Las comisiones de servicio con derecho a indemnización

La autorización para residir en otro municipio no altera el concepto de residencia oficial, dice el artículo 3.1, y por eso el desplazamiento habitual desde donde se está autorizado a residir hasta el centro de trabajo no es en ningún caso comisión de servicio, aunque los municipios sean distintos. Que la autorización conste en la orden sirve para fijar el inicio y el final de una comisión de verdad, no para convertir el trayecto diario en una.

El artículo 3.1 define la residencia oficial como el término municipal de la oficina o dependencia en que se desarrollan las actividades del puesto de trabajo habitual. Cuenta el municipio, no la provincia; cuenta dónde se trabaja, no dónde se vive ni dónde está la sede central. Solo cambia si se ha autorizado expresamente residir en otro municipio y así consta en la orden de la comisión.

Para los cursos en general, el artículo 7.1 deja que la orden de designación decida si se indemnizan como comisión o como residencia eventual. Pero el artículo 7.2 saca de esa regla los cursos selectivos de ingreso por promoción interna: tienen siempre la consideración de residencia eventual, con los límites y condiciones del artículo 6. El distractor tentador es justo la regla general del 7.1.

El artículo 1.1 enumera cuatro supuestos: las comisiones de servicio con derecho a indemnización, los desplazamientos dentro del término municipal por razón de servicio, los traslados de residencia y las asistencias. El cambio de puesto sin cambiar de residencia no es un traslado de residencia, y la prolongación de jornada y el trayecto diario al trabajo no figuran en la lista.

El artículo 1.2 no deja margen: toda concesión que no se ajuste a sus preceptos, en la cuantía o en los requisitos, se considera nula y no puede surtir efectos en las cajas pagadoras, pagadurías, habilitaciones u órganos análogos. No es un vicio que se convalide ni un exceso que se pague y luego se recupere: el pago, sencillamente, no puede hacerse.

El artículo 2.3 remite a los Expertos Nacionales en la Comisión a la Decisión de la propia Comisión, y declara que no se les aplica lo que el Real Decreto regula sobre indemnizaciones. Los otros tres colectivos están expresamente dentro: el artículo 2.1 nombra al personal civil y militar de la Administración General del Estado, al de la Seguridad Social y al de la UNED.

El artículo 5.2 no fija un plazo de prórroga: el Jefe correspondiente puede proponer razonadamente a la autoridad competente prorrogar la comisión por el tiempo estrictamente indispensable. No se repite el plazo inicial ni hay un tope en días, y no la pide el comisionado. Si con la prórroga se supera el límite del artículo 5.1, entra en juego la residencia eventual.

Quien forma parte de una delegación oficial presidida por uno de los altos cargos del artículo 8.1, entre ellos los miembros del Gobierno, no percibe ningún tipo de indemnización: se le resarce por la cuantía exacta de los gastos, con su justificación documental visada. Cobrar las dietas del grupo del que preside es lo que el artículo 8.3 da a quien va en una delegación presidida por un Director general; y elegir régimen es una opción del propio alto cargo, no de quien le acompaña.

Según el artículo 4.2, cuando la comisión se hace para un órgano ajeno al ámbito en que se designa, es el titular de ese órgano quien formula la propuesta de designación, y a él le corresponden también el abono de los anticipos, el abono posterior y la justificación de las indemnizaciones. La designación sigue siendo de la autoridad del artículo 4.1; lo que se desplaza es la propuesta y la gestión, hacia quien se beneficia del servicio.

El artículo 7.1 parte de que quien vuelve a pernoctar en su residencia oficial no devenga indemnización, pero hace una excepción: si por el horario del curso tiene que almorzar en la localidad donde se imparte, percibe el 50 por 100 de los gastos de manutención y los gastos de viaje que le correspondan. El distractor «nada» se queda con la regla y olvida la excepción del almuerzo.

El artículo 2.2 cierra su ámbito personal con el personal no vinculado jurídicamente con la Administración cuando le preste servicios que puedan dar origen a las indemnizaciones que regula: es el caso, por ejemplo, de quien colabora con ella sin ser empleado. No exige un contrato ni limita lo que puede percibir a los gastos de viaje. Lo tentador es pensar que sin relación de servicio no hay indemnización.

El artículo 3.3 excluye de la indemnización las comisiones a iniciativa propia, con una sola salvedad: que deriven de decisiones obligadas por la propia función de alto cargo. Una autorización posterior no las convierte en indemnizables, y la duración o la pernocta no cambian nada, porque lo que falta es que la comisión se haya ordenado.

El artículo 6.1 trata distinto los dos casos: si el exceso se prevé desde el principio, la residencia eventual corre desde el comienzo de la comisión inicial; si lo produce una prórroga, desde el comienzo de esa prórroga («respectivamente»). Lo ya desempeñado antes de prorrogar sigue siendo comisión ordinaria, y tampoco se espera al día en que se rebasa el límite.

El artículo 2.2 incluye en su ámbito al personal permanente, interino, temporal o en prácticas, pero exceptúa expresamente al de carácter laboral, al que se aplica, en su caso, su convenio colectivo o su normativa específica. Por eso no basta con prestar servicios en la Administración General del Estado: el vínculo laboral saca a ese personal del Real Decreto, sea cual sea la duración del contrato o el lugar de la comisión.

El artículo 8.3 da las indemnizaciones del grupo de quien preside a quien forma parte de una delegación oficial presidida por un Director general o por el titular de los máximos órganos de dirección de un organismo público con rango equivalente. No basta que quien preside sea del grupo primero, y la norma no lo limita a las comisiones en el extranjero.

El artículo 7.3 separa esos días del curso: los anteriores y posteriores estrictamente indispensables para la ida y el regreso se indemnizan, si procede, según lo dispuesto con carácter general para las comisiones de servicio, aunque el curso se indemnice como residencia eventual. No se pierden por quedar fuera del curso ni se reducen a los gastos de viaje.

El artículo 9 define las dos con las mismas palabras: una cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial. Lo que las separa en la definición es el supuesto: la dieta, en las comisiones del artículo 5; la residencia eventual, en las de los artículos 6 y 7. Fuera de la definición, también cambian la cuantía y su prueba: la residencia eventual se fija hasta el 80 % de la dieta entera y sin justificación documental (artículo 16.1). Los gastos de viaje son una tercera clase de indemnización, aparte de las dos.

El artículo 3.2 distingue dos casos. Si el otro organismo retribuye o indemniza el servicio por un importe igual o superior al que daría el Real Decreto, no hay comisión con derecho a indemnización. Si paga menos, como aquí, la comisión se resarce por la diferencia. Ni se acumulan las dos ni se pierde todo: se completa hasta la cuantía del Real Decreto.

El artículo 9.1 define la dieta como la cantidad diaria para los gastos de estancia fuera de la residencia oficial, y añade que, si la comisión la desempeña personal de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado formando unidad, ese devengo se llama «plus». La asistencia es otro supuesto de indemnización (artículo 1.1.d), y la gratificación es una retribución, no una indemnización.