La gestión de los créditos según la Instrucción de operatoria contable

La regla 11.4 deja a la oficina de contabilidad de la Delegación lo que hace falta para gastar: las retenciones de crédito para gastar y cualquier operación de ejecución del gasto del capítulo II. Lo que toca al crédito mismo se queda en el departamento: según la regla 11.5, su oficina contable sigue llevando el registro de las modificaciones presupuestarias, los desgloses, las retenciones para transferencia y los acuerdos de no disponibilidad. Las tres retenciones se parecen; solo la que sirve para gastar viaja con la delegación.

La regla 18.1 devuelve la anulación a quien pidió la retención: ese órgano expide el RC negativo y lo remite a la oficina de contabilidad. Puede ser el servicio gestor, si retuvo para gastar, o la oficina presupuestaria o la Dirección General de Presupuestos, si retuvieron para una transferencia o una baja (reglas 14 a 15); por eso la oficina presupuestaria no es la respuesta en general. La oficina de contabilidad registra la anulación y, hecho el registro, el sistema emite una certificación para el órgano solicitante (regla 18.4), pero no la insta.

La regla 6 exige retener el importe antes de tramitar el expediente de transferencia, y su punto 3 ata a esa retención el MC de signo negativo: en él se consigna el número de registro contable de la retención efectuada con anterioridad. Así la baja se apoya en un saldo que ya estaba apartado para ella. La regla no referencia el MC negativo al positivo, que nace a la vez, ni al número del acuerdo o del expediente.

La regla 18.2, en la redacción de 2017, pide aportar con el RC negativo, junto a la renuncia o el desistimiento, si existen, o una memoria justificativa, el certificado de existencia de crédito que se expidió con la retención que se quiere anular, en papel o en formato electrónico. La regla no pide informe de la Intervención Delegada ni conformidad de la oficina presupuestaria, ni menciona ningún documento de autorización del gasto.

La regla 10.1 define el desglose como una forma de ejecutar los créditos con más desagregación que la del presupuesto aprobado, en cualquiera de las clasificaciones orgánica, funcional o económica, «sin perjuicio del nivel de vinculación jurídica» de esos créditos. Es una herramienta de gestión y de seguimiento, no de límites: el crédito sigue vinculando donde vinculaba. La comunicación a la oficina presupuestaria es un deber de información (regla 10.2), no le da ninguna decisión sobre la vinculación.

La regla 19 bis, añadida en 2014, aplica este régimen de remisión y registro inmediatos, con retenciones cautelares si el servicio gestor no cumple, a tres operaciones: los procedimientos de expropiación forzosa, las revisiones de precios y las operaciones del 1 por 100 de las aportaciones estatales para el Patrimonio Histórico Español. Las sentencias, los intereses de demora y las subvenciones nominativas no figuran en la regla.

La regla 7 lleva la adscripción a documentos MC de transferencias de crédito: del concepto en el que está autorizada la dotación global al concepto, nuevo o ya existente, del departamento al que se adscribe. El crédito cambia de concepto y de departamento, y eso es una modificación de crédito, no un desglose. Una retención aparta saldo sin cambiarle el destino, y la generación necesita un ingreso que la justifique.

La regla 10.3 crea la «reasignación de créditos» para modificar los créditos desglosados, de dos maneras: reponer todo o parte del crédito a la aplicación de origen del desglose, o moverlo entre aplicaciones desglosadas del mismo nivel. La hace el propio servicio gestor, que expide el documento de «Reasignación», lo remite a la oficina de contabilidad y comunica la operación a la oficina presupuestaria. La transferencia de crédito es una modificación presupuestaria con su propio cauce (regla 6), y un nuevo desglose añadiría detalle, no devolvería crédito.

La regla 4.3 hace del presupuesto aprobado el del ejercicio entero: produce efectos desde el 1 de enero, sus créditos son los créditos iniciales y a ellos se imputan los gastos hechos con cargo al prorrogado. No hay dos presupuestos que liquidar ni hace falta una modificación de crédito. Si esos gastos superan los créditos aprobados, el exceso no se anula: el departamento propone imputarlo a otros créditos, como sigue diciendo la misma regla.

La regla 16.2 separa dos cosas que suelen confundirse: la no disponibilidad no anula el crédito, que sigue en el presupuesto, pero mientras dure no pueden acordarse autorizaciones de gasto con cargo al saldo no disponible. No hay órgano que pueda autorizar gastos sobre ese saldo, ni siquiera el Gobierno. Y como el crédito no se anula, tampoco hay que reponerlo ni su importe se traslada a otra sección.

La regla 19 bis.3 reparte los papeles: la oficina de contabilidad estima el importe y propone las retenciones cautelares, y la Intervención General de la Administración del Estado adopta el acuerdo, previa audiencia a la Subsecretaría del ministerio del servicio gestor. La oficina registra después de oficio los documentos RC, pero con base en ese acuerdo, no por su cuenta: es la opción tentadora. La Subsecretaría es oída, no decide, y la Dirección General de Presupuestos no interviene.

La regla 14.2 cambia quién registra, no lo que se registra: con esa autorización, el servicio gestor no remite los RC a la oficina de contabilidad y los registra él mismo en el sistema. El documento RC se sigue expidiendo, y el certificado tampoco desaparece: el servicio gestor lo obtiene del Sistema de Información Contable y lo incorpora al expediente de gasto. La oficina de contabilidad no los registra, ni con comprobación ni sin ella.

La regla 19.1 trata el RC de ejercicios posteriores como una retención sobre los límites, no sobre el crédito: al registrarse, minora los límites para gastos de ejercicios posteriores de las aplicaciones afectadas por los importes de cada ejercicio, y esas cuantías quedan reservadas desde ese momento para el expediente. No espera al compromiso, que es la opción tentadora. No toca el crédito de la anualidad en curso, que se retiene con su propio RC, ni vincula a nadie frente a terceros.

La regla 1 fija el ámbito en una sola frase: las normas de la Instrucción se aplican a la Administración General del Estado. Por eso toda ella habla de departamentos ministeriales, de sus servicios gestores y de sus oficinas de contabilidad. La orden que la aprueba solo la extiende a los organismos autónomos con carácter supletorio y sin las normas sobre la expedición de documentos contables (disposición adicional primera); a las entidades gestoras de la Seguridad Social, a las entidades con presupuesto limitativo en general y al resto del sector público estatal no los nombra.