Los contratos sujetos a regulación armonizada

El art. 20.1 reúne en un mismo umbral las obras, la concesión de obras y la concesión de servicios. El tentador es el de los servicios, por el nombre: pero la concesión de servicios no es un contrato de servicios, y los umbrales de estos están en el art. 22, como los del suministro en el art. 21.

El art. 19.2 saca de la regulación armonizada, sea cual sea su importe, una lista cerrada de contratos: entre ellos, ciertos servicios jurídicos, como la representación y defensa legal por un abogado o un procurador en un procedimiento judicial (letra e). El mantenimiento y la limpieza son servicios corrientes que no figuran en esa lista: con el importe suficiente, están sujetos, los contrate un ayuntamiento, una consejería o un ministerio.

En los servicios el umbral depende de quién contrata: la letra a) del art. 22.1 da uno a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y la letra b), otro más alto a las demás entidades del sector público, entre ellas el ayuntamiento. Así que el ministerio llega antes a la regulación armonizada. Pasa lo mismo en el suministro (art. 21.1); en las obras, en cambio, el umbral es uno para todos. Y el del ayuntamiento lo fija la propia ley, no su comunidad.

Una diputación no es Administración General del Estado, ni organismo autónomo, ni entidad gestora o servicio común de la Seguridad Social, así que su servicio va a la letra b) del art. 22.1: hoy, 216.000 euros. Los 60.000 euros son el límite de la tramitación abreviada del procedimiento abierto simplificado en los servicios (art. 159.6), no un umbral armonizado; por encima de 100.000 euros lo que cabe en un servicio es el recurso especial (art. 44.1.a), y 750.000 euros no es la cuantía que corresponde a un servicio de limpieza. Estas cuantías no son fijas: la Comisión Europea las revisa cada dos años, como prevén las directivas de contratación, y las que fija sustituyen a las de la ley (disposición adicional undécima).

Para que un contrato subvencionado se sujete a regulación armonizada, la subvención tiene que ser directa y de más del 50 % de su importe (art. 23.1), y aquí es del 40 %. Que sea un edificio escolar y supere el umbral de las obras no basta sin esa condición, ni basta que pague una Administración. Y ser privada no saca a la fundación: las normas de los contratos subvencionados se aplican precisamente a los que celebran los particulares (art. 23.2).

Con lotes se mira el conjunto: lo que se compara con el umbral es el valor acumulado de todos ellos, y si con ese valor el contrato queda sujeto, las normas armonizadas se aplican a la adjudicación de cada lote, aunque ninguno llegue por sí solo (art. 21.2; lo mismo dicen el 20.2 para las obras y el 22.2 para los servicios). No se mira cada lote por separado ni solo el mayor, y lo que gane cada empresa no cuenta para esto.

El art. 20.1 fija hoy el umbral de las obras en 5.404.000 euros. Las otras cifras son de la ley, pero deciden otras cosas en las obras: desde 500.000 euros se exige clasificación al contratista (art. 77.1.a), hasta 2.000.000 cabe el procedimiento abierto simplificado (art. 159.1.a) y por encima de 3.000.000 cabe el recurso especial (art. 44.1.a). Estas cuantías no son fijas: la Comisión Europea las revisa cada dos años, como prevén las directivas de contratación, y las que fija sustituyen a las de la ley (disposición adicional undécima).

Los servicios sociales y los demás servicios específicos del anexo IV tienen un umbral propio, de 750.000 euros, en la letra c) del art. 22.1. Las otras cifras son de la ley pero deciden otras cosas: por encima de 100.000 euros cabe el recurso especial en los servicios (art. 44.1.a), desde 500.000 euros se exige clasificación en las obras (art. 77.1.a) y el millón es el de los lotes de obras que se pueden exceptuar (art. 20.2). A diferencia de los umbrales de las letras a) y b), el de 750.000 euros no lo ha tocado ninguna orden de actualización de umbrales.