Los contratos reservados, el cómputo de los plazos y los medios electrónicos

La disposición adicional duodécima invierte la regla de la Ley 39/2015: en la LCSP un plazo señalado por días se cuenta en días naturales, y solo se cuentan los hábiles cuando la propia ley lo indica expresamente. El distractor tentador es el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, que, si una ley no dispone otra cosa, excluye sábados, domingos y festivos; la LCSP sí dispone otra cosa, y la Ley 39/2015 solo se le aplica de forma subsidiaria. La ley no distingue por la duración del plazo ni por quién tiene que cumplirlo.

La disposición adicional decimoquinta quiere electrónica la presentación de ofertas, pero enumera casos en que el órgano de contratación no está obligado a exigirlo, y uno es que los pliegos requieran modelos físicos o a escala que no pueden transmitirse por medios electrónicos. El distractor tentador viene de la Ley 39/2015, cuyo artículo 14.1 deja a las personas físicas elegir cómo relacionarse con la Administración; la LCSP no recoge esa opción para presentar ofertas. Tampoco son excepciones la tramitación urgente ni que a un licitador concreto le falte la firma electrónica.

Entre las normas sobre el uso de medios electrónicos, la disposición adicional decimosexta permite exigir, como requisito para tramitar electrónicamente, la previa inscripción de los datos necesarios en el Registro de Licitadores que corresponda. No pueden obligar a comprar una licencia: los programas para presentar ofertas han de ser de amplio uso, fácil acceso y no discriminatorios, o ponerlos a disposición el órgano de contratación. La única copia que contempla la ley es una copia de seguridad en soporte físico electrónico, que el licitador puede presentar, y la ley no exige un domicilio en España para tramitar por medios electrónicos; a los empresarios de otros Estados de la Unión les permite acreditar su capacidad por las listas oficiales de su Estado.

La disposición adicional decimoquinta quiere electrónicas las notificaciones y comunicaciones del procedimiento, pero admite la comunicación oral para lo que no toca a los elementos esenciales —los pliegos, las solicitudes de participación y las ofertas—, siempre que su contenido esté suficientemente documentado; si puede incidir sustancialmente en el contenido y la evaluación de las ofertas, con archivos o resúmenes escritos o sonoros. No pide el consentimiento del licitador, ni la autorización de la mesa, ni que se hable con todos a la vez.

La disposición adicional cuarta exige que ese porcentaje sea el que prevé la normativa de referencia de cada uno —la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social o la Ley 44/2007, de empresas de inserción— y, en todo caso, al menos del treinta por ciento. Las dos condiciones se suman: cumplir su normativa y no bajar nunca del treinta por ciento. El error frecuente es confundir este porcentaje de plantilla con el porcentaje de contratos que se reserva, que es otra cifra y se fija aparte.

La disposición adicional decimoquinta cuenta los plazos desde la fecha de envío de la notificación, o del aviso si se notifica por comparecencia electrónica, siempre que el acto se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante. Aquí se publicó dos días después, así que rige el «en caso contrario»: los plazos corren desde que el interesado recibe la notificación. La fecha de publicación en el perfil no es por sí sola un punto de partida, y los diez días son los del rechazo de la notificación electrónica a la que no se accede, que el artículo 43.2 de la Ley 39/2015 cuenta como diez días naturales desde la puesta a disposición; no viene al caso porque el licitador accedió.

La disposición adicional decimosexta permite enviar la oferta en dos fases: primero la huella electrónica, con cuya recepción la oferta se entiende presentada, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. Si esa segunda remisión no llega en plazo, se considera que la oferta ha sido retirada, y treinta horas lo superan. La huella fija el momento de la presentación, pero no salva la oferta que no llega. Los tres días son los del artículo 141.2 para corregir defectos subsanables de la documentación, y la ley no atiende aquí a quién causa el retraso.

La disposición adicional cuarta distingue dos reservas. A los centros especiales de empleo de iniciativa social y a las empresas de inserción se les reserva el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o lotes; en el marco de los programas de empleo protegido, lo que se reserva es un porcentaje mínimo de la ejecución de los contratos. El distractor tentador es, por tanto, la reserva de los otros dos beneficiarios. Ni la adjudicación directa ni el desempate forman parte de esta disposición: el desempate entre ofertas tiene sus propios criterios en el artículo 147.

La disposición adicional decimoquinta enumera los contratos de obras, de concesión de obras y de servicios, los concursos de proyectos y los mixtos que combinen esos elementos. El BIM suena a obra, pero la enumeración no se queda ahí: alcanza también al concurso de proyectos. No incluye el suministro —tampoco el de fabricación ni el arrendamiento de equipos, que son suministros— ni la concesión de servicios, que es un contrato distinto del de servicios. Fuera de esa enumeración, el apartado 7 permite exigir, cuando sea necesario, herramientas que no estén disponibles de forma general, siempre que se ofrezcan medios de acceso alternativos.