La suspensión y la extinción de los contratos

El art. 208.2.b) solo indemniza los períodos de suspensión documentados en el acta, y por eso deja al contratista pedir que se extienda. Si la Administración no responde, se entiende, salvo prueba en contrario, que la suspensión empezó en la fecha que el contratista señaló en su solicitud, no en la fecha en que la presentó. La ley no espera a que se extienda el acta ni fija un plazo de respuesta desde cuyo vencimiento contar.

El art. 210.2 exige siempre a la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto, o en el plazo que fije el pliego por razón de sus características. Aquí el pliego calla, así que rige el mes. Los tres meses son el plazo para aprobar la certificación final de las obras, que se cuenta desde la recepción (art. 243.1). Se sitúa en un ministerio porque ese mes es un máximo para las comunidades autónomas y los entes locales, que pueden fijar uno menor (disposición final primera, apartado 3).

Además del incumplimiento de la obligación principal, el art. 211.1.f) hace causa de resolución el de las demás obligaciones esenciales si los pliegos las califican así y se cumplen dos requisitos: que respeten los límites de la libertad de pactos del art. 34.1 y que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca, sin que se admitan cláusulas de tipo general. Declarar esenciales «todas» las obligaciones es justamente una cláusula general. La ley no pide que el contratista las acepte aparte, ni una penalidad para cada una, ni que se repitan en el anuncio.

La muerte o la incapacidad sobrevenida del contratista individual es causa de resolución (art. 211.1.a), pero el art. 212.3 deja a la Administración acordar que el contrato continúe con sus herederos o sucesores. Es una facultad suya: el contrato no pasa a ellos por sí solo, tampoco queda resuelto sin remedio, y la ley no lo suspende a la espera de la herencia.

El art. 210.1 pide dos cosas: que el contratista haya realizado la totalidad de la prestación de acuerdo con los términos del contrato, y que lo haya hecho a satisfacción de la Administración. Entregar en plazo no basta si la prestación no satisface; el pago es una obligación de la Administración, que viene después; y una penalidad impuesta durante la ejecución no impide que el contrato llegue a cumplirse. El cumplimiento es, con la resolución, una de las dos formas de extinción de los contratos (art. 209).

Como regla, el art. 210.3 manda fijar en los contratos un plazo de garantía, que se cuenta desde la recepción o conformidad. Solo se exceptúan los contratos que por su naturaleza o características no lo necesiten, y la excepción pide dos cosas: justificarlo debidamente en el expediente de contratación y consignarlo expresamente en el pliego. No basta con recogerlo al formalizar el contrato, y la ley no pide para ello un informe de la Intervención.

El plazo de garantía se cuenta desde la recepción o conformidad, y el art. 210.3 dispone que, transcurrido sin objeciones de la Administración, queda extinguida la responsabilidad del contratista, salvo que la propia ley u otras normas fijen otro plazo; para el suministro lo repite el art. 305.4. La liquidación tampoco espera a que acabe la garantía (art. 210.4), el precio se abona a partir de la conformidad (art. 198.4), y la recepción, que ya se hizo, no tiene en la ley una segunda fase «definitiva».

El art. 212.8 da ocho meses como máximo para instruir y resolver los expedientes de resolución contractual. Tres meses es el plazo que la Ley 39/2015 aplica cuando las normas del procedimiento no fijan el plazo máximo (art. 21.3), y aquí la LCSP sí lo fija. Se sitúa en un ministerio porque la STC 68/2021 declaró que este apartado no es conforme con el orden constitucional de competencias: rige para el Estado.

El art. 213.2 liga el incumplimiento de la Administración, con carácter general, al pago de los daños y perjuicios que por esa causa sufra el contratista. No lleva por sí solo a la resolución: el art. 212.7 dice que solo la origina en los casos previstos en la ley, como la demora en el pago de más de seis meses (art. 198.6). Tampoco revisa el precio ni reduce la garantía.

El art. 212.1 atribuye la resolución al órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, pero para el impago de salarios de la letra i) hace una salvedad: con carácter general, solo se acuerda a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista. No la insta la Inspección de Trabajo, ni cada trabajador por su cuenta, ni los sindicatos del sector; y la ley solo deja al órgano acordarla de oficio en un supuesto tasado.

El art. 211.1.d) añade a la demora en los plazos una regla fija: es causa de resolución en todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos, en cualquier actividad, superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. Aquí son tres años más uno de prórroga, 48 meses, y su tercio es 16 meses. Los doce meses son la trampa: el tercio de los tres años sin contar la prórroga.

El art. 213.3 combina las dos cosas sin duplicarlas: al contratista culpable se le incauta la garantía, y además indemniza los daños y perjuicios en lo que excedan del importe incautado. La garantía no agota su responsabilidad; no se le devuelve, porque la devolución anticipada se reserva a la resolución sin culpa del contratista (art. 111.1); y la Administración no cobra dos veces la parte del daño que ya cubre la garantía.

El art. 213.6 permite, al incoar la resolución por las causas de las letras b), d), f) y g) del art. 211.1, iniciar a la vez el procedimiento para adjudicar el nuevo contrato, y los dos se tramitan por urgencia. Pero la adjudicación del nuevo queda condicionada a que termine el expediente de resolución. No hay que esperar a que acabe ese expediente para empezar, ni a liquidar el contrato que se resuelve; tampoco puede adjudicarse antes de que termine.

Salvo en obras, el art. 210.4 da treinta días desde la fecha del acta de recepción o conformidad para acordar y notificar al contratista la liquidación y abonarle el saldo. Pero si la factura llega después de la recepción, como aquí, esos treinta días se cuentan desde su correcta presentación en el registro. La ley no espera a que la Administración apruebe la factura ni a que venza el plazo de garantía. Se sitúa en un ministerio porque la DF 1.ª.3 declara máximos «los plazos de un mes» de los apartados 2 y 4 del art. 210, que en el 210.4 están escritos como treinta días.

El art. 211.2 resuelve el concurso de causas con un criterio temporal: cuando concurren varias con efectos distintos en las consecuencias económicas de la extinción, se atiende a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. No decide la culpa del contratista, ni la elección del órgano de contratación, ni una ponderación del interés público.