrente y, en su caso, las medidas cautelares que solicite; y que lo acompañen, entre otros documentos, la acreditación de la representación y una dirección de correo electrónico habilitada para las notificaciones. La prueba se propone ya en el escrito, no después, y la ley no exige la firma de abogado y procurador ni una oferta alternativa.

Al recibir del tribunal la reclamación del expediente, el órgano que resolvió el recurso especial emplaza ante la Sala a dos: al órgano de contratación autor del acto que se recurrió y a los demás comparecidos en el procedimiento del recurso (art. 60.1), en la forma del art. 49 de la Ley 29/1998. No deja fuera a ninguno de los dos, y no emplaza a quien no compareció.

Que el contrato admita recurso especial no hace recurribles todos sus actos: solo los del art. 44.2. Los defectos de tramitación de los demás se ponen de manifiesto al órgano que instruye el expediente o al órgano de contratación para que los corrija, y además pueden alegarse al recurrir la adjudicación (art. 44.3). Por eso el defecto no se pierde por no impugnarlo en el momento.

El art. 44.2 enumera, en una lista cerrada, lo que se impugna con el recurso especial: los anuncios, los pliegos y demás documentos contractuales; los actos de trámite cualificados; la adjudicación; ciertas modificaciones (art. 44.2.d); la formalización de encargos a medios propios que no cumplen los requisitos legales, y los acuerdos de rescate de concesiones. Una penalidad por demora no está en la lista: es un acto de la ejecución del contrato.

Con carácter general, quien presentó oferta o solicitud de participación antes de recurrir los pliegos ya no puede recurrirlos: el art. 50.1.b dice que no se admitirá el recurso, salvo los supuestos de nulidad de pleno derecho, y el caso los descarta. Estar en plazo no basta. Y los pliegos sí se recurren por sí mismos, sin esperar a la adjudicación (art. 44.2.a).

El escrito de interposición admite muchos lugares: los del art. 16.4 de la Ley 39/2015, el registro del órgano de contratación y el del órgano que resuelve (art. 51.3). La subsanación no: el art. 51.2 exige presentarla, necesariamente, en el registro del órgano competente para resolver el recurso. Las opciones que dan a elegir trasladan a la subsanación la regla del escrito inicial.

El art. 58.1 deja fijar la cuantía con los criterios de la responsabilidad patrimonial de la Ley 40/2015, pero pone un suelo: resarcir, cuando menos, los gastos de preparar la oferta o de participar en el procedimiento. El beneficio esperado del contrato no es ese mínimo, el 3 % del presupuesto base es la penalidad por no formalizar (art. 153.4) y las costas de un pleito posterior no son materia de esta indemnización.

Un acto de trámite solo se recurre en vía especial si decide directa o indirectamente sobre la adjudicación, impide continuar el procedimiento o causa indefensión o perjuicio irreparable (art. 44.2.b). La ley da por cumplidas esas condiciones, en todo caso, en la admisión o inadmisión de candidatos y licitadores y en la admisión o exclusión de ofertas, también la exclusión por anormalmente baja. Pedir aclaraciones o un informe técnico, o convocar la apertura de sobres, no están en esa presunción.

En el sector público estatal los recursos especiales los resuelve el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un órgano especializado con plena independencia funcional (art. 45.1). Los otros tres son órganos estatales que también tocan la contratación, pero no resuelven recursos: la Junta Consultiva es el órgano consultivo (art. 328), la Oficina Independiente supervisa la contratación (art. 332) y la Intervención General ejerce el control interno.

Cuando el recurso se funda en las causas de nulidad de las letras c a f del art. 39.2, el art. 50.2 desplaza el plazo general: treinta días desde la publicación de la formalización con sus razones o desde la notificación a los afectados, y si no ha habido ni una ni otra, seis meses desde la formalización. Los treinta días son la trampa: no corren si falta lo que los pone en marcha.

El órgano que resuelve decide, en los primeros días de la tramitación, si mantiene o no la suspensión automática, pero el art. 56.3 la da por vigente mientras no se dicte una resolución expresa que la levante. Su silencio no la levanta, y tampoco la remisión del expediente o el fin de las alegaciones. Al resolver el recurso, si sigue en pie, la resolución tiene que levantarla (art. 57.3).

El art. 44.7 le da dos rasgos: es potestativo, porque nadie está obligado a interponerlo antes de acudir a los tribunales, y es gratuito para quien recurre, sin tasa alguna. Las otras tres opciones cambian uno de los dos rasgos o los dos.

El art. 44.4 excluye del recurso especial los procedimientos que se siguen por el trámite de emergencia. La tramitación urgente es otra cosa: acorta plazos, pero no cierra el recurso. Los contratos basados en un acuerdo marco están entre los recurribles (art. 44.1.b), y el negociado sin publicidad también: el art. 50.1 regula cómo se cuenta el plazo del recurso en ese procedimiento.